Parece que unos beneficiarios del derecho al olvido tal como se ha estipulado en nuestra legislación ya tienen nombres y apellidos y, contrariamente a lo que nuestras bienintencionadas disposiciones legales pretendían, no son individuos particulares que una vez no le pudieron pagar una mensualidad al banco, sino criminales que han acaparado merecidamente la atención de los medios de comunicación.
Así nos lo indican sucesos como el que relataba el otro día Voz Pópuli al referir que el buscador, aplicando el derecho al olvido, había procedido a eliminar de sus búsquedas información relativa al Comando Vizcaya de ETA y de Arkaitz Goikoetxea, etarra condenado a 742 años por un historial delictivo en el que figuran los tipos de asesinato y secuestro.
Vivimos en una sociedad donde la información tiene una importancia vital, por ello resulta cuando menos paradójico que la eliminación de datos relevantes de malhechores y criminales deba ser realizada por el criterio de empresas privadas (los buscadores) que no tienen que someter sus decisiones a ningún tipo de control ni legal ni jurídico.
Uno de los esfuerzos de las víctimas del terrorismo ha sido y es mantener vivo el recuerdo de los asesinados, pero también, que no se olvide que no todos somos iguales sino que hay verdugos y víctimas.
Es bien sabido que vivimos en una sociedad garantista, y es justo que las leyes garanticen los derechos de todos los ciudadanos. Pero parece que algo falla cuando las garantías y el derecho al olvido lo es para algunos y no funciona ni tan rápido ni tan bien para otros, muchos de ellos empresas que si tienen derecho a que su imagen no quede dañada eternamente por delitos que no han cometido.
Por Alberto Mariñas, Socio de Estudio de Comunicación España.
@amarinas
