En este artículo, el director de Estudio de Comunicación expone que para combatir la comunicación perjudicial que puede desprestigiar a nuestra empresa, lo más importante es saber ofrecer «una comunicación sólida y serena, con una información rotunda y veraz«.

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Por poner algunos ejemplos, en informaciones u opiniones publicadas sobre las necesidades financieras de nuestra banca pueden comprobarse diferencias de decenas de miles de millones de euros, que han llegado hasta un 300 % de unos datos sobre otros. También el planteamiento de crecimiento frente al de austeridad, como si ambos fueran antagónicos y no complementarios, como lo son. El uno y la otra han de estar en estrecha correspondencia para que la mejora de nuestra economía no consista sólo en recortes de gasto pero tampoco en un crecimiento a ultranza sin el necesario y riguroso saneamiento que posibilite crecer sólida y sosteniblemente. No debemos volver a crear un ídolo con pies de barro que se nos estrelle contra el suelo a la primera exigencia de los mercados.

La economía creadora de riqueza se fundamenta en la confianza, hasta el punto de que no se conoce actividad económica alguna cuyo buen resultado se dé sin su existencia. Por eso es un ejercicio de irresponsabilidad destruirla y generar desconfianza cuyo objetivo es, a veces, perjudicar a una empresa, a un país o a un entorno económico en beneficio de otro. Es una táctica tan antigua que suele conllevar una trampa. Lo que sorprende es la facilidad con la que podemos caer en ella, aun con la mejor intención, periodistas, medios y líderes de opinión por tratar de ofrecer una supuesta primicia, una exclusiva o un punto de vista más o menos original o brillante.

Pongamos también casos ilustrativos como, por ejemplo, el vaticinio poco afortunado de un prestigioso economista norteamericano, Paul Krugman, nada menos que premio Nobel de Economía, que, en términos más que confusos, especuló hace algún tiempo sobre un “corralito argentino” en España para el mes de julio. Nos faltó tiempo para hacernos eco de tan nefasto pronóstico sin pararnos a pensar que tal situación se produjo en el país sudamericano por la imposible coexistencia de dos monedas, el peso y el dólar, con intereses contrapuestos entre quienes apostaban por una u otra. No es, ciertamente, el caso de España por lo que someter a un juicio crítico tal aseveración, no estaría de más. Sólo el ministro Montoro salió en su momento al paso.

Otro ejemplo es la afirmación del economista Nouriel Rubini de que España puede terminar como Grecia, tesis a la que se ha abonado algún político español. Quien predijo una y otra vez y durante varios años una crisis financiera mundial, hasta terminar concretándola en su libro Riesgo de un Colapso Financiero, hace ahora una predicción mucho más concreta que, con elementos objetivos en el análisis, no parece contar con un índice de probabilidad estimable. Y a los analistas de prestigio como él corresponde separar la inapreciable probabilidad (el cálculo de probabilidades existe) de la posibilidad de que tal predicción se cumpla. De hecho el propio Rubini ya ha sentado el principio económico de que las crisis no son la excepción sino la norma. Esperemos que acierte con la última de sus predicciones de que la tragedia griega está viviendo su último acto.

No se trata en absoluto de predicar una filosofía de camuflaje de los problemas de nuestra economía y nuestra sociedad y sí de evitar el catastrofismo innato de nuestra forma de ser. La información crítica no debe consistir en magnificar un problema sino en ponderarlo con responsabilidad. Si lo dimensionamos correctamente evitaremos su agravamiento y será menos difícil su solución.

Especulaciones informativas y rumores sin fundamento hacen un daño difícilmente reparable a nuestra economía y a nuestros agentes económicos, sean bancos, empresas, instituciones, etcétera. Pensemos por ejemplo en cómo se mueve la prima de riesgo, el llamado índice de confianza sobre la economía de un país, a golpe de declaraciones, opiniones y valoración de determinados hechos, o cómo suben o bajan las cotizaciones en los mercados de valores. La información es tan influyente en la vida económica que no podemos permitirnos jugar con ella.

