Esta norma atañe a compañías grandes, es decir, las que tengan un número medio de trabajadores durante el ejercicio superior a 500. Y que durante dos años consecutivos reúnan al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados sea superior a 250.

Sobre qué tendrán que informar las empresas:

• Medidas adoptadas para promover la igualdad de género, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales.
• En cuestiones medioambientales se deberá aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de sus actividades en el medio ambiente, salud y seguridad, uso de la energía, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo del agua y contaminación atmosférica.
• En materia de derechos humanos, el estado de información no financiera debería incluir información sobre los impactos potenciales y reales de la actividad de la empresa al respecto, así como las disposiciones aplicadas para impedir los abusos y medidas para mitigarlos, gestionarlos y repararlos.
• En relación con la lucha contra la corrupción y el soborno, las empresas deberán incluir información sobre los procedimientos y recursos de control interno dedicados a prevenir estas conductas.
• Para las sociedades anónimas cotizadas se exige, además, que incluyan dentro del informe anual de gobierno corporativo las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista aplicados en la elección de su consejo de administración, concretamente, las relativas a edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.

Pero existen excepciones. España se ha acogido a la posibilidad que brindaba la Directiva, de permitir o no, que, en casos excepcionales, se omita la información relativa a acontecimientos inminentes o cuestiones en curso de negociación cuando, en la opinión debidamente justificada de los miembros de los órganos de administración, la divulgación de dicha información pueda perjudicar gravemente a la posición comercial de la empresa, siempre que esa omisión no impida una comprensión fiel y equilibrada de la evolución, los resultados y la situación de la empresa, y del impacto de su actividad.

Una excepción que el Gobierno podría no haber incluido. Veremos si esta excepción no se convierte en regla general y antítesis de la transparencia.

Por Juana Pulido, Directora de Estudio de Comunicación España.

@juanapulido

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Dentro de la comunicación corporativa, uno de los campos donde más cuidado debe ponerse a las palabras es el de la Responsabilidad Social Corporativa. Aquí el vocabulario evoluciona, al igual que las tendencias en acciones sociales o las recomendaciones en Buen Gobierno Corporativo.

Un ejemplo es el término ‘minusvalía’, desterrado del vocabulario de la RSC porque una persona, por pertenecer a un colectivo u a otro, no deja de tener menos  valor. Esta palabra ha dado paso a ‘discapacidad’, puesto que todos somos más y menos capaces de hacer ciertas cosas.  Mi gusto por la lectura y la escritura me ha llevado (o eso espero) a tener una mayor capacidad para la narrativa y la comunicación. Pero soy manifiestamente discapacitada a la hora de resolver una fórmula de física cuántica.

Incluso, ahora se va un paso más allá. Cuando las empresas hacen referencia a colectivos o personas discapacitadas, ya no se fijan en la parte negativa de lo que no se puede hacer, sino en la positiva. Así, comienza a usarse la expresión: ‘colectivos o personas con distintas capacidades’.

Un paso más en la forma de emplear el vocabulario «sensible». Porque,  para aquellos que creen que la RSC  no “vende”, tengan en cuenta que ser responsable nunca pasa de moda, ya sea a título personal o profesional. Puede que su difusión tenga mayor o menor acogida. Esto dependerá del momento y del tema. Pero lo que está claro es que su ausencia, sí es llamativa y penaliza desde el punto de vista reputacional.

Por Támar Salazar, consultora sénior de Estudio de Comunicación. España.

@TamarSalazar

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Sin duda, se trata de un importante avance y uno de los hechos reseñables es que este código sirve para incorporar a la agenda de los consejos de administración la responsabilidad corporativa, responsabilidad social empresarial o sostenibilidad según se le quiera denominar.

Según afirma Ramón Pueyo, Director de Governance, Risk and Compliance de KPMG, en España, “En los últimos cuarenta años se ha producido una transformación radical en la valoración de las compañías cotizadas. A mediados de los años 70, algo más del 80% de su valor de mercado lo explicaban los activos físicos y financieros. A finales de la primera década de los años 2000, esos activos sólo explicaban el 20% del valor”.

En esa dinámica, la RSE se ha ido consolidando como una directriz estratégica generadora de valor. Los principales beneficios de la RSE se podrían centrar en que generan confianza, a corto plazo; es un factor de diferenciación, a medio plazo;  por factores como la sostenibilidad, condiciona la estrategia y con ello mejora la forma de producir y hacer negocio a largo plazo; y  atrae capital puesto que el 45% de los 100 mayores inversores institucionales del mundo incorporan ya en sus análisis de inversión criterios ambientales, sociales y de gobierno, según un estudio de KPMG y la Fundación SEres.

En ese mismo estudio se afirmaba que el 63% de los consejos de administración reciben información periódica relacionada con los objetivos y avances logrados en materia de RSE. Ahora, con las nuevas normas de Buen Gobierno, es previsible que ese porcentaje aumente  ya que en su articulado son dos los puntos que inciden sobre la necesidad de que los consejos no sólo marquen objetivos de RSE a incluir en planes a largo plazo, sino que además requiere que controlen su cumplimiento.

Más allá de las implicaciones organizativas y estratégicas que este cambio implica, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la identidad corporativa, esta normativa tendrá importantes consecuencias en el medio plazo ya que la asunción de la RSE como elemento estratégico de la gestión implica significativos cambios culturales que han de afectar a toda la organización.

J. Alberto Mariñas, Socio de Estudio de Comunicación España.

@amarinas

Foto: CC

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Para logar este claro e inteligente objetivo, la Fundación no ha dejado de dar pasos desde su nacimiento, desde la creación junto a McKinsey de un sistema de medición y reporting del retorno de la acción social (RSC2) hasta el reconocimiento anual de las mejores iniciativas mediante la concesión de los premios SEres y otras muchas iniciativas.

Ahora la Fundación, en colaboración con KPMG, ha llevado a cabo y publicado el informe “RSE. Manual para Consejeros”. Se trata de una guía para los órganos de gobierno de las compañías que pone de manifiesto la capacidad de generación de valor de la Responsabilidad Social Empresarial para las organizaciones, su condición de factor de éxito en el largo plazo y su importancia para la confianza de los inversores.

A la hora de diseñar el estudio la Fundación y KPMG han centrado el foco en la función en sí misma, sus características, los elementos clave para que genere valor para las compañías y sus grupos de interés y, en definitiva, la hoja de ruta a seguir para su correcta implementación y adecuada integración en el modelo de negocio.

Se trata de un documento de gran interés, tanto para los consejeros como para todos los profesionales y responsables de RSE. El resumen ejecutivo del mismo pude descargarse en este enlace: RSE. Manual para Consejeros

Alberto Mariñas, Socio de Estudio de Comuicación

@amarinas

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