Esta cita del célebre filósofo y escritor es oportuna para llamar la atención acerca del prolijo lenguaje, la complicada sintaxis y el casi ininteligible vocabulario de la mayoría de los profesionales que ejercen en el campo de las ciencias y la práctica jurídica como si éste fuera del exclusivo acceso de iniciados. Y no tiene que ser así, sino todo lo contrario, porque el Derecho ha de ser accesible lingüísticamente  para los ciudadanos a quienes afecta, es decir, para todos.

Es verdad que el lenguaje jurídico ha de ser claro y preciso, aunque no pueda contener en su interpretación la exactitud de una cifra o una operación matemática. Es verdad que ha de delimitar al máximo el alcance de su significado, eliminando en lo posible interpretaciones diferentes a la que pretende el autor. No es menos cierto, sin embargo, que puede  pretender un objetivo de gran dificultad cuando existen partes opuestas interesadas en su distorsión. Por eso la necesidad de extremar, en la forma y el contenido, el cuidado por hacer comprender a sus principales destinatarios, los ciudadanos,  los hechos que describe y los razonamientos jurídicos en que se apoyan sus consecuencias.

La llamada información de tribunales es cada día más frecuente en los medios de comunicación y ocupa mucho más espacio en ellos. Es, sin duda, una materia informativa de un gran interés y alcance social, ya que La Constitución española da, aunque con matices, un carácter público a la administración de Justicia que jueces y tribunales tienen encomendada en nombre del pueblo. El periodista ha de ser quien traduzca al  román paladino informativo el contenido de las sentencias, autos, providencias, y todo tipo de resoluciones que  casi siempre se publican, aunque debe de ser el autor el mejor intérprete en sus escritos de la decisión tomada.

Es costumbre muy arraigada entre algunos profesionales de la judicatura construir estos escritos con frases kilométricas y párrafos interminables, con varias oraciones mal coordinadas y pésimamente subordinadas, con términos incluso opuestos  en apoyo de una misma idea.  Tanto que, a veces, conseguir descifrarlas  es un empeño imposible.  Y no tiene que consolarles el hecho de que, también  en el periodismo, se den casos similares, como se dan en la abogacía o el poder legislativo.

No se trata de vulgarizar el contenido del escrito hasta hacerle perder todo rigor jurídico ni de rebajar su importancia mediante una simplificación impropia de la función de administración de justicia ejercida y de la trascendencia de la decisión tomada. Mas cabe el esfuerzo de acercar al ciudadano la aplicación concreta  de la ley y, en general, del Derecho, mediante la mejor herramienta disponible, que es sin duda el idioma.

Suele decirse que jueces y magistrados hablan y deben hablar por sus autos y resoluciones. Es éste un hecho tan cierto que lo  deseable es que sigan haciéndolo con la mayor claridad posible.

Por Ramón Almendros, Director de Estudio de Comunicación España. 

@RamonAlmendros

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