La comunicación esta jugando y seguirá haciéndolo un papel fundamental en estos momentos de zozobra económica. Los gobiernos, los políticos, sus equipos de comunicación, deben ser conscientes de ello. Pero también los Medios informativos y los periodistas deben hacer un ejercicio de prudencia y mesura. Todos, también los Medios de Comunicación, salimos perjudicados con la crisis.

Puede leer el artículo en la web de  Diario Abierto.

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Tengo un amigo periodista, versado en información de tribunales, que mantiene la siguiente filosofía acerca de cualquier cuestión sumarial: “Yo no lo voy a contar hasta que no se declare el secreto del sumario”. Y así lo ha hecho y lo hace siempre que puede, creo que con éxito profesional, hasta ahora.

No es ésta una cuestión banal, tanto en el orden puramente jurídico y judicial como en el informativo. Dos derechos constitucionales de los ciudadanos considerados fundamentales: tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos (artículo 24)  frente al de comunicar y recibir libremente información veraz (artículo 20). Sin duda es necesaria una conciliación, pues la realidad demuestra que, hasta ahora, arrasa el segundo.

Lo cierto es, y dicho está en tiempos muy anteriores a los actuales, que se han dado y dan situaciones de auténtica indefensión y que  se causa un perjuicio casi irreparable a quien es sometido a juicio mediático, aun más en los nacidos y alimentados  por revelaciones sumariales contra las que existe una teórica protección de secreto y que, por ello,  resultan informativamente mucho más morbosos. Paralelamente se sufre la llamada pena de telediario, que antes fue un rincón de las revistas satíricas con el más que descriptivo nombre de la “cárcel de papel”.

Desde el punto de vista de la Comunicación hay que reconocer que muchas filtraciones judiciales han dado un balance de conocimiento por la opinión pública de graves conductas delictuosas y, por ello antisociales, que de otro modo hubieran pasado inadvertidas. La alarma social es una consecuencia inevitable y necesaria de las mismas, pero, sin duda, también un exponente de salud democrática.

Revelar estos secretos es un delito, al tiempo que puede ser un gran quebranto para la investigación y el investigado, y una oportunidad de conocimiento de conductas antisociales. El periodista siempre optará por lo segundo y  quienes deben de administrar justicia, administración sometida con carácter general al principio de publicidad, por lo primero.

Pero no nos engañemos. El problema está en la oficina judicial pues sólo pueden filtrar, total o parcialmente, sumarios secretos quienes tienen acceso a ellos: el  juez, el fiscal, el  secretario y, en ocasiones, la policía judicial. Ahí es donde en primer lugar hay que buscar las filtraciones.

¿Y qué puede hacer un  afectado por este tipo de filtraciones? Yo le recomendaría hacer lo que solemos decir pomposamente los periodistas y comunicadores: “este señor debe dar explicaciones” y las daría.  Como en nuestro país resulta que quien calla otorga y que en los juicios mediáticos, y por muchas veces que se repita la palabra presunción,  suele pedirse más probar la inocencia que la culpabilidad, creo que es mejor dar explicaciones. Explicaciones claras y a tiempo sobre la propia conducta y la propia honorabilidad.

Desgraciadamente, la Justicia en nuestro país es de una lentitud exagerada y, aunque llegue, si llega tarde, será muy difícil que contrarreste las demoledoras consecuencias de un juicio mediático. Por lo tanto, cuando se pone en la picota la conducta de una persona, ésta tiene todo el derecho a defenderse por los mismos medios y en los mismos Medios. Para eso es necesario, en primer lugar, entender bien la filosofía de la prensa y de los periodistas, que no es otra que la de dar la información, si es posible en primicia  y en exclusiva,  es decir, “el sumario para mí solo”. Claro que, según el Medio en cuestión, esta información sumarial se potenciará y se orientará según su línea e intereses.

En segundo lugar es necesario plantearse el lógico qui prodest, pues, según para quien pudiera ser provechosa la filtración sumarial, habrá que plantear la reacción. Conviene, después, planificar la estrategia y las acciones, que han de ser rápidas, por no decir inmediatas, claras y rotundas. Cualquier duda, cualquier indecisión será interpretada por los Medios de manera desfavorable a los afectados por lo que la determinación y la rapidez serán claves en la credibilidad de las respuestas, aunque siempre hay que obrar con la necesaria cautela ya que es el periodista quien dispone de una información que  en un sumario declarado secreto, no está al alcance del imputado  ni de su defensa.

