La sentencia del Supremo explica que la exigencia de tutelar el derecho a la información “no puede suponer vaciar de contenido la protección debida del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen, así como el derecho a la protección de datos personales, cuando resulten afectados significativamente por la divulgación de noticias en internet”.

Para quienes colaboramos con empresas e individuos en construir, mantener y proteger su reputación, nos parece absolutamente extraordinario que se obligue a retirar información errónea o inexacta, perjudicial para la imagen de una persona o institución… Lo que resulta paradójico en esta sentencia y otras anteriores de instancias inferiores es que se cargue la obligación de la rectificación al buscador de internet, pero no se dé un paso más con el fin de que la fuente de la información errónea la rectifique o elimine.

Desde Estudio de Comunicación hemos realizado para muchos clientes trabajos para conseguir de manera efectiva un verdadero derecho al olvido sin pasar por los tribunales. En nuestro trabajo hemos combinado siempre la utilización del formulario de Google con el contacto directo con los medios para apelar a su buena voluntad, que mayoritariamente existe. Por esta razón, cualquier avance en la defensa efectiva del derecho al olvido nos parece muy positiva, pero echamos de menos que los tribunales no vayan un paso más allá y hagan un planteamiento más integral del problema y atribuyan a cada parte su verdadera responsabilidad.

J. Alberto Mariñas, Socio Estudio de Comunicación España
@amarinas

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Así, en una nueva vuelva de tuerca, el Tribunal Supremo acaba de hacer pública una sentencia en la que exonera a Google Spain de cualquier responsabilidad en la gestión de los datos personales de aquellos que hayan solicitado acogerse al denominado ‘derecho al olvido’.

En otras palabras: los usuarios españoles del mayor buscador por Internet del mundo deberán dirigirse a Google Inc., o lo que es lo mismo, a la sede central de la empresa en Estados Unidos, para hacer valer sus legítimos derechos. Sin duda, una complicación añadida que dificulta más, si cabe, el asunto.

Por consiguiente, Google Spain no se hará cargo de las reclamaciones interpuestas por los usuarios al entender el Alto Tribunal que la filial española no realiza ninguna actividad en el motor de búsqueda desde España para la indexación de datos o información de contenidos de terceros en los sitios de Internet.

El Tribunal Supremo falla de esta manera en la línea en que ya lo hizo en su día el Tribunal de Justicia Europeo y se alinea con lo establecido en otros países de la Unión Europea, en los que se entiende que el único responsable del tratamiento de datos es la matriz, Google Inc.

La sentencia deja sin efecto, además, la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de 19 de enero de 2010, en relación a Google Spain, y en una difícil situación las distintas sentencias de la Audiencia Nacional centradas en las reclamaciones realizadas por este tema.

A la vista de lo anterior, está claro, por un lado, que las personas que deseen ejercer sus legítimos derechos de borrado de datos en el motor de búsqueda por excelencia en Internet deberán seguir peleando legalmente para que se respeten sus derechos y, por otro, que siempre es mejor prevenir que curar y contar con el asesoramiento adecuado en materia de Comunicación online para tratar de evitar desagradables situaciones posteriores siempre, como estamos viendo, difíciles de resolver.

Por Fernando Geijo, Consultor sénior de Estudio de Comunicación España.

@fergeijo

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La jornada reunió a representantes del ministerio de Justicia, ministerio de Economía, abogados, emprendedores, consultores, representantes patronales y miembros de destacadas empresas en el ámbito digital como Telefónica y Google. Todos los ponentes dejaron claro cómo la realidad que abre el mundo digital en la creación de actividad económica, la relaciones laborales, la explotación de datos, la reputación, etc. necesitan de manera urgente el desarrollo de un marco normativo ya que su ausencia, por un lado frena las posibilidades de desarrollo y, por otro, genera indefensión y desigualdad de oportunidades.

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Nuevas tecnologías y la revolución jurídica es el título de la jornada organizada por Garrigues y APD en la que se abordaba desde múltiples perspectivas las reformas normativas necesarias para dar viabilidad a la economía digital y, al mismo tiempo, proteger los intereses tanto de los emprendedores como de los sectores tradicionales y, por supuesto, de los consumidores.

La jornada reunió a representantes del ministerio de Justicia, ministerio de Economía, abogados, emprendedores, consultores, representantes patronales y miembros de destacadas empresas en el ámbito digital como Telefónica y Google. Todos los ponentes dejaron claro cómo la realidad que abre el mundo digital en la creación de actividad económica, la relaciones laborales, la explotación de datos, la reputación, etc. necesitan de manera urgente el desarrollo de un marco normativo ya que su ausencia, por un lado frena las posibilidades de desarrollo y, por otro, genera indefensión y desigualdad de oportunidades.

