Seguro que usted, amigo lector de este blog, estará de acuerdo en que cada vez nos parecemos más a esas películas o series americanas donde un juez justiciero persigue al malo y la historia acaba con la imagen de la bandera americana ondeante. Desde luego, ya tenemos policías con cartel anunciador a las espaldas, como los del FBI; tenemos jueces estrella que filtran autos o sentencias para salir en la prensa‎; cámaras de TV apostadas en la puerta de la casa del afectado alterando la vida del vecindario y despertando la curiosidad de los viandantes que tiene que ser separados por cordones policiales; y acusados de todo tipo de delitos económicos sufriendo, unas veces justa y otras injustamente, el castigo de la mala imagen pública.

Cuando vemos en los medios este tipo de noticias, uno no puede dejar de sospechar que alguien ha preparado el gran show pues las cosas parecen demasiado organizadas, con los policías perfectamente uniformados para salir en la foto, los medios avisados antes de que tengan lugar los hechos y el continuo baile de noticias basadas en datos supuestamente confidenciales que, a pesar del “secreto del sumario” que casi siempre decretan los jueces, se suceden sin fuente conocida ni control.

En muchas ocasiones, el afectado, sea éste persona o empresa, conoce mucho menos del asunto que los propios medios , por tanto, su defensa es muy difícil. La llamada pena de telediario se convierte en estos casos en un castigo de imagen, que puede arruinar la reputación de los afectados sean culpables o inocentes.

La comunicación profesional puede ayudar a mitigar o solucionar el problema, aunque luchar en desigualdad de condiciones no lo pone nada fácil. EEUU tiene muchas cosas que imitar, pero no parece que esta de los juicios mediáticos y televisivos sea una de ellas.

Por Estudio de Comunicación España. 

@EstComunicacion

Foto: CC

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Una respuesta anticipada la dio la Asociación de la Prensa de Madrid cuando el exministro de Justicia, Gallardón, presentó una propuesta de posible texto elaborada por expertos jurídicos para incluir en su reforma del procedimiento judicial penal  (la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, para entendernos). El rechazo  de la Prensa  fue tan general como rotundo. Valgan como muestra dos titulares de las decenas de ellos publicados: “La reforma procesal penal de Gallardón supondrá la restauración de la censura” y “La comisión Gallardón permite al fiscal amordazar a la prensa”. De aquél “texto técnico” nunca jamás se supo.

Sin embargo existe un riesgo cierto y grave en estos denominados juicios paralelos para la salvaguarda de la presunción de inocencia, tan constitucional como el derecho a difundir y recibir información veraz libremente y por cualquier medio. También para que todo el proceso y el juicio consecuencia de él sean, en la más estricta acepción de la palabra, justos, pues existe la denominada alarma social,  y con  ella argumentan los jueces muchas de sus decisiones.

Sin entrar en cuestiones como el secreto del sumario, cada vez más secreto a voces, ni en las filtraciones interesadas, que provienen de casi todas las partes personadas o actuantes en un procedimiento, ni en las denuncias o querellas presentadas más con destino a la prensa que al juez, hay que insistir el daño infligido, en ocasiones irremediable, a un encausado sometido a una investigación judicial y a su juicio paralelo en los medios. En esta cárcel de papel y ahora también audiovisual y electrónica, se está casi siempre, en carencia de instancias a las que recurrir, para cumplir una condena anticipada, para asumir una pena infamante sin reinserción posible. Ésta es generalmente la realidad, por mucho que llegue el sobreseimiento o el pronunciamiento de inocencia o el más reciente derecho al olvido, ejercido hasta ahora en el sentido de “si te he visto (y te he nombrado) no me acuerdo”

Mas existe la posibilidad de las  personas físicas o jurídicas (empresas, fundaciones, instituciones, etcétera) de defenderse del desprestigio, de la mala reputación y de la inclinación, indefectiblemente al mismo lado negativo de la opinión pública, que sustenta la llamada alarma social que, evidentemente, condiciona con frecuencia las decisiones judiciales.