En definitiva, ya que en el ámbito judicial es casi segura una clara indefensión, y en tanto no cambie la legislación o los jueces sean más eficaces en la persecución y evitación de las filtraciones, sí hay que defenderse en el campo mediático. No hacerlo es una renuncia que puede resultar muy cara, no sólo para la persona imputada en un sumario sino, también, para su familia y legítimos intereses profesionales o empresariales.

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Negocio, 23/02/2011.-

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Parece haber sonado el pistoletazo de salida y las cajas, ahora SIPS y bancos, han dejado los tacos de salida de forma espectacular, a cual más explosiva. Urge salir bien colocado a la recta de los mercados y llegar de los primeros porque no va a ser fácil la capitalización y, cuanto mayor retraso, más escasa y más cara. En mucho caso, todo con las vista puesta en lllegada a la meta de la salida en la bolsa.

¿Tendrán los inversores internacionales la confianza necesaria para entender estas prisas? ¿Esperán a que se aclaren situaciones y circunstancias? ¿Seguirá el Gobierno empujando en la única dirección de reforzamiento del core capital olvidándose de la eficienca, de la capacidad de generación de recursos? ¿Se saneará definitivamente este 51% del sector financiero español? ¿Qué grandes fondos e inversores globales estarán interesados? ¿Se ciemen los bruitres financieros esperando posibles despojos? Preguntar no es ofender y espero que a nadie ofendan estas preguntas a muchas de la cuales las entidades afectadas están dando las repuestas que pueden, sin que el Gobierno acabe de marcar el terreno de juego.

Pero hay otras cosas que hacer y que son también de gran importancia, sobre todo para impositores y otros clientes. Por ejemplo, ¿qué piensan los clientes e impositores actuales, tradicionales o no, de todos estos movimientos, tna presentes en los medios de comunicación? ¿ Creen que en las todavía cajas su dinero está seguro cuando se las pintan condenadas a la desparición? Y de la labor de las obras sociales ¿cuál es su opinión? ¿Qué recursos tendrán para realizarla? ¿Seguirán existiendo con la conversión total de las cajas en bancos? Y, sobre todo, ¿qué ventajas tendrá para los clientes e impositores la conversión de cajas en bancos? ¿Les darán éstos mejores servicios? ¿Pagarán menos comisiones? ¿Tendrán más fácil y más barato el aceso al crédito?

Los actuales gestores tendrán que responder éstas y otras muchas preguntas a los clientes e impositores de las cajas, que son aún muchos millones y que lo han sido de un tipo de banco con un modelo muy diferente del que se propugna con las fusiones. Los clientes de las cajas, habían encomendado su dinero a entidades que no tenía dueños, cuyo único dividendo a repartir era social, destinando una parte muy importante de sus beneficios a orbas en beneficio público; con una gestión democratizada, aun que también politizada, en sus órganos principales, con la participación en ellos de representantes sociales. Era y aún es un modelo de banca, no exclusivo de España, que ha sobrevivido más de siglo y medio en nuestro país hasta llegar y alcanzar el 51% del sistema financiero español, que ha sido capaz de comprar y sanear bancos. Algunas de ellas fueron objeto de intervenciones al igual que lo han sido algunos bancos, y varias subsisten en un mercado en tiempos dificiles sin modificar su naturaleza ni su estructura y con la misma y, en algunos casos, mayor solvencia que la de los bancos.

Se avecina una guerra comercial despiadada para la captación de los clientes que emigren de su «caja de toda la vida» a las entidades constituidas en las fusiones de varias de ellas y que tienen ya ficha bancaria. Es pues evidente la exigencia de comunicar, y de comunicar mucho y bien, para mantener o generar la confianza necesaria para no perder o para ganar clientes, o para que éstos, en cualquier caso, pasen a los bancos propiedad de las cajar de procedencia. Si nada se les explica, si nada se les transmite, lo más probable es que cambien y se vayan con quien mayor esfuerzo ha realizado para comunicarse con ellos. Resulta una necesidad innegable, no sólo en términos de opinión pública sino, también, desde un punto de vista puramente comercial.

