La propuesta de normativa y el plan coordinado sobre la IA se inscriben en los esfuerzos de la Unión Europea “por convertirse en líder mundial en materia de fomento internacional de una IA digna de confianza. La IA se ha convertido en un ámbito de importancia estratégica en que se aúnan la geopolítica, los intereses comerciales y las preocupaciones en materia de seguridad”

Los riesgos identificados por la Comisión están categorizados en cuatro niveles: riesgo inadmisible; alto riesgo; riesgo limitado y riesgo mínimo.

En la categoría de riesgo inadmisible, se prohibirá aquellos usos de la Inteligencia Artificial que pudieran violar los derechos fundamentales. Por ejemplo, la clasificación social por parte de los Gobiernos o los juguetes que utilicen un asistente de voz que incentive comportamientos peligrosos en los niños.

El nivel alto riesgo queda establecido para un número limitado de sistemas de IA que tengan un impacto negativo en la seguridad de las personas o en sus derechos fundamentales.

El riego limitado se establece para sistemas de IA en los que exista un riesgo claro de manipulación (por ejemplo, mediante el uso de robots conversacionales). Es decir, los usuarios deben ser conscientes de que están interactuando con una máquina.

Y tendrán la consideración de riesgo mínimo la inmensa mayoría de los sistemas de IA utilizados actualmente en la UE pertenece a esta categoría.

El incumplimiento de la norma “no saldrá gratis”. Los Estados miembros deberán establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas multas administrativas, por las infracciones y además deberán notificarlas a la Comisión.

El Reglamento fija umbrales que deberán tenerse en cuenta:

• hasta treinta millones de euros o el 6 % del volumen de negocios anual total a escala mundial del ejercicio financiero anterior
• hasta veinte millones de euros o el 4 % del volumen de negocios anual total a escala mundial del ejercicio financiero anterior por el incumplimiento de cualquier otro requisito u obligación del Reglamento
• hasta diez millones de euros o el 2 % del volumen de negocios total anual a escala mundial del ejercicio anterior por el suministro de información incorrecta, incompleta o engañosa a los organismos notificados y a las autoridades nacionales competentes en respuesta a una solicitud.

Por Juana Pulido, socia en Estudio de Comunicación.

@juanapulido

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Rosa María García, Directora Área Salud de ESTUDIO DE COMUNICACIÓN en prnoticias.

“El Gobierno teme que se esté primando a aquellos países que pagan más por la vacuna”; “Pagar más por la vacuna es rentable”; “Malestar en la Unión Europea por la sospecha de reventa de la vacuna del coronavirus a países que pagan más”; “La UE asegura que hará respetar los contratos de suministro de vacunas firmados”. Esto son solo algunos de los titulares publicados sobre este asunto y que también han centrado numerosas tertulias y programas de radio y televisión.

Pese a que la industria farmacéutica salva vidas y mejora nuestra salud y calidad de vida, este sector empresarial arrastra históricamente una imagen que no se corresponde con ello. La mayoría de la población efectivamente reconoce los beneficios que aporta a nuestra salud, su contribución al desarrollo de la ciencia, su labor de investigación y sus inversiones, pero también le reprocha cuestiones como una “orientación mercantilista” en la investigación, la “falta de compromiso social/solidario”, la “presión como lobby cercano al poder” y “elevados niveles de beneficios incluso en una situación de crisis”, según recogía ya hace unos años el informe “Imagen de la Industria Farmacéutica en España 2014”, realizado por TEVA Foro Social.

Es cierto que la industria no siempre ha hecho bien sus deberes y que tradicionalmente conceptos como reputación, transparencia y comunicación no siempre han sido manejados de la forma más adecuada por parte de los laboratorios, casi siempre temerosos en su relación con los medios de comunicación. Pero también es cierto que, desde hace unos años, diferentes organizaciones y compañías vienen trabajando de forma importante para intentar cambiar esa opinión.

Y llegó la covid-19. Desde el primer momento, la pandemia puso en el foco de atención a la industria farmacéutica, sector que posiblemente no había sentido hasta ese momento con tanta intensidad la presión de toda una sociedad que se enfrentaba a una crisis sanitaria sin precedentes y que demandaba y sigue demandando buenas noticias.

La comunidad científica internacional y la industria farmacéutica iniciaron entonces una carrera contra reloj para, entre otras cosas, encontrar una vacuna que pudiera contrarrestar al nuevo patógeno. Nunca antes se había actuado tan coordinadamente ni con tantos recursos para solucionar un problema.

El sector había conseguido aumentar su reputación en los últimos años. Pero lo que poco a poco, durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo, se ha logrado, a base de titulares como los que citaba al comienzo de este artículo, con gran rapidez parece que se está destrozando.

La reputación de la industria farmacéutica sigue siendo un reto y afronta ahora un momento crucial. Es fundamental que las compañías y demás agentes del sector den un nuevo paso adelante en pro de la transparencia y la comunicación y trabajen, con más ahínco si cabe, para acabar con el desconocimiento existente y mejorar la relación con una sociedad que ahora, posiblemente más que nunca, les necesita y exige. Y es que, si tú no dices lo que eres, otros dirán lo que no eres…

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Después de que fuera adquirida por Facebook, WhatsApp finalmente ha aplicado, con el cambio de año, una política de privacidad que le permite compartir los datos de los usuarios de WhatsApp con Facebook. Se trata de una serie de cambios en los términos de uso y política de privacidad que obliga a los usuarios a otorgar a Facebook acceso a sus datos. El usuario debe aceptar esta condición si quiere poder seguir utilizando la aplicación. A lo largo de estos días, a los usuarios de esta red social nos ha asaltado un mensaje emergente al abrir la aplicación que nos instaba a aceptar compartir nuestros datos con Facebook, que podrá utilizarlos para “el resto de sus servicios y propósitos”.

