Hubo un tiempo en el que internet y sobre todo en las redes sociales se campaba como por un Oeste sin ley, cada uno era libre de expresar su opinión en el grado que fuera, la mayoría escondidos tras una identidad falsa, sin asumir las consecuencias que tales acciones hubieran tenido en la vida real. Sin embargo, parece que esto se ha terminado en España. Hoy el Grupo Tecnológico de la Brigada de delitos informáticos de la Policía Nacional patrulla por la red, del mismo modo que la Local lo hace por la calles, y estamos presenciando como en los juzgados cada vez abundan más las denuncias relacionadas con temas de la red.
La última de ellas, y pionera en su ámbito, es la interpuesta por un juez de lo Penal a un joven, por un delito de injurias a través de las redes sociales contra Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno en Madrid.
La historia comenzó con una denuncia presentada por la Delegada del Gobierno en mayo de 2012, a raíz de haber recibido multitud de amenazas e insultos hirientes por Twitter. La investigación de la policía pudo descubrir quién era el impulsor, aunque este se ocultaba tras una identidad falsa, y fue detenido dos meses después de que la denuncia fuese interpuesta.
El castigo al joven ha consistido en una multa de 300 euros, 1.000 euros de indemnización, el pago de las costas del juicio y además tuvo que pedir perdón a Cifuentes en la propia sala de vistas. La condena incluye la orden de cerrar todas las cuentas de Twitter, Facebook y los blogs en los que difundió los mensajes.
Podía haber sido peor de no ser por el acuerdo de su abogada con la Fiscalía y la acusación particular, ya que en un principio se pedían cuatro años de cárcel para el acusado.
La sentencia también indica que el joven podrá abrirse nuevos perfiles en las redes sociales, pero seguro que de ahora en adelante se lo piensa mucho antes de pulsar “enviar tuit”.
Por Silvia Rodríguez, consultora de Estudio de Comunicación España.
@Silvirs