Al igual que en Física, en Comunicación sucede que un espacio vacío es inevitablemente ocupado y siempre habrá algún emisor dispuesto a comunicar en ese espacio, naturalmente en beneficio de sus propios intereses. Planificar la Comunicación con clientes y dotarla de recursos suficientes para tan esenciales objetivos es hoy mas importante que nunca.

Los datos son elocuentes e incluso alarmentes. Según la CECA, las cajas han perdido 22.150 millones de euros de depósitos en el último periodo anual computado (de octubre de 2009 a octubre de 2010). Esto supone casi el 3% del pasivo en números redondos y menos del 10% de esa cifra ha ido a parar los bancos. Todo en una situación de gran necesidad de aumentar la liquidez

La conclusión, por evidente y simple, no puede resultar más clara: las cajas no pueden dejar para mañana lo que deban comunicar hoy, sobre todo con sus clientes.

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Invertia, 25/01/2011.-

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Los medios de comunicación y los expertos insisten en que el saneamiento de nuestras instituciones financieras, especialmente el de las cajas de ahorros, necesita bastante más de lo realizado hasta ahora para que sean aceptados por los mercados internacionales. Se han producido tantas opiniones en este sentido que su repetición resulta ociosa. La más reciente, la de Jaime Caruana, director general del Banco de Pagos Internacionales y anterior gobernador del Banco de España, quien ha dicho claramente que las cajas deben de ser bancos para poder estar en los mercados internacionales de capital. Según Caruana, esta adaptación ha de hacerse con rapidez.

La duda es si el modelo de fusión fría, es decir, el SIP, puede ser el adecuado para que los bancos-cajas sean considerados internacionalmente como bancos, según los parámetros de la UE, del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos, y, fundamentalmente, de los inversores. La respuesta de los mercados a las cuotas participativas y las emisiones de obligaciones y otros instrumentos de capitalización ayudará a despejarla. Por otra parte, la realización de nuevos tests para medir con más rigor la realidad de las instituciones financieras europeas también clarificará el panorama, porque las anteriores pruebas realizadas parecen haber aportado más confusión que claridad.

También estamos, en esta cuestión, en el eterno problema entre el ser y el parecer, que no siempre coinciden. Y, aunque pueda parecerlo, un Sistema Institucional de Protección no es exactamente igual que un banco. Por tanto, éste es un problema de imagen y también de realidad.

La voz de los expertos tiene estos ecos. La comunicación es más eficaz cuanto más claro es el mensaje que se debe transmitir. Y nuestras cajas, para generar la credibilidad y confianza que necesitan al día de hoy, deben ser capaces de trasmitir mensajes claros y creíbles. Lo de “banco-cajas” o “cajas-banco” no es fácil de entender fuera de nuestras fronteras.

Pues ha llegado el momento de pararnos, como decía Antonio Machado, a distinguir las voces de los ecos. Los ecos se repiten porque existen voces claras y potentes que dicen que, para reforzar la capitalización de las resultantes de fusiones y dotarlas de recursos propios, en definitiva, para asegurar su solvencia y viabilidad, tienen que cambiar su realidad o explicar con claridad su nueva realidad. En éste como en tantos casos, la conclusión no puede ser más rotunda y evidente: sea cual sea el modelo sin transparencia no habrá confianza.

Técnicos, juristas y, fundamentalmente, gobernantes y legisladores han de decidir si tienen razón las voces que afirman la necesidad urgente de cambiar la estructura de estos sistemas o si dejan que se extingan sus ecos.

Los comunicadores poco podemos decidir sobre el modelo, aunque si podemos señalar las dificultades de explicarlo. También podemos aconsejar que cuanto más claro sea el modelo, más parecido a lo que ya existe, más fácil será explicarlo. Y podemos señalar que para logar que las nuevas cajas, sean éstas SIP o banco, ganen la confianza de los mercados, sus directivos tienen ante si un trabajo que deben afrontar con rigor y profesionalidad, y que no es otro que mejorar la comunicación con los inversores, nacionales e internacionales, a los que hasta ahora no tenían que acudir pero de los que, a partir de ahora, dependerá en gran parte su futuro.

