Como profesional de la comunicación con la responsabilidad de asesorar a empresas y particulares, el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que el ministerio de Justicia va a remitir al Consejo de Ministros, me genera grandes expectativas ya que, si sale adelante con su actual formulación, incidirá positivamente sobre la “pena de telediario”… suponiendo que fiscales y jueces ejerzan de una manera aséptica y al margen de intereses o presiones políticas.
El legislador en su anteproyecto toma en consideración una realidad incontestable: la transmisión indiscriminada del contenido de un procedimiento a la opinión pública anula en la práctica el derecho a la presunción de inocencia. Por eso, prevé una nueva regulación de la publicidad de las actuaciones de modo que los órganos gubernamentales y policiales no estarán autorizados a transmitir a los medios de comunicación datos de un proceso en curso, algo para lo que solo estará potestada la fiscalía.
Junto a ese planteamiento fundamental, hay otras cuestiones también importantes. La más relevante, que los partidos políticos y los sindicatos no estarán facultados para ejercer la acusación particular. En vista de la instrumentalización de la justicia que unos y otros hacen, precisamente para conseguir la pena de telediario contra sus adversarios, creo que esto es netamente positivo.
También la LeCrim introduce precisiones léxicas al atribuir adjetivos diferentes para distintas situaciones procesales de las personas: encausada (sometida al procedimiento en cualquiera de sus fases) investigada (cuando se la somete a investigación), acusada (cuando se ejerce la acción penal contra ella) y condenada. Esta precisión en el lenguaje es muy positiva pero no nos debemos olvidar de que los medios de comunicación siguen hablando de “imputados” pese a que hace años han pasado a denominarse técnicamente “investigados”.
El malestar corporativo de la profesión periodística a los aspectos comunicacionales de este anteproyecto no se ha hecho esperar. Tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas, como la Asociación de la Prensa de Madrid o Reporteros sin Fronteras han criticado la medida. A mí, por el contrario, viendo el asunto desde la perspectiva de haber tenido que defender con frecuencia y con muchísima dificultad la reputación de corporaciones y personas, me parece que la dirección apuntada por la LeCrim es buena, sería incluso perfecta si viviéramos en un mundo perfecto.
Desgraciadamente no es así. Hasta hoy, hemos visto como de manera interesada son muchas las ocasiones en las que se filtran informes policiales o se propicia una desmedida cobertura de una actuación inicial que, finalmente, no concluye en nada, salvo en el deterioro de la imagen del “investigado” cuya posterior exculpación no alcanza, la mayor parte de las veces, la más mínima cobertura informativa.
Si la nueva LeCrim entra en vigor con la formulación que tiene en el anteproyecto, tendremos que confiar en que los fiscales actuarán de forma totalmente independiente y que desde las fiscalías no se filtrará ningún documento ni se decidirá transmitir datos del procedimiento por razones espurias ¿Será siempre así? Podemos dejar una línea de puntos para que cada uno rellene la respuesta que le parezca más apropiada. Sin embargo, creo que un buen planteamiento de las cuestiones es siempre positivo y beneficioso a la larga, aunque por el camino nos tropecemos eventuales con malas praxis.
Alberto Mariñas. Socio. Estudio de Comunicación
@amarinas
