El secuestro de un libro

Las redes sociales han amanecido hoy (miércoles 21) en plena ebullición a causa de la noticia del secuestro del libro Fariña ordenado por una juez a petición de un exalcalde de O Grove (Pontevedra) por un supuesto delito de injurias y calumnias. Los usuarios de Twitter no paran de subir fotos en las que se ven las páginas más comprometedoras del libro, se quejan por esta decisión judicial y utilizan conceptos como “censura” y “dictadura”. Al mismo tiempo, los twitteros muestran pantallazos de Amazon, donde se puede comprar esta obra, pese a que probablemente tendrá que desaparecer de los estantes de las librerías y centros comerciales del país. Por otro lado, la jueza ha decidido no paralizar la grabación de una serie de televisión basada en este libro.

Fariña hace un retrato de la oscura (pero real) Galicia de los años 90, tan tristemente marcada por el narcotráfico -con la connivencia de ciertas autoridades- y las muertes causadas por el consumo de drogas, algo que es necesario conocer para que no volvamos a caer en el error. El autor del libro, Nacho Carretero, que también escribe reportajes en el diario El País, se basó en una sentencia de la Audiencia Nacional que finalmente fue revocada por el Supremo. No obstante, su editorial argumenta que el alto tribunal no cuestionó los hechos, sino que revocó la resolución del exjuez Baltasar Garzón por “defectos de forma”.

El siguiente paso lo debería dar el demandante, José Alfredo Bea Gondar, pagando una caución de 10.000 euros para que el libro sea retirado. El exalcalde ha pedido una rebaja de este importe. Mientras tanto, y como ya se podía prever, el número de ventas de este libro tanto en Amazon como en librerías convencionales se están disparando. Curiosamente, la editorial acaba de distribuir una nueva edición de Fariña.

El debate, que también ha llegado al parlamento gallego, no es nuevo para quienes trabajamos en el mundo de la comunicación. Esta es la eterna lucha de quienes abogan por la libertad de expresión frente a aquellos que defienden el derecho al honor, ambos recogidos en la Constitución Española. En un caso como este, con una sentencia que ha sido revocada, ¿quién tiene las de ganar? Muy probablemente el autor y la editorial se estarán frotando las manos tras el revuelo que se ha formado. ¿O deberíamos llamarlo “campaña de publicidad”?

Por Biel Huguet, consultor sénior de Estudio de Comunicación España.

@BHuguetAlbons

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