Uno de los firmes apoyos del Estado de derecho es que las decisiones judiciales, cuales sean, han de ser motivadas y públicas, pues en las conductas y actos sometidos a aquéllas se persigue no sólo el reproche penal sino también el social. Y a esas condiciones tiene también derecho el denunciado, el imputado y aun el condenado en sentencia no firme para su defensa ante la sociedad. Es cierto que el dedo acusador tiene más fuerza y más atención informativa, mas no hay que renunciar, sino más bien ejercer el derecho de legítima defensa también en los medios de comunicación.  Y tal vez los legisladores debieran pensar en darle mayor posibilidad de  amplificación mediante el refuerzo del derecho de rectificación en casos como los que se comentan.

Por Ramón Almendros, director de Estudio de Comunicación España.

@ramon_almendros

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Son, judicialmente hablando, aquellas investigaciones judiciales, otros sumarios en la práctica, que se derivan de la investigación de un delito principal por su conexión con él y que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal en España, han de investigarse en un solo proceso. Ejemplo: la presunta financiación ilegal del Partido Popular derivada del sumario del caso Gürtel. El término está tan de moda en los Medios de Comunicación que no nos hemos detenido demasiado en el sentido y alcance de estas piezas.

Y merece la pena considerar, precisamente, su alcance mediático, ya que todas estas investigaciones, independientes pero derivadas de otras suelen ser sobre asuntos de la mayor repercusión en la prensa, hasta el punto de que concitan en ella no ya un verdadero juicio paralelo sino la figura del instructor mediático, es decir, los informadores que no se limita a informar sino que presentan supuestas denuncias o pruebas -que raramente llevan antes al juez- relatos inculpatorios o exculpatorios, enormes cuestionarios de preguntas a realizar a los acusados e incluso informes como los de los más reputados peritos. Y, de postre, sugerencias de los pasos que ha de dar el verdadero instructor, el judicial: realización de careos, envío de comisiones rogatorias, medidas cautelares. En fin, toda la panoplia de posibles acciones que la Ley de Enjuiciamiento Criminal da a los jueces.

Desde luego, esta táctica da muchas posibilidades para llenar de contenidos muchos espacios de los medios pero, por sus fuentes, a veces de inspiración de los propios abogados de las partes, o por su finalidad (basta con ver lo contradictorias que son en muchas ocasiones las mismas teorías jurídicas en distintos medios) tienen resultados informativos bastante confusos para el lector o el espectador. Si a esto añadimos la opinión pura y dura de articulistas, tertulianos y expertos de las más variadas experiencias y afinidades, el conocimiento objetivo de los hechos y su valoración legal quedan en la imposibilidad material para el ciudadano, según la frase que se atribuye al mítico torero Rafael Guerra, sobre lo que «no puede ser, no puede ser y además de ser imposible».

Pero subjetividad y objetividad aparte, hay que reconocer lo jugoso y atractivo que resulta conocer las andanzas y líneas de defensa de las otras piezas, esas de las que los ciudadanos más prudentes calificaran de menudas piezas. Por ejemplo, Bárcenas y sus fantásticas facultades para atesorar cuentas en paraísos fiscales de decenas de millones de euros con su gran capacidad para la compra y venta de obras de arte o sus operaciones bursátiles. Por ejemplo, Millet y sus sobrenaturales dotes para convertir una institución operística de la dimensión del Liceo de Barcelona en una fuente inagotable de ingresos y de financiación de bodas y banquetes familiares. Caso llamativo es también el de Rafael Guerrero, con unas facultades inconmensurables para captar recursos de los fondos de empleo, con tanta abundancia como para que sobren para asar una vaca. Son pasajes irrepetibles de estas otras piezas.

El problema en Comunicación se plantea en la defensa ante los juicios paralelos que se producen en estas y en otros casos. Pero está claro que los procesos judiciales tienen y van a seguir teniendo una transcendencia mediática.

Por Ramón Almendros, director de Estudio de Comunicación España.

@ramon_almendros

Foto: Daniel Lobo

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Porque están los jueces que no paran y las listas se engrosan a una velocidad que hace prever la saturación de los juzgados, de las audiencias y de todos los tribunales de justicia, por muy superiores o supremos que sean. Como a alguien le dé por sacar una cuenta exacta de políticos y adláteres metidos en danza, nos vamos a quedar pasmados.

Claro que para los Medios es, no diremos un gozo, pero sí una útil complacencia a la hora de los titulares y la reproducción de los farragosos y laboriosos autos que jueces y secretarios tratan de redactar con el máximo rigor y pulcritud.  No como algunos de la Audiencia Nacional, que no consideran que alguien pueda “pegar dos tiros” a un semejante, si ese alguien no tiene la licencia de armas. Tampoco es eso.

