Durante las últimas semanas se han producido diversas reuniones de la Subcomisión de Estudio sobre Redes Sociales del Congreso de los Diputados. Esta semana se vuelve a reunir, concretamente hoy, miércoles día 2, tanto en sesión de mañana como de tarde. Hasta el momento, por la Subcomisión han pasado expertos docentes, en internet, comunicación y profesionales especialistas en derecho TIC.

Esta semana ofrecerán sus opiniones y puntos de vista Jesús Alloza, Consejero Delegado de COONIC; Carlota Navarrete Barreiro de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos; Víctor Domingo Prieto, Presidente de la Asociación de Internautas; Ricard Martínez Martínez, Presidente de Asociación Profesional Española de Privacidad-APEP y Luis Alberto Calvo Campos, Director de Sistemas de Seguridad de Indra, todos ellos en la sesión que dará comienzo a las 10.00 de la mañana.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas participarán Jorge Flores Fernández, Director de Pantallas Amigas; Ramón Miralles López, Coordinador de auditorías y seguridad de la Información en la Autoridad Catalana de Protección de Datos; José Manuel Tourné Alegre, Director General de la Federación para la Defensa de la Propiedad Intelectual  y  David Maeztu Lacalle, experto en seguridad y protección del menor, Propiedad Intelectual y Regulación del entorno laboral en el marco de las Redes Sociales.

Administración y Economía Digital

Pero decía que este lunes el Boletín Oficial del Estado publicaba la Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia  Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2014.

Entre ellas destaca la relativa a la Economía Digital. Según esta, “el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y la creciente globalización de la economía han supuesto que la comunicación entre los distintos agentes de la actividad económica se produzca en tiempo real, de manera que cualquier oferente pone a disposición de sus potenciales clientes sus bienes o servicios a través de la web, y cualquier demandante puede adquirir dichos bienes o servicios con un solo clic en el ordenador. El uso de la tecnología ha cambiado la forma de relación entre comprador y vendedor y, por ende, ha de cambiar la actuación de control de la Administración Tributaria”

En este contexto,  señala la Administración “la Agencia Tributaria ha de hacer frente a nuevas formas de fraude dado que la deslocalización permitida por la red posibilita la existencia de actividades totalmente sumergidas junto con otras que, bajo apariencia extranjera, son en realidad empresas españolas que usan Internet para intentar eludir sus obligaciones fiscales”.

Esperemos que todas estas iniciativas no acaben con una triste merma de la libre circulación de información a través de la Red. Y que simplemente supongan que los negocios online contribuyan a la Hacienda Pública, como el resto de los negocios, y como debe ser.

Por Juana Pulido, consultora sénior de Estudio de Comunicación España.

@juanapulido

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En esa sesión comparecieron José Luis Piñar Mañas, Director de la Cátedra Google del CEU, Juan Mª Martínez Otero, miembro del Consejo Asesor de iCmedia, Juan Carlos Ortiz Pradilla, Profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha y María Concepción Torres Díaz, Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante.

El Congreso de los Diputados aprobó la creación de esta Subcomisión el 11 de abril de 2013, en el seno de la Comisión de Interior, pero según distintas fuentes habrá que esperar hasta por lo menos el mes de junio para que las primeras conclusiones vean la luz.

El objetivo que se persigue con esta Subcomisión es  “analizar la situación actual en España y en los países de nuestro entorno respecto a las Redes Sociales” y estudiar “el papel que las administraciones públicas tienen en el mundo de las redes sociales e intensificar la cooperación e intercambio de información con los administradores de las redes sociales, mediante la activación de canales de comunicación ágiles”

Además se tratará de “determinar qué modificaciones legislativas se deben llevar a cabo para mejorar la protección integral de nuestros menores y la educación en su utilización; así como las medidas necesarias para que nuestra sociedad de un tratamiento acorde con las necesidades actuales, mejorando la formación y concienciación de los usuarios”

Así mismo también se “definirán las medidas para garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno de las redes sociales y para la promoción de conductas respetuosas con estos derechos por parte de los usuarios de las citadas redes”.

Esperemos que con tanto “orden” no se acaben poniendo puertas al campo: proteger al usuario no es sinónimo de coartar el uso de la Red. Parafraseando a Benjamin Franklin “aquellos que sacrifican libertad por seguridad no merecen tener ninguna de las dos.”

Por Juana Pulido, consultora sénior de Estudio de Comunicación España. 

@juanapulido

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