Recientemente la Cámara de Representantes de Australia ha aprobado una ley que obligará a que Facebook y Google paguen a las empresas editoras de noticias por publicar sus contenidos. Se trata del “ Código de Negociación de Medios de Noticias y Plataformas Digitales” que promueve que ambos actores lleguen a acuerdos económicos. Si no, entraría en escena un árbitro gubernamental para fijar el precio por este intercambio.
Se trata de una norma pionera en todo el mundo y, sin duda, muy interesante. Su objetivo declarado es “equilibrar la balanza”, ciertamente desequilibrada en los últimos tiempos en favor de las tecnológicas y proteger a los medios de comunicación como bien de servicio público. El gobierno australiano ha entendido que mantener un panorama mediático robusto debe ser una prioridad.
Como consultores de comunicación que trabajamos a diario con periodistas y que hemos podido observar las dificultades que los medios están experimentando en los últimos años con caídas bruscas de sus ingresos de la tarta publicitaria, esta normativa es esperanzadora. Los medios han sufrido casi en la misma proporción en que han ganado estas plataformas. La desaparición del periodismo es mala para el conocimiento de la realidad, para el debate plural y, por tanto, para la sociedad.
Antes de su aprobación, las multinacionales tecnológicas han presentado batalla (por otra parte, lógica). Alegan que esta norma parte de un planteamiento erróneo sobre cómo funciona internet. Sostienen que gracias a su poder de difusión, los medios pueden tener mayor alcance y que deberían ser estos los primeros interesados en proporcionarles sus contenidos. Sin duda, los medios se sirven de estas plataformas para difundir su contenido, pero, efectivamente, las plataformas también necesitan estos contenidos para aumentar su atractivo y como una fuente fundamental para la llegada a sus usuarios.
En esta batalla, Facebook, por ejemplo, impidió el acceso durante varios días a los contenidos de los medios australianos e internacionales y llegó a impedir el acceso a contenidos de servicio público. Pero finalmente, después de determinadas enmiendas a la ley, se han mostrado dispuestos a alcanzar acuerdos para que exista una remuneración económica y ya están en negociación con las principales compañías editoras de noticias australianas.
Los australianos, como en otros tantos asuntos de actualidad, están dando así una lección a todo el mundo. Se puede encontrar un equilibrio entre la libertad y la regulación que apoye al periodismo como pilar fundamental de una democracia. No es descartable que esta normativa se extienda a otros países como la Unión Europea, Canadá o Estados Unidos ya han mostrado interés.
Por Cecilia Díaz, Consultora Sénior
@ceciliadiazmart
