Transparencia, información y supervisión son tres vértices en la actividad de las empresas que influye en su reputación, percepción de imagen y relación con sus diversos stakeholders. Son fundamentos en su actividad que, sin estar cuantificados taxativamente en su balance de resultados, son parte de su valor añadido, índice de confianza y abren o cierra la puerta a las criticas o juicios de valor. 

Para cumplir con su labor de transparencia supervisora, numerosas instancias, desde las jurídicas, pasando por las financieras como el Banco de España o CNMV, hasta las competenciales como la CNMC, trabajan a diario poniendo la lupa en los diversos ámbitos de actividad empresarial para garantizar su funcionamiento, convirtiéndose en los árbitros de estas realidades.

Sus resoluciones se publican en los sitios web de las distintas autoridades, se cuelgan en las redes sociales y sus departamentos de comunicación, cada vez más, difunden notas de prensa para dar detalle puntual de sus actuaciones. En definitiva, son un ecosistema de entidades de control muy activo en comunicación que, en casos concretos, como el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia destaca por una actividad diaria que le ha hecho, año tras año, ganar en notoriedad y presencia mediática.

Repasando dos de los últimos meses, sólo el mes de mayo de 2021, la CNMC autorizó 14 operaciones de concentración y acordó el inició de la segunda fase en otras dos fusiones. El pasado junio, el Tribunal de Cuentas presentaba en el Senado el informe en el que cifraba en 1.084,5 millones de euros la cuantía de las sanciones de la CNMC que estaban pendiente de recaudar, y entidades bancarias en proceso de fusión, grandes tecnológicas como Apple y Amazon y empresas de todos los sectores y tamaños están en su foco.

Además, al margen de que una compañía sea definitivamente multada o no, o de las diferentes fases en las que se encuentre un expediente abierto por este organismo, la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) permite realizar inspecciones en «despacho, oficina, dependencia o lugar, cuando exista una sospecha razonable de que en los mismos puedan existir pruebas o documentación relevante para los hechos objeto de inspección». Una diligencia que, de darse, genera una convulsión en el interior y exterior de una organización. Como es lógico, los empleados quedan desconcertados ante esta pesquisa y los Medios pueden llegar a hacerse eco de estos hechos.

Todos estos movimientos que, afortunadamente, debemos considerar que reflejan la salud de nuestro sistema económico-empresarial podría decirse que más que rectilíneos conllevan un trazado lleno de curvas y requieren definir una estrategia de comunicación que nos sirva para afrontar el viaje y mantener la distancia de seguridad.

Tras la apertura de un expediente por parte del organismo competencial, en muchas ocasiones, no solo una operación empresarial puede estar comprometida, sino que, en mayor o menor medida, y dependiendo de los hechos concretos y la notoriedad de compañía, su reputación puede verse afectada por informaciones donde se levanten dudas sobre sus prácticas y actuaciones. Y, de manera similar a la llamada pena de telediario que se vive en los procesos jurídicos mediáticos, se abre un calendario de fases, alegaciones y resoluciones que puede durar meses, contar con el efecto sorpresa y tener, al final, consecuencias positivas o negativas en la reputación y en la actividad de la compañía.

La mejor manera de afrontar estas situaciones desde el punto de vista de la comunicación es poniéndose el sombrero de la crisis, ser preventivos y trabajar en colaboración con el equipo jurídico para definir nuestra estrategia de comunicación, escenarios y mensajes en función de las fases en las que nos encontremos. Teniendo siempre en cuenta que los tiempos los manejan ellos y no nosotros, por lo que sus redes sociales y web se convertirán en nuestros “favoritos”.

Hay dos aspectos importantes en este trabajo. Por un lado, el tono técnico y legal que suelen tener estas actuaciones requiere ser didácticos y a la vez rigurosos si queremos que los Medios y otros públicos entiendan nuestros planteamientos. Por otro lado, medir las fuerzas, la empresa debe de entender que no está siendo juzgada, sino que la labor de supervisión a la que se ve sometida forma parte del sistema, del equilibrio de fuerzas que aceptamos y al que contribuimos. Pues, al final, nosotros somos parte de ese mercado que se regula y, en ocasiones, somos analizados, pero en otras somos beneficiados, directa o indirectamente, por lo que esta autoridad puede defender y afecta a nuestro sector.

En cierto modo, detrás de estos trabajos de comunicación, donde aplicamos control de daños, es importante la meta pero también el proceso. En resumen, ir aplicando una de las palabras más de moda, resiliencia, en la medida que trabajaremos desde la comunicación no solo pensando en ganar sino afrontando las diversas fases, las dificultades, gestionando conflictos y superando etapas. Consiguiendo, al menos, que nuestra reputación, a lo mejor no gana la carrera, pero sí, empata o empatiza.

