Relaciones institucionales

 

En los países anglosajones el lobby está perfectamente regulado y forma parte del sistema político, siendo una pieza más del engranaje.

En EEUU, por ejemplo, siempre se ha considerado que la sociedad civil tiene derecho a comunicarse con sus políticos, de manera reglada, para que esos políticos puedan tomar decisiones informados y conociendo todos los puntos de vista. Así a nadie asustan los lobbies que defienden el negocio de las armas o muchos otros de todo tipo y condición.

En España está tipificado como delito el tráfico de influencias y la Ley establece cautelas para que las empresas no influyan en las decisiones de los políticos. Pero no existe una regulación para que esas mismas empresas puedan, sin tener que ocultarse o avergonzarse, contar con un cauce institucionalizado para poder comunicarse con los que tienen la obligación de gobernar o legislar y que, claro está, influirán en su futuro y en sus resultados económicos.

Hoy lunes se presenta en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, el estudio “Las relaciones institucionales: comunicación entre políticos y empresas”, elaborado por Estudio de Comunicación en colaboración con ABC. En este trabajo, para el que realizamos más de 120 entrevistas a políticos españoles representantes de todas las Administraciones públicas, se ve claramente que los políticos quieren y necesitan que las empresas se comuniquen con ellos, porque necesitan conocer su punto de vista, al igual que necesitan conocer el de muchos otros colectivos, para legislar justamente. Pero reconocen que los cauces oficiales o protocolarios no funcionan bien.

La comunicación entre empresas y políticos existe, y no es nada malo y es necesaria. No sólo para las grandes empresas, sino también para las pequeñas o medianas que forman el tejido económico de un país y que necesitan comunicarse con su ayuntamiento, su comunidad u otros organismos.

Conociendo la opinión de los políticos, las empresas podrán gestionar mejor su comunicación institucional. Ese es el objetivo del estudio que hoy presenta en Madrid el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo.

Por E.C. 

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