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Negocio, 12/01/2011.-

El Banco de España ha urgido a las cajas de ahorros a cerrar sus procesos de fusión y éstas van, a toda prisa, intentando completar la primera etapa de procesos tan complejos que hacen necesaria la cuidadosa preparación de las etapas que vendrán a continuación.

Por ejemplo, el ajuste de plantillas para racionalizar los recursos humanos y obtener su mejor aprovechamiento en la nueva estructura operativa que, inevitablemente, producirá el solapamiento de servicios corporativos de las fusionadas y de buena parte de las oficinas bancarias de zonas próximas. Y este ajuste puede producir, si no se lleva a cabo con rigor y aceptación, más problemas que ventajas.

Porque no se trata sólo de establecer el número justo de trabajadores de la plantilla que se corresponda con las necesidades de la resultante de la fusión. Lo principal, lo fundamental  diría yo, es integrar las plantillas de las fusionadas dentro de una misma cultura corporativa de valores asumidos y compartidos y de un sistema de trabajo eficaz y homogéneo. Pero esto no resulta fácil.

Es aquí donde adquiere una gran importancia y un valor, que puede ser decisivo, la Comunicación Interna. Sin esta guía para conducir y canalizar el gran flujo de relaciones que brota de una situación tan trascendente para la entidad financiera y sus trabajadores, las mesas de negociación podrán cerrar acuerdos laborales mas, difícilmente, podrán conseguir la verdadera integración.

La cultura corporativa no por inmaterial deja de ser decisiva. Las señas de identidad, los valores, el desempeño de la misión, la búsqueda de un objetivo común unen y fortalecen a la plantilla y son imprescindibles para que nazca y se mantenga la motivación de los trabajadores para afrontar una nueva situación, inevitablemente llena de inquietudes e incertidumbres. Es necesario depurar y transmitir esos valores, hacerlos visibles y entendibles, darles vida para que sean interiorizados y llevados a la práctica. En definitiva, las “nuevas Cajas” deben conseguir un espíritu de unidad y de esfuerzo, más valioso cuando mayores  son  las dificultades.

A menudo los trabajadores se quejan de que, en este tipo de situaciones, las compañías no cuidan el aspecto más humano del proceso de ajuste y se sienten víctimas de la insensibilidad de éstas que sólo les informan de las cuestiones de carácter laboral, puras y duras. No les falta razón pues,  cuando alguien cierra un capítulo en su vida mediante una prejubilación o una baja incentivada, valora especialmente el reconocimiento de su trayectoria, más cuanto más leal y dilatada haya sido. Asimismo, los empleados que inician una etapa nueva necesitan claridad y seguridad para entregarse a su trabajo con convicción y sin miedos. Y el remedio contra estas carencias no es otro que la Comunicación.

Por otra parte los propios departamentos que desempeñan esta función suelen ser, a la vez,  objeto y parte del ajuste, y han de conciliar esta realidad con el control eficaz de la tarea de comunicación. Han de diseñar y llevar a cabo sus propios planes y coordinar con las fusionadas un plan conjunto, integral y equilibrado para lo que, seguramente, carecen de experiencia, medios y objetividad. Tarea, pues, casi imposible. La solución, como en medicina y en tantos otros campos de la actividad humana, está en los verdaderamente expertos y más especializados pues, en caso contrario,  las consecuencias pueden ser muy negativas.

Seguramente lo firmaría Perogrullo, pero parece evidente y sencilla la deducción: fusionar dos o más cajas de ahorros, es decir unir sus ideas e intereses, sin integrar sus plantillas y motivar a sus trabajadores no parece lo más conveniente para que la fusión tenga un buen resultado, y a todos conviene que nuestra nuevas entidades financieras salgan de la crisis lo más fuertes que sea posible. 

Puede ver la reseña aquí o acceder a la página de Negocio.

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Contiene la Carta Magna un catálogo de derechos fundamentales y deberes de ciudadanos y poderes públicos cuyo simple recuerdo de incumplimiento causa sonrojo: el derecho a una vivienda digna y adecuada, el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Para leer el artículo completo, pinche aquí.

