ACIJUR defiende que este arte es “una herramienta imprescindible para que los periodistas y medios de comunicación se hayan convertido en generadores de opinión pública y que ha sido fundamental para el desarrollo del periodismo jurídico y de tribunales, además de permitir velar por la independencia y la objetividad de los contenidos informativos”. No puedo estar más de acuerdo.

Había buen ambiente en la APM, en este lugar que es un poco casa de todos los que amamos el periodismo. Fue un acto emotivo y entrañable presentado, con mucha gracia y talento (ya les gustaría a los de los Premios Goya), por el director de Comunicación del Consejo General de la Abogacía Española, Francisco Muro de Íscar, y por la presidenta de ACIJUR, Patricia Rosety.

También nos llegó al corazón: el Premio “Puñetas de Oro” que fue concedido, a título póstumo, a José Manuel Maza, no sólo por su trabajo como fiscal general del Estado, sino por toda una vida de servicio a la justicia.

De orgullo, nos llenó Rosety, regalándonos un discurso con palabras como estas: “lo que está por encima de todo es la sociedad, que busca la verdad y tiene derecho a que la información sea completa, objetiva y auténtica. Pero tenemos un problema: los casos judiciales se masifican en los medios de comunicación y cualquiera cree que puede hablar de ellos. De hecho, lo hacen. Y eso lleva a los juicios paralelos, o perpendiculares, como dice el magistrado del TSJ de Asturias, José Ramón Chaves. Y también llevan a no respetar la presunción de inocencia”.

Creo que estas palabras invitan a la reflexión de todos los que somos profesionales de la Comunicación: tenemos que seguir luchando por hacer un periodismo ético y una información objetiva, no hay duda, pero tenemos que ser cautos y prudentes y dejar que los profesionales de otras disciplinas como el Derecho, hagan también su trabajo ¿Juicios paralelos o perpendiculares? En Estudio de Comunicación comulgamos con el Artículo 20 de la Constitución española, con el derecho a la información y la libertad de expresión, pero también defendemos que se respete la presunción de inocencia y que los investigados no tengan que sufrir injustamente juicios paralelos o perpendiculares.

Por Victoria Magro, Directora de Desarrollo Corporativo

@VictoriaMagro

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Recientemente ha habido una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se admite el recurso de apelación interpuesto por una importante asociación empresarial española y en la que se revoca, por tanto, la resolución dictada en primera instancia por un juzgado madrileño que daba la razón, en principio, al medio de comunicación en cuestión.

Este ejemplo nos sirve para refrescar la memoria en el sentido de que el llamado derecho de rectificación consiste en la facultad otorgada a cualquier persona, natural o jurídica, para “rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio”.

Ese derecho, regulado en la Ley Orgánica 2/1984, se satisface mediante la publicación íntegra y gratuita de la rectificación, referida exclusivamente a los hechos de la información difundida, en los términos y en la forma que la Ley señala, que suelen ser en el mismo espacio o formato y en el mismo día, en caso de medios impresos, y hora y duración, cuando se trata de medios audiovisuales.

Lo importante es, por tanto, la inexactitud de la información de referencia y el hecho de que la divulgación de la información en cuestión pueda causar perjuicio al afectado, ya que el derecho de rectificación, que tiene una finalidad legal preventiva, constituye un medio del que dispone la persona aludida para prevenir o evitar el daño que una determinada información pueda causarle en su honor o en cualesquiera otros derechos o intereses legítimos.

Asimismo, cabe destacar que el derecho de rectificación es también considerado por los tribunales como un instrumento de contraste informativo, para comparar diferentes versiones de los hechos, ya que constituye un derecho autónomo de tutela del propio patrimonio moral, a la vez que supone un complemento de la garantía de la libre formación de la opinión pública.

Otra cuestión importante a destacar en la interpretación judicial sobre esta materia es que la Audiencia Nacional consideró, en el ejemplo anterior, que el hecho de que el medio de comunicación se limitase a difundir un estudio científico, haciéndose sólo eco de los resultados del mismo, sobre el que se basaba su información no es razón suficiente para que el tribunal desestime la rectificación, puesto que el hecho de que exista un tercero que facilita al medio de comunicación la información, el estudio en este caso, no evita que ésta pueda ser inexacta y cause perjuicio a las personas afectadas por su difusión.

Muchos recordamos la imagen de Alfredo Urdaci en el telediario de TVE dando lectura, con el fondo de pantalla en negro y el famoso deletreo del acrónimo sindical C-C-O-O, a un texto de rectificación al estimar favorablemente la sala de lo social de la Audiencia Nacional la demanda presentada contra RTVE por Comisiones Obreras. Sin embargo, es necesario precisar que la moraleja a seguir en este delicado campo es que es necesario emitir siempre, no sólo desde los Medios sino también desde los canales informativos de las propias empresas, informaciones lo más exactas posible, sobre todo si su divulgación puede causar perjuicios a alguna persona física o jurídica, para lo que siempre es importante realizar el necesario contraste y escuchar y tener en cuenta en la propia noticia la opinión de la parte aludida para evitar terminar siendo demandado en los tribunales y teniendo que pasar el desagradable trago de tener que recurrir a trucos como los de la pantalla a oscuras y el deletreo ininteligible.

Por Fernando Geijo, consultor sénior de Estudio de Comunicación. España. 

 @fergeijo

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