Pero lo cierto es que la temática y retórica jurídicas copan frecuentemente las portadas de los periódicos y las cabeceras y aperturas de los informativos de radio y televisión. Es lógico, por el interés que despiertan, como también los juicios de determinados casos, prácticamente televisados en directo. Así que nos podemos preguntar, porque preguntar no es ofender,  cuándo es inclinación de nuestro ánimo para conocer unos hechos o cuándo ese interés es malsano, es decir, morboso.

Si partimos del principio de que la información, además de una actividad legítima y un derecho de los ciudadanos, ha de servir, por ello, al interés general, tenemos que convenir en que, en muchas ocasiones, es el morbo lo que nos mueve. Así con la difusión de cuestiones íntimas sin trascendencia jurídica alguna, así con el regocijo en circunstancias personales que sirven para caricaturizar negativamente a ciertos personajes que, por muy populares y antipáticos que sean, tienen aun en el caso de imputación, el derecho a la presunción de inocencia.

Y, en ese sentido, harán bien en defenderla, no sólo jurídicamente sino, también, en el terreno de la comunicación con el asesoramiento de los profesionales en esta materia. Si en la jurisdicción de lo penal el imputado tiene la posibilidad de más de una instancia, no sucede lo mismo en “la instrucción informativa y de opinión” que  sufrirá en los Medios, que se pronunciarán, casi inapelablemente, sin ni siquiera oírle y sin sujeción alguna al principio de contradicción establecido en los procedimientos legales. En ellos no existe, generalmente, una segunda instancia y aplican el viejo principio de que quien calla, otorga. Y no olvidemos que la opinión publicada influye en las decisiones judiciales más de lo que parece. Se hace pues necesario establecer una estrategia de comunicación, unas acciones informativas y los mensajes necesarios para que el imputado pueda defender “su verdad” en defensa de su imagen y para aminorar el efecto negativo que causa en su entorno profesional, social y personal la noticia de su imputación.

Porque los imputados no pararán  en su involuntaria danza mientras no pare la música informativa. Y lo cierto es que maldita la gracia que les hace ese baile. Porque un imputado es, en términos jurídicos, “una persona cuya conducta presenta indicios racionales de la comisión de un delito”, pero en términos lingüísticos, algo más amplio: “ser responsable de un hecho o una conducta reprobable”, penalmente, claro, que de eso estamos hablando.

Alguno hace penitencia peregrina por adelantado, otros ostentación de actos benéficos y la mayoría un ejercicio pertinaz de sepulcral silencio. Porque el imputado sufre personal y socialmente y lleva en sus adentros una condena anticipada. Y, aunque recordar esto pueda no ser informativamente correcto, es la realidad. Pagan antes de ser condenados, si lo son, y, doblemente, si son considerados inocentes.

La sociedad tiene derecho a conocer cómo se comportan, sobre todos, los servidores públicos y sus representantes electos, y es tal la abundancia de casos que los ciudadanos estamos escandalizados.

Lo peor es que tenemos la sensación de que existe un manto protector y corporativo de la clase política con pocas explicaciones y escaso propósito de enmienda. Error, inmenso error, que no hace sino aumentar la desconfianza y la desafección. Será, como dicen los ‘malpensantes’, que son quienes suelen acertar, que poco o nada pueden explicar. Y, realmente, como en todos los órdenes de la vida, es mucho mayor el número de personas honradas, paradójicamente las más perjudicadas y, en consecuencia, las más obligadas moralmente a dar un paso adelante, aunque no sea nada fácil ponerle el cascabel a este tramposo gato.

Y ahí está la capacidad de comunicación, de explicar, de dar cuenta, de señalar las manzanas podridas y enseñar cómo se separan de la cesta. Capacidad para la autocrítica, el reconocimiento de errores y el ejercicio de pedir perdón, pues nadie puede aspirar a ser perdonado sin que medie petición. Serán estas personas  quienes ganen la legitimidad del poder con capacidad de ostentarlo y no de detentarlo en provecho propio y en perjuicio de los ciudadanos.