@Arodriguezgas

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El legislador en su anteproyecto toma en consideración una realidad incontestable: la transmisión indiscriminada del contenido de un procedimiento a la opinión pública anula en la práctica el derecho a la presunción de inocencia. Por eso, prevé una nueva regulación de la publicidad de las actuaciones de modo que los órganos gubernamentales y policiales no estarán autorizados a transmitir a los medios de comunicación datos de un proceso en curso, algo para lo que solo estará potestada la fiscalía.

Junto a ese planteamiento fundamental, hay otras cuestiones también importantes. La más relevante, que los partidos políticos y los sindicatos no estarán facultados para ejercer la acusación particular. En vista de la instrumentalización de la justicia que unos y otros hacen, precisamente para conseguir la pena de telediario contra sus adversarios, creo que esto es netamente positivo.

También la LeCrim introduce precisiones léxicas al atribuir adjetivos diferentes para distintas situaciones procesales de las personas: encausada (sometida al procedimiento en cualquiera de sus fases) investigada (cuando se la somete a investigación), acusada (cuando se ejerce la acción penal contra ella) y condenada. Esta precisión en el lenguaje es muy positiva pero no nos debemos olvidar de que los medios de comunicación siguen hablando de “imputados” pese a que hace años han pasado a denominarse técnicamente “investigados”.

El malestar corporativo de la profesión periodística a los aspectos comunicacionales de este anteproyecto no se ha hecho esperar. Tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas, como la Asociación de la Prensa de Madrid o Reporteros sin Fronteras han criticado la medida. A mí, por el contrario, viendo el asunto desde la perspectiva de haber tenido que defender con frecuencia y con muchísima dificultad la reputación de corporaciones y personas, me parece que la dirección apuntada por la LeCrim es buena, sería incluso perfecta si viviéramos en un mundo perfecto.

Desgraciadamente no es así. Hasta hoy, hemos visto como de manera interesada son muchas las ocasiones en las que se filtran informes policiales o se propicia una desmedida cobertura de una actuación inicial que, finalmente, no concluye en nada, salvo en el deterioro de la imagen del “investigado” cuya posterior exculpación no alcanza, la mayor parte de las veces, la más mínima cobertura informativa.

Si la nueva LeCrim entra en vigor con la formulación que tiene en el anteproyecto, tendremos que confiar en que los fiscales actuarán de forma totalmente independiente y que desde las fiscalías no se filtrará ningún documento ni se decidirá transmitir datos del procedimiento por razones espurias ¿Será siempre así? Podemos dejar una línea de puntos para que cada uno rellene la respuesta que le parezca más apropiada. Sin embargo, creo que un buen planteamiento de las cuestiones es siempre positivo y beneficioso a la larga, aunque por el camino nos tropecemos eventuales con malas praxis.

Alberto Mariñas. Socio. Estudio de Comunicación
@amarinas

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Confilegal.- 

Hoy, en nuestra sociedad de medios de comunicación y redes sociales rampantes, esa frase amplía su significación porque muchas empresas y particulares han tenido que vivir la triste experiencia de ganar un pleito, pero perder la reputación o dejarla muy maltrecha a lo largo del proceso judicial.

Pero ¿cómo es posible que un juez te dé la razón y la opinión pública te condene?

Sin duda, la respuesta está en la asincronía de los procesos judicial e informativo y en la instrumentación de la justicia como arma de comunicación que hacen, cada vez más, un creciente número de sujetos particulares, empresariales o políticos.

Mucho antes de que un juzgado sea capaz de mover un folio de un despacho a otro, los medios de comunicación y las redes sociales pueden haber generado ríos de tinta cargados de intencionalidad y prejuicios, a veces impulsados por papeles bajo secreto de sumario que se filtran impunemente.

Para cuando el asunto llegue a la vista, no digamos a la sentencia, millones de ciudadanos tendrán ya una opinión contra una de las partes, la temida “pena de telediario” que, a diferencia de la judicial, no es recurrible ante una instancia más alta.

La lista de inocentes legales condenados comunicativamente se incrementa día a día. La alimentan, por un lado, demandantes que llegan a los tribunales con procesos judiciales espurios para coaccionar al demandado con la amenaza de perjudicar su reputación. 

Y, por otro, aquellos que, aun teniendo una base legal, pretenden conseguir más de lo que un tribunal les concedería y conseguirlo mucho más rápido.

Una estrategia de acoso y derribo en los medios de comunicación puede forzar al demandado a pactar para evitar que la reputación de su marca se erosione en un largo proceso.

