En los últimos días los Medios de Comunicación se han hecho eco de un agrio debate entorno a la imagen de presuntos culpables esposados y recogiendo sus pertenenencia en bolsas de basura, antes de ser conducidos a prisión. El problema es que ese debate ha venido motivado por quienes son los que sufren esa llamada pena de telediario y no de la pena en si misma.

En España estamos todos los días viendo a presuntos culpables (recuerdo ahora al presunto asesino de Anabel Segura, o a los múltiples presuntos culpables de ETA, por citar a algunos muy obvios) conducidos esposados y nadie parece rasgarse las vestiduras por el juicio paralelo que supone esa imagen.

Sin embargo, cuando de políticos se trata, sean implicados en Caso Gurtel o en la trama de corrupción -supuesta- recién descubierta en Cataluña, sus compañeros y partidos lanzan toda su artillería contra los Medios que difunden la imagen y contra la imagen en si misma. Gritan, ahora si, pidiendo presunción de inocencia y manifiesta, ahora si, que esa imagen en el telediario supone ya una condena en si misma.

Es cierto que en España sentar a alguien en el banquillo sale muy barato y que difundir la imagen de un presunto culpable es ya una condena en si misma. También es cierto que demasiadas veces se forma un autentico juicio paralelo en el que el juzgado es declarado culpable de antemano sin tener derecho a un abogado y sin que se conceda el derecho a la presunción de inocencia. Pero si en manos de alguien está la solución del problema es en manos de los políticos, y son ellos los que deben adoptar medidas. Pero soluciones universales, para todos los ciudadanos, no soluciones pensadas exclusivamente en su propio beneficio.

La imagen publica es un derecho de todos, no sólo de los que pertenecen a partidos políticos.

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