La sentencia del Supremo explica que la exigencia de tutelar el derecho a la información “no puede suponer vaciar de contenido la protección debida del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen, así como el derecho a la protección de datos personales, cuando resulten afectados significativamente por la divulgación de noticias en internet”.

Para quienes colaboramos con empresas e individuos en construir, mantener y proteger su reputación, nos parece absolutamente extraordinario que se obligue a retirar información errónea o inexacta, perjudicial para la imagen de una persona o institución… Lo que resulta paradójico en esta sentencia y otras anteriores de instancias inferiores es que se cargue la obligación de la rectificación al buscador de internet, pero no se dé un paso más con el fin de que la fuente de la información errónea la rectifique o elimine.

Desde Estudio de Comunicación hemos realizado para muchos clientes trabajos para conseguir de manera efectiva un verdadero derecho al olvido sin pasar por los tribunales. En nuestro trabajo hemos combinado siempre la utilización del formulario de Google con el contacto directo con los medios para apelar a su buena voluntad, que mayoritariamente existe. Por esta razón, cualquier avance en la defensa efectiva del derecho al olvido nos parece muy positiva, pero echamos de menos que los tribunales no vayan un paso más allá y hagan un planteamiento más integral del problema y atribuyan a cada parte su verdadera responsabilidad.

J. Alberto Mariñas, Socio Estudio de Comunicación España
@amarinas

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Pero ¿qué pasa si en lugar de simples noticias sobre temas que nos son ajenos hablamos de la información sobre algo tan sensible como la propia salud? Ah, ahí la cosa cambia y no a mejor. A nadie prácticamente se le pasa por la imaginación que tenga que dar o recibir información sobre algo tan importante y lo peor es que nos parece tan normal.

Acaba de empezar a salir publicada la investigación The implant Files sobre malas prácticas o deficiencias en la práctica de la implantología médica. Tiempo tendremos de ver el desarrollo y los hallazgos de esta investigación, pero con independencia de ellos, hay una mala práctica incuestionada completamente instalada: no es necesario darle información al paciente sobre la marca del stens o la pieza dental que le van a poner ni tampoco sobre las alternativas quirúrgicas para una determinada patología, por poner unos ejemplos.

Si cuando compramos un coche, un teléfono o un ordenador tenemos todo tipo de información a nuestra disposición ¿por qué cuando nos va a meter en el cuerpo un dispositivo decisivo para nuestra salud no nos dicen de qué marca es, qué prestaciones tiene en comparación con otros alternativos en el mercado, etc.? ¿Por qué cuando a una mujer la van a operar de cáncer de mama no es obligatorio decirle que hay equipos que practican la técnica de ganglio centinela y otros que proceden a la extracción preventiva de la cadena linfática del brazo con los efectos secundarios que puede tener de por vida?

Por alguna razón se considera que un ciudadano, no importa cuál sea su edad o formación, deviene en menor de edad cuando de medicina se trata. No tiene nada sobre lo que opinar y eso pese a que se trata de su salud, su cuerpo y su vida.

Sabemos que la información veraz y la buena comunicación, la interna y la externa, facilita los procesos, construye relaciones maduras y dialogantes, ayuda a acomodar las expectativas frente a cualquier proceso. En el ámbito de la medicina y la salud, la implantación de la transparencia y la información completa al paciente sobre los procesos que le afectan y las alternativas que existen (aunque no las practique su centro de referencia) debería ser algo mandatorio y legalmente exigible.

No podemos ser tan ciegos o ingenuos de pensar que las decisiones de compra sobre tal o cual marca de implante no están influidas por políticas de compras o comerciales. O que la decisión sobre el tipo de cirugía no está influida por las competencias y certificaciones del profesional que nos atiende. Es normal o, al menos, inevitable, que eso sea así, pero disponer de información abundante y precisa es la única forma de asegurar que como ciudadanos y pacientes tendremos todos los elementos de juicio para asumir decisiones transcendentes.

Por Alberto Mariñas, socio en Estudio de Comunicación España.

@amarinas

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Es cierto que muchas veces hay una frontera muy delgada entre la garantía de derechos fundamentales  como el de libertad de información  y el de la protección del honor, la intimidad familiar y la propia imagen. Es un caso reciente que ha tenido que afrontar el Tribunal Supremo.

Se trata de la reclamación de dos personas físicas para, acogiéndose al llamado derecho al olvido, conseguir que desapareciera toda posibilidad de encontrar en la Red una noticia sobre su detención, en los años ochenta, por un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) por el que fueron posteriormente condenados pero cumplieron su pena. La publicó El País en su entonces edición de papel que fue digitalizada, con la consiguiente indexación personal que dirige directamente a los autores, ya plenamente rehabilitados.

Tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial de Barcelona, los reclamantes recibieron respaldo en sus pretensiones con la declaración de ilicitud  de la difusión realizada por el Medio por vulnerar su derecho a la intimidad y el honor (artículo 18 de la Constitución). En consecuencia, este fue obligado tomar las medidas necesarias para “cesar de inmediato en la difusión de dicha noticia”.

El Tribunal Supremo ha tenido que entrar en el asunto para resolver el correspondiente recurso de casación presentado. La principal alegación para la unificación de doctrina fue que ambas sentencias vulneraban el derecho a la información del artículo 20.

Y el Supremo se ha vuelto a pronunciar claramente en favor del derecho a la información revocando el pronunciamiento de las anteriores instancias que protegían el derecho al olvido. La estimación “parcial” del recurso que proclama recoge literalmente en su fallo: “Casamos en parte la expresada sentencia (la de la Audiencia Provincial que ratifica la de Primera Instancia) que declaramos sin valor ni efecto alguno en los pronunciamientos relativos a la supresión de los datos personales de las personas demandantes  en el código fuente de la página web que contenía la información  y de su nombre y apellidos o incluso iniciales, y a la prohibición de indexar los datos personales  para su uso por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca digital gestionada por la demandada, pronunciamientos que dejamos sin efecto”.

Esta “estimación parcial” es el núcleo fundamental de la decisión del Supremo, aunque la sentencia recoge otras consideraciones jurídicas como las siguientes:

“La recogida y tratamiento automatizado de datos  de carácter personal  están regidos por los principios de adecuación, pertinencia, proporcionalidad y exactitud” (calidad de los datos según Directiva europea).

Internet, “no está y probablemente nunca estará sometida a las mismas reglas ni el mismo control que la prensa escrita…así lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

El interés del público “no puede confundirse  con el gusto al cotilleo o la maledicencia”. No hay que confundir, afirma, el interés del público con  el interés público, que define como “el interés  en formarse una opinión fundada sobre asuntos de trascendencia para una sociedad democrática”.

“En este caso, las personas demandantes carecen de cualquier relevancia pública  y los hechos de la información carecen de interés histórico en cuanto vinculados a esas personas”.

También según el Supremo, el derecho al olvido digital no ampara que cada uno construya el pasado a su medida ni que aquellos que se exponen públicamente “a sí mismos” puedan exigir que se construya un currículo a su gusto.

En cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen, considera que el llamado “derecho al olvido digital” no puede suponer una “censura retrospectiva” de la información ni el sacrificio “excesivo” de su libertad.

En fin, que aunque la sentencia del Supremo afirma que  mantiene los pronunciamientos declarativos de las dos anteriores sentencias en cuanto a la  ilicitud de la difusión  de la información, recalca que hay que permitir su indexación por los motores de búsqueda de Internet.

Son más de treinta páginas las que contienen los fundamentos de derecho que motivan este fallo mediante el cual el que parece olvidado es el llamado “derecho al olvido digital”.

Por eso yo recuerdo: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad familiar de los ciudadanos  y el pleno ejercicio de sus derechos” (art. 18.4 de la Constitución Española).

Por Ramón Almendros, Director de Estudio de Comunicación. España

@ralmendros

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Pero, ¿hasta dónde se puede llegar en las Redes? ¿El control que se establezca en ellas tiene que ser más exhaustivo? ¿Cómo poner coto a estas prácticas abusivas? De momento, la sentencia considera que, en este caso,  los filtros de detección de palabras clave han sido insuficientes “para prevenir el posible daño a terceras personas” así que insta a mejorar estos muros de contención.

Ya hay redes sociales como Twitter o Facebook que llevan a cabo su propio control: Facebook está mejorando y acelerando los sistemas que detectan palabras clave para filtrar este tipo de opiniones y  Twitter trata de facilitar la denuncia de los tweets insultantes y vejatorios enviando un reporter de violación de normas a la propia red. Además, esta última, ha desarrollado un sistema de censura para impedir que lleguen mensajes ofensivos para algunos países o culturas a los usuarios de los territorios afectados.

Esta sentencia, recurrible todavía ante la gran sala del Tribunal, marcará sin duda un precedente en todos los países de la Unión Europea, que ya tienen una base argumental para atajar esta mala praxis. ¿Servirá de algo? ¿Seremos capaces de encontrar un equilibrio entre los dos derechos sin que interfiera uno en el otro? ¿Llegaremos a ponernos de acuerdo entre qué fue primero, si el huevo o la gallina?

Por Esther Ortega, consultora sénior de Estudio de Comunicación, España.

@estherortegaa

Foto: smlp.co.uk

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