Creo que fue el dramaturgo francés Pierre de Corneille quien dijo aquello de que conviene que quien todo lo puede haya de temerlo todo, y en eso, afortunadamente,  los Medios no cerrarán la boca, aunque no siempre acierten en sus informaciones y opiniones. Por eso los imputados, políticos y adláteres principalmente, están, bien a su pesar, en esa diabólica e inacabable danza que recreaba Sidney Pollack en su famosa película, mientras  el público morboso se divierte.

Ramón Almendros, director de ESTUDIO DE COMUNICACION. España.

@RamonAlmendros

Puede ver aquí la reseña impresa.

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El libro, editado por la Fundación Wolters Kluwer, recoge las intervenciones de los ponentes en las jornadas que, bajo el mismo lema, organizó la Fundación Fernando Pombo el  verano de 2012 en la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander. En ellas estuvo presente Estudio de Comunicación, representada por Ramón Almendros, que desarrolló su ponencia sobre “El imputado en los Medios de Comunicación”.

Al acto de presentación del libro, presidido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, asistieron la mayoría de los ponentes, como el Fiscal General del Estado,  Eduardo Torres- Dulce, el Presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y otros destacados miembros de la judicatura y la abogacía. Los periodistas estuvieron representados por la Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Carmen del Riego.

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INVERTIA, 25/05/2011.-

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Nada menos que todo un peso pesado de la política económica internacional, el ya ex director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss- Kahn, está siendo, muy a su pesar, el causante de que se reavive una polémica nunca zanjada: la de los juicios paralelos en los medios de comunicación.

Las imágenes de un desolado y desaliñado Strauss-Kahn en el banquillo de los Juzgados, por un presunto delito de agresión sexual a una camarera del hotel neoyorquino donde se alojaba, han dado la vuelta al mundo. Gran parte de la clase política francesa está consternada y no da crédito. A algunos sólo les falta rasgarse las vestiduras y lanzan acusaciones, según publicaba el País recientemente, como la de “asesinato mediático”, “exhibición organizada” o “destrucción deliberada” al referirse a las imágenes emitidas, incluso por la TV francesa cuando la ley allí lo prohíbe, de DSK esposado y detenido por trajeados policías norteamericanos.

Dominique Strauss-Kahn ha sido acusado formalmente por un gran jurado de los cargos presentados por la fiscalía de Nueva York por abusos sexuales e intento de violación. Y, aunque ya ha conseguido la libertad condicional, DSK se enfrenta ahora a una agónica espera hasta que se celebre el juicio. Sus pasos serán seguidos por fotógrafos y cámaras de TV a la busca y captura de la mejor instantánea. La prensa, ya lo está haciendo, intentará no sólo destapar la agitada vida sexual del ex dirigente del FMI sino también dar cuenta de cualquier otra cuestión relacionada con su cargo y trayectoria profesional que pueda resultar de interés público en estos momentos.

La Defensa de DSK ha dicho que su único interés es “limpiar su nombre». Y, desde luego, va a tener que empeñarse a fondo no sólo en el estrado sino también ante la Opinión Pública. Algo parecido, en ocasiones y salvando las diferencias, les pasa a las empresas y sus dirigentes ante procesos judiciales de alta repercusión pública que tienen que afrontar. Culpables o no, eso queda para los jueces, tienen que lidiar antes con la “pena de telediario” que es una severa condena por la que su imagen pública puede quedar seriamente dañada durante un litigio.

En la actualidad nadie duda de que la imagen y la reputación son valores estratégicos y fundamentales para las compañías y sus equipos de dirección. Valores que durante un proceso judicial pueden deteriorarse para siempre y, lo que es peor, estigmatizar de por vida a quienes se enfrentan a este tipo de situaciones, aún siendo finalmente declarados inocentes. Si además sumamos la repercusión que tienen las noticias en Internet, que se tramiten de manera instantánea y dejan huella durante mucho tiempo, el problema lejos de achicarse se agranda cada día.

Las empresas, sus directivos, cuando se enfrentan a un proceso jurídico se enfrentan a una materia que ya no está sólo en manos de los abogados. Porque el juicio mediático, además del daño que hace en si mismo, suele ser antes y paralelo al de toga con lo que para un juez, aún dando por sentada su capacidad de independencia en sus dictámenes, no tiene que resultar nada “cómodo” dictar sentencia en medio de una gran presión mediática y de Opinión Pública.