Uno de los aspectos abordados en las ponencias fue el de ¿cómo proteger la reputación online de los directivos? Un tema que desde la perspectiva jurídica abordó Carolina Pina, socia de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues, quien repasó todos los instrumentos legales disponibles en nuestro ordenamiento para defender el derecho al honor y la intimidad, al tiempo que resaltó las múltiples dificultades para que esta protección sea completamente efectiva. A lo largo de su intervención Pina dejó claro que, junto a los planteamientos jurídicos, la defensa de la reputación de los directivos debía también desarrollarse en el ámbito de la comunicación para ser más completa y efectiva.

Alberto Mariñas, socio de Estudio de Comunicación, desarrolló en su intervención las diferentes posibilidades que la comunicación ofrece a hombres de negocio, empresarios y directivos para proteger su reputación online. En su parecer, la defensa de la reputación no puede hacerse sólo tratando de apagar los fuegos provocados por menciones negativas que aparecen en los buscadores sino que es necesario desarrollar una política proactiva tendente a generar noticias y contenidos de interés en torno a la persona en cuestión, que tengan un carácter neutro o positivo y que sirvan para contrarrestar tanto inputs negativos provenientes del pasado como otros que pudieran surgir en el futuro.

Según expuso Mariñas, mientras que la vía legal es la única capaz de ofrecer una solución definitiva en asuntos relacionados con el derecho al olvido, la vía de la comunicación es la única capaz de ofrecer resultados tangibles a corto plazo que no dependen de los tiempos marcados por los tribunales y que se pueden desarrollar de manera continuada en el tiempo sin últimas instancias que pongan fin a un proceso.

Por @EstComunicacion

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Es cierto que muchas veces hay una frontera muy delgada entre la garantía de derechos fundamentales  como el de libertad de información  y el de la protección del honor, la intimidad familiar y la propia imagen. Es un caso reciente que ha tenido que afrontar el Tribunal Supremo.

Se trata de la reclamación de dos personas físicas para, acogiéndose al llamado derecho al olvido, conseguir que desapareciera toda posibilidad de encontrar en la Red una noticia sobre su detención, en los años ochenta, por un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) por el que fueron posteriormente condenados pero cumplieron su pena. La publicó El País en su entonces edición de papel que fue digitalizada, con la consiguiente indexación personal que dirige directamente a los autores, ya plenamente rehabilitados.

Tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial de Barcelona, los reclamantes recibieron respaldo en sus pretensiones con la declaración de ilicitud  de la difusión realizada por el Medio por vulnerar su derecho a la intimidad y el honor (artículo 18 de la Constitución). En consecuencia, este fue obligado tomar las medidas necesarias para “cesar de inmediato en la difusión de dicha noticia”.

El Tribunal Supremo ha tenido que entrar en el asunto para resolver el correspondiente recurso de casación presentado. La principal alegación para la unificación de doctrina fue que ambas sentencias vulneraban el derecho a la información del artículo 20.

Y el Supremo se ha vuelto a pronunciar claramente en favor del derecho a la información revocando el pronunciamiento de las anteriores instancias que protegían el derecho al olvido. La estimación “parcial” del recurso que proclama recoge literalmente en su fallo: “Casamos en parte la expresada sentencia (la de la Audiencia Provincial que ratifica la de Primera Instancia) que declaramos sin valor ni efecto alguno en los pronunciamientos relativos a la supresión de los datos personales de las personas demandantes  en el código fuente de la página web que contenía la información  y de su nombre y apellidos o incluso iniciales, y a la prohibición de indexar los datos personales  para su uso por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca digital gestionada por la demandada, pronunciamientos que dejamos sin efecto”.

Esta “estimación parcial” es el núcleo fundamental de la decisión del Supremo, aunque la sentencia recoge otras consideraciones jurídicas como las siguientes:

“La recogida y tratamiento automatizado de datos  de carácter personal  están regidos por los principios de adecuación, pertinencia, proporcionalidad y exactitud” (calidad de los datos según Directiva europea).

Internet, “no está y probablemente nunca estará sometida a las mismas reglas ni el mismo control que la prensa escrita…así lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

El interés del público “no puede confundirse  con el gusto al cotilleo o la maledicencia”. No hay que confundir, afirma, el interés del público con  el interés público, que define como “el interés  en formarse una opinión fundada sobre asuntos de trascendencia para una sociedad democrática”.

“En este caso, las personas demandantes carecen de cualquier relevancia pública  y los hechos de la información carecen de interés histórico en cuanto vinculados a esas personas”.

También según el Supremo, el derecho al olvido digital no ampara que cada uno construya el pasado a su medida ni que aquellos que se exponen públicamente “a sí mismos” puedan exigir que se construya un currículo a su gusto.

En cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen, considera que el llamado “derecho al olvido digital” no puede suponer una “censura retrospectiva” de la información ni el sacrificio “excesivo” de su libertad.

En fin, que aunque la sentencia del Supremo afirma que  mantiene los pronunciamientos declarativos de las dos anteriores sentencias en cuanto a la  ilicitud de la difusión  de la información, recalca que hay que permitir su indexación por los motores de búsqueda de Internet.

Son más de treinta páginas las que contienen los fundamentos de derecho que motivan este fallo mediante el cual el que parece olvidado es el llamado “derecho al olvido digital”.

Por eso yo recuerdo: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad familiar de los ciudadanos  y el pleno ejercicio de sus derechos” (art. 18.4 de la Constitución Española).

Por Ramón Almendros, Director de Estudio de Comunicación. España

@ralmendros

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Con retraso, como corresponde a temas de índole jurídico y calado social, pero al fin, los ministros de justicia europeos han cerrado un acuerdo que permite a los ciudadanos pedir el borrado de información personal en internet.

La nueva normativa tiene por objeto adaptar las reglas vigentes en la UE sobre protección de datos a la nueva realidad de internet y las redes sociales y garantizar un mayor control para los usuarios del tratamiento de sus datos personales en la red y que las empresas deban solicitar el consentimiento expreso del usuario para el procesamiento de sus datos. Los usuarios que se sientan perjudicados por el tratamiento de sus datos tendrán derecho a reclamar a quienes infrinjan el reglamento europeo, sanciones que pueden llegar hasta un máximo de un millón de euros.

No sólo Google, sino diarios, redes sociales y foros de páginas webs tendrán todas ellas que subyugarse ante esta nueva norma que sin duda ayuda a salvaguardar la privacidad de los ciudadanos y su seguridad. Queda por debatir si la actuación puede ser un menoscabo para la libertad de información. Serán los jueces quienes tengan que marcar a partir de aquí la líneas rojas que separan privacidad de libertad y actuar en consecuencia.

Por Santiago Castaño, consultor sénior de Estudio de Comunicación España.

@Santi_castano

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La sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitía el pasado mes de mayo a favor de un usuario español que solicitaba la eliminación de un enlace a un artículo relativo a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social, marcaba un antes y después en la regulación sobre esta materia.

Desde entonces, Google ha recibido más de 212 mil solicitudes de borrado y se ha puesto manos a la obra para intentar delimitar el ámbito entre el derecho a olvidar y el derecho a informar, entre la privacidad y la libertad de expresión. Os suena, ¿no? Ese eterno dilema que, como en el mundo offline, el comité de sabios googleliano ha resuelto de forma ambigua sentenciando que  las solicitudes de borrado de los individuos con roles claros en la sociedad (políticos, líderes religiosos, deportistas…etc.) son menos susceptibles de justificarse. La complicada disyuntiva sigue en el aire y no queda otra que estudiar caso a caso bajo el tamiz del manido “interés general”.

Quizás todo sea más sencillo dentro de unos años, cuando la mayoría de la humanidad sea nativa digital. Puede que entonces, como ha señalado uno de los asesores de Google, que dirige el Oxford Internet Institute, las fotos vergonzosas de Facebook llegarán a ser normales y aceptables, como ocurre con el sexo antes del matrimonio: hoy es algo normal, pero era escandaloso hace un par de generaciones.

Por Cristina Rubio, consultor sénior de Estudio de Comunicación. España

@Cristina_RubioP

La entrada Derecho al olvido y pega la vuelta se publicó primero en Estudio de Comunicación.

Así nos lo indican sucesos como el que relataba el otro día Voz Pópuli al referir que el buscador, aplicando el derecho al olvido, había procedido a eliminar de sus búsquedas información relativa al Comando Vizcaya de ETA y de Arkaitz Goikoetxea, etarra condenado a 742 años por un historial delictivo en el que figuran los tipos de asesinato y secuestro.

Vivimos en una sociedad donde la información tiene una importancia vital, por ello resulta cuando menos paradójico que la eliminación de datos relevantes de malhechores y criminales deba ser realizada por el criterio de empresas privadas (los buscadores) que no tienen que someter sus decisiones a ningún tipo de control ni legal ni jurídico.

Uno de los esfuerzos de las víctimas del terrorismo ha sido y es mantener vivo el recuerdo de los asesinados, pero también, que no se olvide que no todos somos iguales sino que hay verdugos y víctimas.

Es bien sabido que vivimos en una sociedad garantista, y es justo que las leyes garanticen los derechos de todos los ciudadanos. Pero parece que algo falla cuando las garantías y el derecho al olvido lo es para algunos y no funciona ni tan rápido ni tan bien para otros, muchos de ellos empresas que si tienen derecho a que su imagen no quede dañada eternamente por delitos que no han cometido.

