La regulación de la práctica del lobby es una vieja aspiración de los que nos dedicamos a las relaciones institucionales y la comunicación, que siempre van de la mano y que vemos ahora con buenos ojos, porque es un hito, que solo puede contribuir a aportar transparencia e imprimir normalidad y seguridad a las necesarias relaciones y diálogo entre los poderes públicos, la economía y la sociedad, que pueden y deben darse en una democracia sana y consolidada.

Otra ventaja de contar con esta regulación es la de equipararnos a Europa y permitirnos disponer de un Registro de Transparencia a imagen y semejanza del que ya existe en el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de la UE.

El término lobby, que en el mundo anglosajón es moneda de cambio habitual, ha estado acompañado en nuestro país siempre de un aura de cierto secretismo y envuelto en una nebulosa gris. A ello ha contribuido sin duda la imagen de una ficción hollywoodiana en el que la línea entre lo legal y el tráfico de influencias se vuelve muy difusa.

No debería tener connotaciones negativas el hecho de que los representantes de los intereses de un determinado sector puedan hacer llegar a los interlocutores políticos su posicionamiento sobre un posible cambio normativo de efectuarse puede por ejemplo, poner en juego el futuro y la viabilidad de un sector del que dependen muchas familias.

Si despojamos a la práctica del lobby de esas connotaciones negativas y la analizamos de un modo aséptico nos daremos cuenta de que, en realidad se trata de una forma más de comunicar, en este caso con la metodología y las particularidades que requiere el público objetivo al que va dirigida y que es las administraciones públicas, pero basándose como en cualquier otro ámbito de la comunicación en la honestidad y la transparencia.

Por Ana Pereira, Directora en Estudio de Comunicación.

@anabepereira

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