Uno de los valores de su reflexión es la ecuanimidad porque el profesor Martínez plantea desde el inicio la problemática del derecho al olvido en su fuente dual. “Recordamos” porque los buscadores en su ingente rastreo de la red encuentran, sistematizan y ofrecen, pero detrás de eso está también el hecho de que “recordamos” porque numerosas publicaciones, entre ellas periódicos y boletines oficiales provinciales o del Estado, mantienen en sus páginas las informaciones que dan lugar a enriquecer el contenido de las búsquedas sobre nuestro pasado.

Basándose en esta observación de la realidad tan exacta como obvia, que no le puede pasar desapercibida a nadie, el constitucionalista afirma que el derecho al olvido no puede basarse exclusivamente en exigir a los buscadores el borrado de sus referencias, como paradójicamente ha llegado a ocurrir, al menos en tribunales españoles.

Esa es la misma tesis que hemos defendido aquí con anterioridad y el profesor, con docta precisión, recuerda que el derecho al olvido no es un derecho absoluto y tiene que ceder frente a otros intereses dignos de protección como la investigación científica o la libertad de expresión.

Con estas sensibilidades en ristre, la que pretende matar al mensajero y la que busca una razonable ecuanimidad y armonización de derechos, la Comisión Europea sigue debatiendo la Propuesta de Reglamento General de Protección de Datos para llegar a una normativa que haga avanzar nuestros ciberderechos sin menospreciar la lógica.

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