Por Alberto Mariñas, Socio de Estudio de Comunicación España. 

@amarinas

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El directivo de Google habló de la negociación del procedimiento por abuso de posición dominante en Bruselas, negando que el gigante de internet abuse de posición en el mercado. David Drummod puntualizó: “El hecho de que hayamos tenido éxito no es porque limitemos la capacidad de elección de nadie. Además, en el mundo móvil la gente llega a los sitios mediante aplicaciones y no necesariamente con el buscador. Google no hace absolutamente nada para obstruir la competencia. Nuestra alta cuota de mercado no es un indicador de competencia desleal”.

El presidente de Google Ventures también habló de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo sobre el tema del derecho al olvido, del que hemos hablado largo y tendido en este blog. Drummond destacó que no se esperaban para nada que este tema fuese a resolverse de esta manera en la que se le ofrece “poder” a las empresas para decidir si un contenido debe o no aparecer en un buscador.

 A modo de recordatorio: una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que cuando “determinados usuarios soliciten que los motores de búsqueda eliminen resultados de las búsquedas que incluyan su nombre, si esos resultados se consideran inadecuados, no pertinentes, o ya no pertinentes, o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido”. Para implementar esta decisión, Google hizo público que cada solicitud sería evaluada de forma individual tratando de buscar un equilibrio entre los derechos de privacidad de los individuos y el derecho del público a acceder y distribuir información.

Para Drummond la cuestión del derecho al olvido conlleva una gran responsabilidad por parte de Google ya que para ponerla en práctica es necesario “hacerlo de una manera objetiva, que refleje la Red, que provea buen acceso a la información”. Añade, además, que desde el buscador tenían una versión diferente del equilibrio al que había que llegar y que desde años litigaron en otra dirección por lo que se trata de un “poder” que no estaban buscando.

Ante la pregunta práctica de si tienen datos de la cantidad de políticos que han recurrido a ellos para ejercer el derecho al olvido, comentó que le constaba que habían rechazado la gran mayoría porque “consideramos el interés público de la cuestión”.  Esta afirmación confirma la cuestión planteada por Alberto Mariñas, director de Estudio de Comunicación, en una tribuna publicada en Cinco Días en la que argumentaba que el tema del derecho al olvido “puede llevar a error a muchos usuarios que creen que podrán eliminar su huella en la red de manera fácil y rápida”. Por tanto, sí tenemos problemas de reputación en la red debemos recordar la máxima de que nadie hablará de nosotros mejor que nosotros mismos y gestionar nuestra reputación en la red de una manera proactiva.

Por Silvia Rodríguez, consultora de Estudio de Comunicación España.

@Silvirs

La entrada Google ejerce su “poder” sobre el derecho al olvido se publicó primero en Estudio de Comunicación.

«Una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite que determinados usuarios soliciten que los motores de búsqueda eliminen resultados de las búsquedas que incluyan su nombre, si esos resultados se consideran inadecuados, no pertinentes, o ya no pertinentes, o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido».  Para implementar esta decisión, evaluaremos cada solicitud de forma individual e intentaremos buscar un equilibrio entre los derechos de privacidad de los individuos y el derecho del público a acceder y distribuir información. Al evaluar su solicitud, examinaremos si los resultados incluyen información obsoleta sobre usted, así como si existe un interés público en esa información (por ejemplo, información sobre estafas financieras, negligencia profesional, condenas penales o comportamiento público de funcionarios del gobierno)»

Así se expresa Google en relación al llamado «derecho al olvido». Además el buscador ha puesto a disposición de todo aquel que quiera ejercer sus derechos un formulario bastante sencillo para reclamar ese «olvido».

En mi opinión, lo más relevante que ha hecho esta sentencia, al margen de su contenido, ha sido provocar la democratización del proceso de comunicación y reclamación a Google. Para iniciar el proceso de reclamación no es preciso pleitear ni contar con un sesudo equipo legal que nos ayude a enfrentarnos a un gigante en los tribunales.

Hay que reconocer que Google ha sido bastante ágil en poner en funcionamiento este tipo de soportes de ayuda a los usuarios, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora habrá que ver dos datos importantes: la agilidad en tramitar las reclamaciones de los usuarios (nada ha dicho Google de plazos para resolver) y también la transparencia que tiene el buscador y si informará al menos del número de reclamaciones recibidas y tramitadas. El tiempo lo dirá.

Por Juana Pulido, consultora sénior de Estudio de Comunicación España.

@juanapulido

La entrada Democratización del derecho al olvido se publicó primero en Estudio de Comunicación.