Así nos lo indican sucesos como el que relataba el otro día Voz Pópuli al referir que el buscador, aplicando el derecho al olvido, había procedido a eliminar de sus búsquedas información relativa al Comando Vizcaya de ETA y de Arkaitz Goikoetxea, etarra condenado a 742 años por un historial delictivo en el que figuran los tipos de asesinato y secuestro.

Vivimos en una sociedad donde la información tiene una importancia vital, por ello resulta cuando menos paradójico que la eliminación de datos relevantes de malhechores y criminales deba ser realizada por el criterio de empresas privadas (los buscadores) que no tienen que someter sus decisiones a ningún tipo de control ni legal ni jurídico.

Uno de los esfuerzos de las víctimas del terrorismo ha sido y es mantener vivo el recuerdo de los asesinados, pero también, que no se olvide que no todos somos iguales sino que hay verdugos y víctimas.

Es bien sabido que vivimos en una sociedad garantista, y es justo que las leyes garanticen los derechos de todos los ciudadanos. Pero parece que algo falla cuando las garantías y el derecho al olvido lo es para algunos y no funciona ni tan rápido ni tan bien para otros, muchos de ellos empresas que si tienen derecho a que su imagen no quede dañada eternamente por delitos que no han cometido.

Por Alberto Mariñas, Socio de Estudio de Comunicación España. 

@amarinas

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De este modo los buscadores están obligados a suprimir de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda con el nombre de una persona los enlaces a páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esa persona.

El alto tribunal precisa que el interesado debe presentar su solicitud directamente al gestor del motor de búsqueda. Éste deberá examinar si es fundada y, en el caso de que el buscador no acceda a retirar la información, la persona afectada podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales.

La sentencia responde a una cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional española sobre el caso de Mario Costeja, que llevaba seis años intentando borrar de Google su vinculación con un embargo por deudas ya resuelto.

Este fallo afecta a centenares de casos que reclaman el derecho al olvido y que se encuentran en la Audiencia Nacional esperando respuesta. Se trata sobre todo de ciudadanos que piden la eliminación de datos personales, multas o situaciones embarazosas que atañen a su imagen personal.

Podemos estar o no de acuerdo con la sentencia. Tendremos que ver si es aplicable o no en la práctica.  Pero lo que es evidente es que, en la gestión de la comunicación online se avecinan cambios a los que estaremos muy atentos aquellos profesionales o aquellas firmas que ofrecemos a los clientes servicios de  gestión de reputación on line.

Susana Gómez, consultora sénior de Estudio de Comunicación España

@S_GomezD

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