NO HAY ASUNTOS NI ENEMIGOS PEQUEÑOS

Hoy en día no hay enemigo pequeño. Cualquiera tiene opciones de conseguir montar un asunto público casi de cualquier cosa.

Cuando no lo puede hacer a través de los medios de comunicación “serios” puede recurrir a los programas sensacionalistas y/o a la jauría de las redes sociales.

Al final cientos de empresas ven su reputación a los pies de los caballos, muchas veces por asuntos absolutamente manipulados, proceso judicial mediante.

Para luchar contra la pena de telediario hay que preparar la defensa del caso desde el principio en dos frentes, legal y comunicativo, y hacerlo de manera simultánea.

La mayoría de los equipos legales y de las empresas entienden las ventajas de hacerlo así, pero algunos todavía no.

Prefieren ahorrarse los trabajos de comunicación sin ser conscientes de los costes reputacionales –a veces con honda repercusión económica– que puede conllevar el perder la batalla de la opinión pública, aunque acaben ganando el caso judicial…mucho tiempo después.

¿Hay que preparar la estrategia de comunicación solo en los asuntos predestinados a tener un alto perfil?

En realidad, no solo en esos ya que con los canales disponibles hacen que casi cualquier caso sea susceptible de aparecer en los medios o difundirse en las redes sociales.

Pensemos, por ejemplo, en una demanda laboral de un par de empleados.

No parecería a priori un caso de alto perfil.

Sin embargo, si los empleados acusan a la empresa, por ejemplo, de poner en peligro su salud por las condiciones del puesto de trabajo y construyen una historia lacrimógena puede que consigan que un programa matinal de TV haga un reportaje de interés humano… y que la empresa se vea en medio de un lío importante, susceptible de pasar a las redes sociales y dañar su reputación.

DEFENSA DEL CLIENTE FRENTE A LA PENA DE TELEDIARIO

¿Se puede hacer realmente algo frente a la pena de telediario?

Afortunadamente, la respuesta es sí.

Si empresa y equipo jurídico están dispuestos, hay armas para frenar o contrarrestar la difusión de los argumentos de la parte demandante. Las estrategias de defensa comunicativa son muchas.

La más agresiva pasaría por tomar la iniciativa en el proceso de comunicación para ser los primeros en contar el caso con un planteamiento muy periodístico que, además, desacredite los argumentos de la demanda y sus intenciones. Es una estrategia extrema que hay que saber cuándo y cómo usarla.

Pero hay muchas otras estrategias y medidas tácticas posibles:

• Identificar las debilidades perceptuales del caso que pueden ser utilizadas contra la empresa o la marca y las de la demanda para preparar un relato alternativo y ventajoso.
• Desarrollar una interlocución proactiva con los medios para transmitir la visión de la empresa, corregir los posibles errores y aclarar las intoxicaciones interesadas que la otra parte filtre a lo largo del proceso.
• Definir con el equipo legal todos los posibles escenarios procesales y preparar los mensajes y acciones para cada uno de ellos.
• Detectar los movimientos mediáticos del contrario para contrarrestarlos.
• Hacer una formación de portavoces ad hoc para el responsable de contar el caso.
• Acompañar a la empresa en su comparecencia ante el juez para darle cobertura frente a los medios y las posibles provocaciones organizadas por la otra parte.
• Mantener una monitorización activa de medios y RRSS para tener alertas tempranas de posibles amenazas.

Poner todo esto en marcha, supone una defensa proactiva de la reputación de la persona, la marca o la compañía afectada  y, por su complejidad, requiere una estrecha colaboración con el equipo jurídico y disponer del tiempo que proporciona haber empezado a preparar la defensa tan pronto como el caso comienza.

Alberto Mariñas, socio en Estudio de Comunicación.

@amarinas

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Una vez más, nos encontramos ante un caso de la llamada ‘pena de telediario’ que tanto ha afectado a la integridad moral de este empresario y de otras muchas personas en todo el mundo.

No voy a entrar en más detalles del ‘culebrón’ porque me parece, cuanto menos, una pérdida de tiempo. Pero sí quiero dedicarle unas líneas al asunto plasmando objetivamente una cierta satisfacción por la investigación del caso, igual que hace nueve meses, otros dedicaron páginas y páginas a destruir a un personaje, al fin y al cabo, un ciudadano español, presuntamente inocente, hasta que se demuestre lo contrario.

Las conclusiones a las que han llegado en la actualidad los expertos designados en todos los ámbitos, se basan en los análisis realizados por los especialistas que han estado investigando el caso bajo la coordinación de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional y a la tutela de las magistradas implicadas en el caso.