Los datos que compartimos con Facebook al aceptar los términos de condiciones de WhatsApp son de carácter personal nuestro nombre y número de teléfono, pero también sobre el dispositivo o terminal en el que estemos ejecutando la aplicación, el sistema operativo, transacciones realizadas, ubicaciones compartidas o los contactos que tengamos agregados. Para los usuarios de la Unión Europea, sin embargo, la experiencia no será igual, ya que estamos acogidos a la normativa de protección de datos GDPR (Reglamento General de Protección de Datos), que impide a Facebook compartir los datos de WhatsApp con el resto de la compañía para interés propio de la empresa, por lo que los usuarios estamos protegidos por las condiciones y acuerdos a los que se llegó con la Comisión Europea en 2016.

No obstante, estos no son los únicos cambios que vienen aparejados a las recientes condiciones de uso. Tendremos también nuevas actualizaciones como la versión empresarial que permite realizar compras directamente desde la aplicación, la posibilidad de realizar videollamadas y llamadas desde la versión web o escritorio, o la autodestrucción del contenido visual incluso después de que el destinatario haya abierto el archivo. Eso sí, también recibiremos anuncios específicos que aparecerán como aviso particular en la aplicación con herramienta de redireccionado, no a través del chat.

Siempre pensamos que nos encontramos en el momento de mayor brillantez digital, porque cada día mejoramos y avanzamos en la transformación digital. No obstante, eso no quiere decir que aún no queden grandes avances, cambios y nuevas regulaciones para las mismas. Estar a la orden del día de las tendencias tecnológicas y online no puede quedarse simplemente en surfear una gran ola. Las compañías deben estar a la cabeza, liderando el cambio y estando preparadas para adaptarse llegue lo que llegue.

Por Mérida Miranda, consultora en Estudio de Comunicación.

@MridaMiranda1

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Ante este alarmante panorama, todos se han puesto manos a la obra. Por ejemplo, la UE ha abordado ya un plan de acción para luchar contra la propagación de noticias falsas en la Red con un grupo de expertos al frente, integrado por representantes de universidades, plataformas online, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Usted y yo podremos también opinar sobre estas medidas encaminadas a ofrecer instrumentos para detectar y gestionar una información inabarcable que pasa por 350 millones de tuits diarios, 4.000 por segundo.

Pero hay otras iniciativas como la promovida por la Universidade da Coruña (UDC) y Torusware, una startup creada a partir de las investigaciones de su grupo en I+D. Tres años de trabajo han dedicado 16 personas, a crear un algoritmo capaz de discernir las fake news en tiempo real. “Detalles” como la controversia que genera la noticia, el debate que suscita, los usuarios más dinámicos y su actividad  previa en la Red,  así como la hora en la que se publica la falsa noticia también (generalmente a última hora del día para dificultar los desmentidos)  dan la clave para saber si lo que se cuenta es o no cierto.

Torusware puede «chequear» en torno a un millón de noticias por hora y lanzar un aviso inmediato de cuáles son falsas. Tal y como lo cuenta Guillermo López Taboada,  profesor e investigador de la Universidade da Coruña (UDC) y CEO de Torusware “La máquina lo sabe antes de que una información se convirtiera en “trending topic” y, así, podemos evitar su expansión». El resultado es sorprendente: «más de la mitad de las noticias que corren por la Red son candidatas a “fake news”», o sea cientos de miles de noticias falsas que nos bombardean.

Por Garbiñe Plazas, Directora de Estudio de Comunicación España.

@Garbineplazasu

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«Una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite que determinados usuarios soliciten que los motores de búsqueda eliminen resultados de las búsquedas que incluyan su nombre, si esos resultados se consideran inadecuados, no pertinentes, o ya no pertinentes, o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido».  Para implementar esta decisión, evaluaremos cada solicitud de forma individual e intentaremos buscar un equilibrio entre los derechos de privacidad de los individuos y el derecho del público a acceder y distribuir información. Al evaluar su solicitud, examinaremos si los resultados incluyen información obsoleta sobre usted, así como si existe un interés público en esa información (por ejemplo, información sobre estafas financieras, negligencia profesional, condenas penales o comportamiento público de funcionarios del gobierno)»

Así se expresa Google en relación al llamado «derecho al olvido». Además el buscador ha puesto a disposición de todo aquel que quiera ejercer sus derechos un formulario bastante sencillo para reclamar ese «olvido».

En mi opinión, lo más relevante que ha hecho esta sentencia, al margen de su contenido, ha sido provocar la democratización del proceso de comunicación y reclamación a Google. Para iniciar el proceso de reclamación no es preciso pleitear ni contar con un sesudo equipo legal que nos ayude a enfrentarnos a un gigante en los tribunales.

Hay que reconocer que Google ha sido bastante ágil en poner en funcionamiento este tipo de soportes de ayuda a los usuarios, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora habrá que ver dos datos importantes: la agilidad en tramitar las reclamaciones de los usuarios (nada ha dicho Google de plazos para resolver) y también la transparencia que tiene el buscador y si informará al menos del número de reclamaciones recibidas y tramitadas. El tiempo lo dirá.

Por Juana Pulido, consultora sénior de Estudio de Comunicación España.

@juanapulido

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