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Aunque el Presidente Zapatero ha salido rapidamente a replicar a la Ministra del ramo, hay bastantes aforismos para sintetizar lo que puede ser una decisión del Gobierno, que debe ratificar nuestro Parlamento, de atribuirse la potestad administrativa de cerrar estas ventanas de comunicación global.: “Poner puertas al campo”, “Encerrar el mar en un vaso”, “Tapar el sol con los dedos”…

Por eso creo que no se podrá meter parte de Internet entre rejas para convertir la Red en sierva de determinados intereses que, cómo no porque la tentación es fuerte, podrían tener también componentes políticos para cualquier comisión ministerial que se precie, sea cual sea el signo ideológico del Gobierno que ejerza. Sin embargo, es reveladora la intención, por mucha “corriente europea” que se arguya, de servirse de algo que siempre se ha llamado censura administrativa. Y no ha quedado claro, pese a las buenas palabras de la Ministra, qué sucederá con los usuarios de esos “sites” que realicen descargas.

Siendo una realidad que muchas veces se abusa en Internet, también lo es que con la Red existe un espacio de libertad universal de Comunicación en el que caben todo tipo de trampas y conductas dañinas para la propia libertad de los individuos que por ella transitan. Es verdad que posibilita la vulneración de derechos, como el de propiedad intelectual, el de la seguridad de datos personales, etc. y que por la Red discurren delitos tan reprobables como la pornografía infantil o las tramas terroristas. Como en la calle, en los medios de comunicación y otras publicaciones impresas…Como en cualquier espacio de libertad conquistado por los ciudadanos.

Pues habría que poner remedio a esos males, aunque, a poco que nos fijemos, resulta que ya existen remedios, pero siempre bajo la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. La policía investiga la delincuencia en Internet, los jueces no sólo cierran sitios sino que juzgan y condenan a los delincuentes según el delito cometido. Y se han hecho actuaciones judiciales en asuntos de terrorismo y en otros supuestos.

¿Pero, entonces, es que no son legítimos los derechos de propiedad intelectual para ser protegidos? podríamos preguntarnos. Claro que sí. Y, por eso y sin entrar en que no estamos hablando de un derecho fundamental, , qué mejor que gocen también de una tutela judicial efectiva incorporando esta causa a las cuatro anteriores ya dichas que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información contiene. Mucho más sencillo para el legislador, más barato para la sociedad y, seguramente, más breve en su aplicación práctica, y eso que nuestros tribunales no van a la velocidad del rayo. Porque casi indefectiblemente, la mayoría de las decisiones administrativas de este calado terminarán en la vía judicial camino de lo contencioso.

Existe, a mi juicio, un grave problema de Comunicación en todo este asunto que hace de cualquier intento de acercar posturas entre el Gobierno y los internautas no haya pasado de un diálogo de sordos. Del Gobierno existe la impresión generalizada en la opinión pública de que no es sino un “ávido recaudador” para satisfacer los deseos de sociedades de autores, más o menos afines, sin considerar su obligación de proteger los legítimos derechos del autor…Sobre todo ahora que los ingresos por el canon digital han experimentado un fuerte descenso. De los internautas que sólo defienden prácticas ilegales por un lucro delictivo, es decir, la piratería. Bien es cierto que sobre ellos pesa la tipificación como delito de las descarga de una sola canción, con pena de seis meses a dos años, en tanto que el hurto en cualquier establecimiento de CDs o DVDs. cuyo valor total no alcance los 400 euros, es sólo una falta. Creo que ambas son imágenes distorsionadas.

Hemos de partir del principio de que la Sociedad de la Información la formamos todos los ciudadanos y no sólo los periodistas y los titulares de derechos de propiedad intelectual. Y hay servicios, cada día más, que incluyen la cultura, el ocio, las transacciones económicas, la medicina, el deporte, las relaciones personales y un amplísimo etc. que existen en y para ella. Pero el problema parece ser el de las descargas, muchas seguramente ilegales, pero la mayor parte de ellas gratis y legales o previo pago, además del genérico canon digital que todos satisfacemos descarguemos archivos o no. Sí, ese es el problema. Que quienes obtienen un beneficio económico, real o supuesto, por las descargas de archivos de música, películas o videojuegos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual puedan “verse entre rejas” con sus alojamientos y enlaces clausurados. Como si fuera imposible realojar los contenidos y crear nuevos enlaces.