Ahora, pensando en la enjundia del proceso y en cuánto puede llegar a influir, desequilibrar, dañar o destrozar una vida, una vez que está expuesta en los Medios de Comunicación quiero, sencillamente, como periodista y profesional de la comunicación, romper una lanza y hacer un humilde alegato a la justicia y al derecho a la presunción de inocencia.

Nos apoya y acompaña en este nuevo año que comenzamos la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita la instrucción judicial a seis meses para las causas sencillas y 18 para las complejas para poner fin a las ‘penas de telediario’. Se sustituye el término ‘imputado’ por ‘investigado’ en la fase de instrucción, que pasará a denominarse ‘encausado’.

Estas medidas -sin que se prohíba la toma y publicación de imágenes por parte de los medios de comunicación- abogarán por el respeto a la imagen e intimidad de una persona durante una detención e intentarán acabar así con las denominadas ‘penas de telediario’ que sufren muchas personas antes de ser juzgadas.

Ayudemos en todo lo posible y trabajemos dentro de la ética, la objetividad y el ejercicio digno de nuestra profesión.

Victoria Magro, consultora sénior de Estudio de Comunicación. España

@VictoriaMagro

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Efectivamente, además de reducir plazos de instrucción, esta reforma amplía la regulación de la intervención y el registro de algo tan del siglo XXI como las comunicaciones telefónicas y telemáticas (whatsapp, sms o correos electrónicos) e introduce por primera vez el uso de troyanos (software de vigilancia) en los dispositivos electrónicos sin que el titular tenga conocimiento de estar siendo vigilado. Siempre, eso sí, previa autorización judicial. Asimismo, se extiende a nuevos delitos la figura del agente encubierto en internet, que es la versión 2.0 del clásico infiltrado, una reivindicación de quienes persiguen la protección del menor en las redes y que servirá también para seguir la pista de los captadores de combatientes terroristas, entre otros.

Y puestos a modernizar, los legisladores han decidido legislar sobre algo tan actual como la pena del telediario o lo que podríamos llamar pena de titular. Por un lado, nos cambian el vocabulario. Artur Mas o Rodrigo Rato dejarán de ser “imputados” para ser “investigados”. Al menos hasta que el juez, acabada la instrucción, “impute formalmente la comisión de un hecho delictivo concreto” y, entonces sí, pase a llamarse “encausado”, “acusado” o “procesado”. El intento no está mal y muchos agradecerán no verse relacionados con el apellido imputado en un titular o en las tertulias. Pero en un país en el que a los poderosos (principalmente políticos, pero también empresarios o personajes de la farándula como Isabel Pantoja) la ley les otorga el derecho a la presunción de inocencia pero la opinión pública el de la culpabilidad, será difícil que la palabra investigado no se contamine de la misma connotación negativa y lleve implícita la sospecha la cuarta vez que los diarios la empleen. Si no, hagan el ejercicio e imaginen qué les viene a la cabeza si leen en un periódico que alguien hasta ahora ajeno a cualquier caso de corrupción o delito alguno es “investigado por blanqueo de dinero” o por estafa o por cualquier otra cosa.

El segundo cambio es para proteger la imagen, el honor y la intimidad de las personas durante una detención, es decir, la pena de telediario. La ley introduce un artículo por el que se establece que la detención y la prisión provisional deberán practicarse “de la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio (…), con respeto al derecho fundamental a la libertad de información”. Las asociaciones de prensa han criticado desde el inicio esta medida porque estiman que si un personaje de relevancia pública es detenido el público tiene derecho a saber. Y no les falta razón, si bien en este punto volvemos a la presunción de culpabilidad. En cuanto vemos a alguien con las esposas o la mano de un policía sobre la nuca damos por hecho que el juez ha visto algún indicio y ya no hay perdón. Pero el problema no es esa primera foto. El problema es que si finalmente el juez decide absolverlo de todo pecado no hay otra imagen que contrarreste la que ha quedado en el imaginario colectivo.

Por Elena Marín, consultora sénior de Estudio de Comunicación. España

@_elena_marin_

La entrada Ley criminal 2.0 se publicó primero en Estudio de Comunicación.

¿Sucederá algún día, de esos en los que se realizan detenciones de personajes famosos del mundo de la política o  la farándula, o de esosotros  en los que se producen imputaciones (pronto  sólo investigaciones)  por un rosario de presuntos delitos,  que estas noticias pasen en las televisiones sin pena, entendida como castigo a los autores de un delito?

