Cinco Días, 05/06/2012.- Andan los miembros del Consejo General del Poder Judicial preocupados por la filtración continua de sumarios declarados secretos y ocupados en cómo atajar una práctica que parece más una costumbre. Vive el llamado gobierno de los jueces sin vivir en sí porque esos sumarios son secretos a voces.
Tengo un amigo periodista, versado en información de tribunales, que mantiene la siguiente filosofía acerca de cualquier cuestión sumarial: “Yo no lo voy a contar hasta que no se declare el secreto del sumario”. Y así lo ha hecho y lo hace siempre que puede, creo que con éxito profesional, hasta ahora.
No es ésta una cuestión banal, tanto en el orden puramente jurídico y judicial como en el informativo. Dos derechos constitucionales de los ciudadanos considerados fundamentales: tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos (artículo 24) frente al de comunicar y recibir libremente información veraz (artículo 20). Sin duda es necesaria una conciliación, pues la realidad demuestra que, hasta ahora, arrasa el segundo.
Lo cierto es, y dicho está en tiempos muy anteriores a los actuales, que se han dado y dan situaciones de auténtica indefensión y que se causa un perjuicio casi irreparable a quien es sometido a juicio mediático, aun más en los nacidos y alimentados por revelaciones sumariales contra las que existe una teórica protección de secreto y que, por ello, resultan informativamente mucho más morbosos. Paralelamente se sufre la llamada pena de telediario, que antes fue un rincón de las revistas satíricas con el más que descriptivo nombre de la “cárcel de papel”.
Desde el punto de vista de la Comunicación hay que reconocer que muchas filtraciones judiciales han dado un balance de conocimiento por la opinión pública de graves conductas delictuosas y, por ello antisociales, que de otro modo hubieran pasado inadvertidas. La alarma social es una consecuencia inevitable y necesaria de las mismas, pero, sin duda, también un exponente de salud democrática.
Revelar estos secretos es un delito, al tiempo que puede ser un gran quebranto para la investigación y el investigado, y una oportunidad de conocimiento de conductas antisociales. El periodista siempre optará por lo segundo y quienes deben de administrar justicia, administración sometida con carácter general al principio de publicidad, por lo primero.
Pero no nos engañemos. El problema está en la oficina judicial pues sólo pueden filtrar, total o parcialmente, sumarios secretos quienes tienen acceso a ellos: el juez, el fiscal, el secretario y, en ocasiones, la policía judicial. Ahí es donde en primer lugar hay que buscar las filtraciones.
¿Y qué puede hacer un afectado por este tipo de filtraciones? Yo le recomendaría hacer lo que solemos decir pomposamente los periodistas y comunicadores: “este señor debe dar explicaciones” y las daría. Como en nuestro país resulta que quien calla otorga y que en los juicios mediáticos, y por muchas veces que se repita la palabra presunción, suele pedirse más probar la inocencia que la culpabilidad, creo que es mejor dar explicaciones. Explicaciones claras y a tiempo sobre la propia conducta y la propia honorabilidad.
Desgraciadamente, la Justicia en nuestro país es de una lentitud exagerada y, aunque llegue, si llega tarde, será muy difícil que contrarreste las demoledoras consecuencias de un juicio mediático. Por lo tanto, cuando se pone en la picota la conducta de una persona, ésta tiene todo el derecho a defenderse por los mismos medios y en los mismos Medios. Para eso es necesario, en primer lugar, entender bien la filosofía de la prensa y de los periodistas, que no es otra que la de dar la información, si es posible en primicia y en exclusiva, es decir, “el sumario para mí solo”. Claro que, según el Medio en cuestión, esta información sumarial se potenciará y se orientará según su línea e intereses.
En segundo lugar es necesario plantearse el lógico qui prodest, pues, según para quien pudiera ser provechosa la filtración sumarial, habrá que plantear la reacción. Conviene, después, planificar la estrategia y las acciones, que han de ser rápidas, por no decir inmediatas, claras y rotundas. Cualquier duda, cualquier indecisión será interpretada por los Medios de manera desfavorable a los afectados por lo que la determinación y la rapidez serán claves en la credibilidad de las respuestas, aunque siempre hay que obrar con la necesaria cautela ya que es el periodista quien dispone de una información que en un sumario declarado secreto, no está al alcance del imputado ni de su defensa.
En definitiva, ya que en el ámbito judicial es casi segura una clara indefensión, y en tanto no cambie la legislación o los jueces sean más eficaces en la persecución y evitación de las filtraciones, sí hay que defenderse en el campo mediático. No hacerlo es una renuncia que puede resultar muy cara, no sólo para la persona imputada en un sumario sino, también, para su familia y legítimos intereses profesionales o empresariales.