La comunicación empresarial en situaciones de litigios, o litigations, por usar el término anglosajón, requiere, al igual que la Defensa Jurídica, un planteamiento estratégico para gestionar la inevitable demanda de información por parte de los Medios; determinar a qué otros públicos, además de a los propios Medios, hay que hacerles llegar la información; articular un argumentarlo de defensa pública, reaccionar y actuar de la manera más adecuada ante los rumores, imprecisiones o falsedades que puedan ser difundidos… En definitiva, proteger al máximo posible la imagen del “presunto inocente”, hasta que se dicte la sentencia.

La entrada Comunicación de "litigations": Presuntamente inocentes se publicó primero en Estudio de Comunicación.

INVERTIA, 25/05/2011.-

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Nada menos que todo un peso pesado de la política económica internacional, el ya ex director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss- Kahn, está siendo, muy a su pesar, el causante de que se reavive una polémica nunca zanjada: la de los juicios paralelos en los medios de comunicación.

Las imágenes de un desolado y desaliñado Strauss-Kahn en el banquillo de los Juzgados, por un presunto delito de agresión sexual a una camarera del hotel neoyorquino donde se alojaba, han dado la vuelta al mundo. Gran parte de la clase política francesa está consternada y no da crédito. A algunos sólo les falta rasgarse las vestiduras y lanzan acusaciones, según publicaba el País recientemente, como la de “asesinato mediático”, “exhibición organizada” o “destrucción deliberada” al referirse a las imágenes emitidas, incluso por la TV francesa cuando la ley allí lo prohíbe, de DSK esposado y detenido por trajeados policías norteamericanos.

Dominique Strauss-Kahn ha sido acusado formalmente por un gran jurado de los cargos presentados por la fiscalía de Nueva York por abusos sexuales e intento de violación. Y, aunque ya ha conseguido la libertad condicional, DSK se enfrenta ahora a una agónica espera hasta que se celebre el juicio. Sus pasos serán seguidos por fotógrafos y cámaras de TV a la busca y captura de la mejor instantánea. La prensa, ya lo está haciendo, intentará no sólo destapar la agitada vida sexual del ex dirigente del FMI sino también dar cuenta de cualquier otra cuestión relacionada con su cargo y trayectoria profesional que pueda resultar de interés público en estos momentos.

La Defensa de DSK ha dicho que su único interés es “limpiar su nombre». Y, desde luego, va a tener que empeñarse a fondo no sólo en el estrado sino también ante la Opinión Pública. Algo parecido, en ocasiones y salvando las diferencias, les pasa a las empresas y sus dirigentes ante procesos judiciales de alta repercusión pública que tienen que afrontar. Culpables o no, eso queda para los jueces, tienen que lidiar antes con la “pena de telediario” que es una severa condena por la que su imagen pública puede quedar seriamente dañada durante un litigio.

En la actualidad nadie duda de que la imagen y la reputación son valores estratégicos y fundamentales para las compañías y sus equipos de dirección. Valores que durante un proceso judicial pueden deteriorarse para siempre y, lo que es peor, estigmatizar de por vida a quienes se enfrentan a este tipo de situaciones, aún siendo finalmente declarados inocentes. Si además sumamos la repercusión que tienen las noticias en Internet, que se tramiten de manera instantánea y dejan huella durante mucho tiempo, el problema lejos de achicarse se agranda cada día.

Las empresas, sus directivos, cuando se enfrentan a un proceso jurídico se enfrentan a una materia que ya no está sólo en manos de los abogados. Porque el juicio mediático, además del daño que hace en si mismo, suele ser antes y paralelo al de toga con lo que para un juez, aún dando por sentada su capacidad de independencia en sus dictámenes, no tiene que resultar nada “cómodo” dictar sentencia en medio de una gran presión mediática y de Opinión Pública.

La comunicación empresarial en situaciones de litigios, o litigations, por usar el término anglosajón, requiere, al igual que la Defensa Jurídica, un planteamiento estratégico para gestionar la inevitable demanda de información por parte de los Medios; determinar a qué otros públicos, además de a los propios Medios, hay que hacerles llegar la información; articular un argumentarlo de defensa pública, reaccionar y actuar de la manera más adecuada ante los rumores, imprecisiones o falsedades que puedan ser difundidos… En definitiva, proteger al máximo posible la imagen del “presunto inocente”, hasta que se dicte la sentencia.

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