¿Sucederá que la tutela judicial  efectiva  impida la indefensión de estos “noticiables” haciendo respetar  su  imagen y su presunción de inocencia y se imponga esta tutela a la libertad informativa de los ciudadanos a recibir información veraz  y a la publicidad de las actuaciones judiciales?

Al menos nuestros legisladores se afanan en luchar contra la llamada pena de telediario para que así suceda, pena que  sufren detenidos e imputados  irreversiblemente en  los informativos de  televisión, por más que un tribunal declare después su  inocencia..

El Congreso ha enmendado el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal con un añadido  para tal fin (enmienda transaccional en lenguaje parlamentario) que dice  que, en las detenciones, “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen (del detenido) en el momento de practicarse, así como en los traslados ulteriores”. ¿Y por qué no en todos los mementos del procedimiento? Parece así que, hasta ahora,  esos derechos no existieran.  De los del imputado, transformado por mor sólo de la palabra en “investigado”, nada se dice.

Total, que del parto de los montes salió un ratón. Nada en la protección de derechos que no debiera haberse hecho desde la existencia de la Constitución y nada que no vaya a seguir haciéndose, como, por ejemplo,  la revelación de los sumarios declarados secretos, sin que nadie lo impida.

Salvo que el  correspondiente funcionario judicial o policial  deje de avisar a las televisiones y los policías dejen de esposar a los detenidos abriéndoles la puerta del coche como servicial chófer rogándole amablemente que tengan cuidado en no autolesionarse, no se evitarán espectáculos como el reciente de la detención de Rodrigo Rato para trasladarlo los 300 metros que separan su domicilio de su despacho para “presenciar” su registro.

Qué pena entonces, porque el  llamado “periodismo de investigación” perderá muchas jornadas de gloria.

Por Ramón Almendros, director de Estudio de Comunicación España.

@ramon_almendros

La entrada Telediario sin pena… ni gloria se publicó primero en Estudio de Comunicación.

Después de algunos dimes y diretes parece que el disparo esta mejor centrado y la nueva legislación que ya se discute en el Congreso de los Diputados pone la obligación en las autoridades que deben ser quienes protejan al detenido y no condenado de la llamada «pena de telediario» por la cual la simple imagen de‎ una persona esposada o conducida por la policía le condena ante la opinión pública y divulga una imagen que le acompañará de por vida.

Probablemente el problema es que cada caso es diferente y que cada situación requiere un tratamiento distinto. Pero el simple hecho de que la ley llame la atención sobre el asunto y exija a las autoridades que actúen con celo y protegiendo la presunción de inocencia, probablemente evite la tentación de hacer espectáculo con los detenidos. Espectáculo demasiado habitual, por el cual se cita a los periodistas para que inmortalicen la detención y se adorna con policías vestidos para el efecto con toda una parafernalia digna de Hollywood. Solo con eso habremos dado un paso positivo.

Por Estudio de Comunicación España.

@EstComunicacion

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Seguro que usted, amigo lector de este blog, estará de acuerdo en que cada vez nos parecemos más a esas películas o series americanas donde un juez justiciero persigue al malo y la historia acaba con la imagen de la bandera americana ondeante. Desde luego, ya tenemos policías con cartel anunciador a las espaldas, como los del FBI; tenemos jueces estrella que filtran autos o sentencias para salir en la prensa‎; cámaras de TV apostadas en la puerta de la casa del afectado alterando la vida del vecindario y despertando la curiosidad de los viandantes que tiene que ser separados por cordones policiales; y acusados de todo tipo de delitos económicos sufriendo, unas veces justa y otras injustamente, el castigo de la mala imagen pública.

Cuando vemos en los medios este tipo de noticias, uno no puede dejar de sospechar que alguien ha preparado el gran show pues las cosas parecen demasiado organizadas, con los policías perfectamente uniformados para salir en la foto, los medios avisados antes de que tengan lugar los hechos y el continuo baile de noticias basadas en datos supuestamente confidenciales que, a pesar del “secreto del sumario” que casi siempre decretan los jueces, se suceden sin fuente conocida ni control.

En muchas ocasiones, el afectado, sea éste persona o empresa, conoce mucho menos del asunto que los propios medios , por tanto, su defensa es muy difícil. La llamada pena de telediario se convierte en estos casos en un castigo de imagen, que puede arruinar la reputación de los afectados sean culpables o inocentes.

La comunicación profesional puede ayudar a mitigar o solucionar el problema, aunque luchar en desigualdad de condiciones no lo pone nada fácil. EEUU tiene muchas cosas que imitar, pero no parece que esta de los juicios mediáticos y televisivos sea una de ellas.

Por Estudio de Comunicación España. 

@EstComunicacion

Foto: CC

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