Como es conocido, una disposición final, la primera del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, atribuye a una comisión ad hoc del Ministerio de Cultura la capacidad de cerrar sitios de Internet y los acceso a los mismos desde España cuando entienda que se vulneran los derechos de propiedad intelectual. Es la llamada en el anteproyecto legislativo “Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual” a la que los revueltos internautas han bautizado ya como “la SS de Cultura”. Hasta ahora sólo los jueces podían ordenar este tipo de acciones y exclusivamente en los casos de salvaguarda del orden público, la investigación de delitos, la defensa nacional y la seguridad pública.
Aunque el Presidente Zapatero ha salido rapidamente a replicar a la Ministra del ramo, hay bastantes aforismos para sintetizar lo que puede ser una decisión del Gobierno, que debe ratificar nuestro Parlamento, de atribuirse la potestad administrativa de cerrar estas ventanas de comunicación global.: “Poner puertas al campo”, “Encerrar el mar en un vaso”, “Tapar el sol con los dedos”…
Por eso creo que no se podrá meter parte de Internet entre rejas para convertir la Red en sierva de determinados intereses que, cómo no porque la tentación es fuerte, podrían tener también componentes políticos para cualquier comisión ministerial que se precie, sea cual sea el signo ideológico del Gobierno que ejerza. Sin embargo, es reveladora la intención, por mucha “corriente europea” que se arguya, de servirse de algo que siempre se ha llamado censura administrativa. Y no ha quedado claro, pese a las buenas palabras de la Ministra, qué sucederá con los usuarios de esos “sites” que realicen descargas.
Siendo una realidad que muchas veces se abusa en Internet, también lo es que con la Red existe un espacio de libertad universal de Comunicación en el que caben todo tipo de trampas y conductas dañinas para la propia libertad de los individuos que por ella transitan. Es verdad que posibilita la vulneración de derechos, como el de propiedad intelectual, el de la seguridad de datos personales, etc. y que por la Red discurren delitos tan reprobables como la pornografía infantil o las tramas terroristas. Como en la calle, en los medios de comunicación y otras publicaciones impresas…Como en cualquier espacio de libertad conquistado por los ciudadanos.
Pues habría que poner remedio a esos males, aunque, a poco que nos fijemos, resulta que ya existen remedios, pero siempre bajo la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. La policía investiga la delincuencia en Internet, los jueces no sólo cierran sitios sino que juzgan y condenan a los delincuentes según el delito cometido. Y se han hecho actuaciones judiciales en asuntos de terrorismo y en otros supuestos.
¿Pero, entonces, es que no son legítimos los derechos de propiedad intelectual para ser protegidos? podríamos preguntarnos. Claro que sí. Y, por eso y sin entrar en que no estamos hablando de un derecho fundamental, , qué mejor que gocen también de una tutela judicial efectiva incorporando esta causa a las cuatro anteriores ya dichas que la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información contiene. Mucho más sencillo para el legislador, más barato para la sociedad y, seguramente, más breve en su aplicación práctica, y eso que nuestros tribunales no van a la velocidad del rayo. Porque casi indefectiblemente, la mayoría de las decisiones administrativas de este calado terminarán en la vía judicial camino de lo contencioso.
Existe, a mi juicio, un grave problema de Comunicación en todo este asunto que hace de cualquier intento de acercar posturas entre el Gobierno y los internautas no haya pasado de un diálogo de sordos. Del Gobierno existe la impresión generalizada en la opinión pública de que no es sino un “ávido recaudador” para satisfacer los deseos de sociedades de autores, más o menos afines, sin considerar su obligación de proteger los legítimos derechos del autor…Sobre todo ahora que los ingresos por el canon digital han experimentado un fuerte descenso. De los internautas que sólo defienden prácticas ilegales por un lucro delictivo, es decir, la piratería. Bien es cierto que sobre ellos pesa la tipificación como delito de las descarga de una sola canción, con pena de seis meses a dos años, en tanto que el hurto en cualquier establecimiento de CDs o DVDs. cuyo valor total no alcance los 400 euros, es sólo una falta. Creo que ambas son imágenes distorsionadas.
Hemos de partir del principio de que la Sociedad de la Información la formamos todos los ciudadanos y no sólo los periodistas y los titulares de derechos de propiedad intelectual. Y hay servicios, cada día más, que incluyen la cultura, el ocio, las transacciones económicas, la medicina, el deporte, las relaciones personales y un amplísimo etc. que existen en y para ella. Pero el problema parece ser el de las descargas, muchas seguramente ilegales, pero la mayor parte de ellas gratis y legales o previo pago, además del genérico canon digital que todos satisfacemos descarguemos archivos o no. Sí, ese es el problema. Que quienes obtienen un beneficio económico, real o supuesto, por las descargas de archivos de música, películas o videojuegos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual puedan “verse entre rejas” con sus alojamientos y enlaces clausurados. Como si fuera imposible realojar los contenidos y crear nuevos enlaces.
En este caso se hace especialmente necesario dialogar y hacer público y transparente ese proceso de diálogo canalizándolo profesionalmente hacia la opinión pública. Escuchar al otro, dar razones, ofrecer colaboración, aportar soluciones. También, la asunción de responsabilidades compartidas para poner solución al problema. El asunto es técnica y jurídicamente tan complejo que no puede reducirse simplistamente a una lucha entre buenos y malos.
Algunos artistas y asociaciones de internautas ya han señalado ese camino en el que, dicen, es muy importante comunicar con el ciudadano. Es un principio y una buena posibilidad a explorar antes de establecer un cierre administrativo que puede revelarse tan atentatorio contra las libertades como ineficaz.
Pongamos las suficientes dosis de cordura y otras tantas de Comunicación para no perturbar ni dañar la espléndida realidad de la Sociedad de la Información.
Ramón Almendros
Director
Estudio de Comunicación