En este caso se hace especialmente necesario dialogar y hacer público y transparente ese proceso de diálogo canalizándolo profesionalmente hacia la opinión pública. Escuchar al otro, dar razones, ofrecer colaboración, aportar soluciones. También, la asunción de responsabilidades compartidas para poner solución al problema. El asunto es técnica y jurídicamente tan complejo que no puede reducirse simplistamente a una lucha entre buenos y malos.

Algunos artistas y asociaciones de internautas ya han señalado ese camino en el que, dicen, es muy importante comunicar con el ciudadano. Es un principio y una buena posibilidad a explorar antes de establecer un cierre administrativo que puede revelarse tan atentatorio contra las libertades como ineficaz.

Pongamos las suficientes dosis de cordura y otras tantas de Comunicación para no perturbar ni dañar la espléndida realidad de la Sociedad de la Información.

Ramón Almendros
Director
Estudio de Comunicación

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Parece que ahora cae alguien en la cuenta de una realidad que lleva mucho tiempo siendo, tristemente, cotidiana. Debe ser por que los recientes arrestados vistos con esposas en televisión son políticos en su gran mayoría. ¡Nada menos que políticos! Denigrante, dicen los más; ejemplarizante, algún vocalista aficionado a dar la nota.

Cierto que algún delincuente condenado judicialmente ha hecho hasta una corta carrera cinematográfica gracias a la fama conseguida en la pantalla más pequeña. Pero eso es para desarraigados, porque quienes afirman sus raíces en la política, es decir, en la cosa pública, tienen menos afán por este tipo de gloria. Tampoco lo tienen quienes dirigen o gestionan empresas ni, en general, quienes tienen algo que perder. «Al Rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor…» Calderón lo consideraba patrimonio del alma que hoy, más pragmáticamente, se cuantifica en forma de indemnización.

Pelotón audiovisual

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación porque los presuntos han aparecido esposados y recogiendo bolsas de basura con sus pertenencias, lo que algunos han llamado «pena de telediario». Pero, ¿encontrarán culpables los jueces?, ¿por qué los castigarán?, ¿ordenarán resarcir los daños presuntamente infligidos al honor de los detenidos por ser mostrados como delincuentes sin aún serlo judicialmente?, ¿se quedará todo en nada?

Cuando alguien baja de un furgón esposado y tiene al pelotón audiovisual enfrente, la ejecución parece segura. Pero la Justicia, los poderes del Estado de Derecho, deberían hacer todo lo posible por evitar que los presuntos sean condenados por esos ojos públicos que no perdonan. Por consideración a su familia y a sus amigos, por defensa de su empresa y sus trabajadores, por respeto a sí mismos. En el Código Penal no consta el castigo de exhibición televisiva.

Los Medios de Comunicación son crueles. En nombre del derecho de información, pero lo son. Y su obligación probablemente es serlo. No son ellos los culpables, porque su función es informar y dar imágenes que sean noticia. No volvamos a perseguir al mensajero. Pidámosles responsabilidad y rigor, pero no les pidamos que oculten lo que otros les muestran en bandeja.

Los empresarios también sufren con frecuencia estos juicios paralelos, y muchas veces los sufren por no tomar las medidas necesarias para evitarlo. Se puede hacer, también de los procesos judiciales, un tratamiento profesional de la Comunicación, evitando la exposición pública y generando información en línea con la defensa. Es necesario gestionar bien, desde el punto de vista de la Comunicación, estos delicados asuntos, pero, a la vez, debemos exigir a los políticos que no sólo se preocupen cuando son ellos los protagonistas de la imagen. Muchos otros lo son cada día, lo llevan siendo desde hace tiempo y el deber de los gobernantes es preocuparse por todos y proteger a todos.

Ramón Almendros, director Estudio de Comunicación

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