Resulta obvio afirmar que éstos no son buenos tiempos para las instituciones democráticas. Ante los innumerables casos de corrupción, desigualdad social y pobreza provocados por la crisis, los ciudadanos tienen la percepción de tener unas instituciones que se muestran impotentes para poner coto a esta situación y que, por tanto, su existencia es innecesaria.
Esta crisis ha sido comparada, sobre todo en sus inicios, a la más severa del siglo pasado, la de 1929. Ha sido equiparada, primero en el ámbito económico-financiero y, segundo, en el desasosiego social. Sin embargo, ambas tienen en común, en mi opinión, un tercer vértice: el del descrédito hacia las instituciones originado por la mala praxis financiera. En aquel año 29, los ciudadanos norteamericanos pusieron en duda la validez del ‘sistema’, tal y como ha pasado ahora en nuestro país por una amplia capa de la población. Tanto entonces como ahora, esa duda social hacia la validez del sistema fue tan radical que postulaba su desaparición.
Y aunque la duda sobre la idoneidad de las instituciones que sustentan el sistema democrático pueda ser razonable -en virtud del sufrimiento social que conlleva una prolongada crisis de la magnitud de la que hemos y todavía vivimos-, no es menos razonable pensar hasta qué punto los ciudadanos manejamos la suficiente información cuantitativa y cualitativa para forjarnos una idea verídica, y no sólo verosímil, sobre esta realidad.
Está claro que no se puede vivir de espaldas a la ciudadanía, ni siquiera en el caso de una institución que esté realizando una labor socialmente encomiable. Muy al contrario, las instituciones democráticas españolas deberían, desde hace años, haber abierto sus puertas y ventanas; deberían haberse dejado observar por los ciudadanos y deberían, por último, haberse comunicado con ellos. Porque su prestigio y credibilidad radica en su capacidad para que la opinión pública reconozca su valor social y confíe en su buen hacer.
Un claro ejemplo sobre la falta de reconocimiento es el que ha vivido el Tribunal de Cuentas durante los últimos años, a pesar de poseer un bagaje de actuaciones muy positivo o de estar trabajando en un proceso de cambio que le lleva no sólo a atender su función constitucional, como órgano supremo del control económico-financiero del sector público y de enjuiciamiento de la responsabilidad contable, sino a ser una pieza clave que ayuda a dignificar la actividad pública y que responde a ese mandato de transparencia que la sociedad española está demandando. No en vano, en los dos últimos años y en virtud de un proceso basado en la modernización y el buen gobierno, la Institución cuenta con canales que facilitan la transparencia y potencian el derecho de acceso a la información pública.
Sin embargo, como decía, hay tiempos en los que no sólo es importante trabajar bien, sino que resulta imprescindible compartir esa información, habida cuenta, además, de lo positivo de los resultados. Y esto lo digo desde la experiencia. Concretamente, desde la vivencia al incorporarme al Tribunal de Cuentas -apenas hace seis meses- cuando éste decide cambiar su política de comunicación.
Sin duda, esta Institución, cuyos antecedentes históricos se remontan hasta el siglo XV, tiene hoy en día mucho que decir y que comunicar. Y no sólo por el bien de su merecido prestigio, sino por el del resto de instituciones que conforman el sistema democrático.
Con todo, y tras años de dirigir todos sus esfuerzos a cumplir con su mandato constitucional, el Tribunal de Cuentas no podía realizar su apertura a la sociedad de cualquier forma. Menos aún cuando se trata de una Institución de estas características a la que, en no pocas ocasiones, los medios de comunicación han atribuido funciones de carácter penal ajenas a su verdadera responsabilidad: fiscalizadora y no sancionadora.
Por tanto, el punto de partida en materia de comunicación pasaba, inexorablemente, por realizar una labor divulgativa sobre su auténtica doble función, sus recursos, sus proyectos y sus limitaciones -legislativas y/o materiales-; sin olvidar, por supuesto, su carácter constitucional y su dependencia de la Cortes Generales, que no del Gobierno de turno. Un conjunto de piezas informativas con las que, en definitiva, la ciudadanía pudiera hacer su propia radiografía y, a partir de ella, forjar su opinión independientemente de tendencias orientativas.
Es a partir de aquí -y sin dar lugar a la improvisación- cuando se debe establecer el desarrollo de una estrategia de comunicación con objetivos más ambiciosos, que incluya un plan de acciones y un cronograma de actuación flexible que ha de ser capaz de recoger la realidad de una Institución cuya dinámica puede cambiar casi a diario.
He destacado como ejemplo, como no podía ser de otra forma, al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, presumo que la carencia de estrategia de comunicación en las instituciones españolas es más habitual de lo que sería deseable. Entiendo, también, que esta situación es el resultado del convencimiento de las mismas de que con el cumplimiento de su responsabilidad social es suficiente y que por esa razón huelga explicar su trabajo diario a los ciudadanos. Sin embargo, esta situación, que podía ser válida en el pasado reciente es, hoy por hoy, absolutamente contraproducente. En consecuencia, la sociedad necesita conocer y entender el trabajo de sus instituciones para volver a valorarlas en su justa medida para que los ciudadanos sientan que sus instituciones están por y para ellos.
Por Marisol Gálvez, Directora de Comunicación Tribunal de Cuentas
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Marisol Gálvez es Periodista, Máster en Prensa y diplomada en Empresas y Actividades Turísticas. Es directora de comunicación del Tribunal de Cuentas. Con anterioridad, fue directora de comunicación de Dutilh abogados. Antes fue consultora de Estudio de Comunicación, donde desarrolló labores de consultoría de comunicación y gestión de departamentos de comunicación para varios clientes de los sectores financiero, Medios de Comunicación, Colegios profesionales, etc, así como trabajos de coordinación de publicaciones, tanto de carácter externo como interno, para algunas de las principales empresas españolas de los sectores financiero, energético, tecnológico, etc. Igualmente, fue redactora jefe de Cauce 2000 (revista del Colegio de Ingenieros de Caminos) y trabajó en los diarios ABC y en El Heraldo de Aragón y en la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de la ONCE.
Hola;
Me gusta la idea de este blog por disponer de un sitio para la denuncia y/o información para la ciudadanía.
Pero lo que no acabo de entender es la urgente necesidad de una comunicación clara y transparente de las instituciones del Estado cuando éstas instituciones no cumplen adecuadamente con sus funciones. De qué sirve un correcta política de comunicacion del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, si este organismo es incapaz de denunciar, en tiempo y a tiempo, los desmanes de las cuentas públicas de los organismos del Estado (Ministerios, CCAA, etc etc.), despilfarros etc. que observamos atónitos los ciudadanos de esta país. Yo no pido una política de comunicación, yo pido que cada organismo del Estado cumpla con su función y que la Ley actúe en consecuencia cuando no se haya cumplido. Por favor un poco de respeto a los ciudadanos que estamos hartos de pagar tanto plato roto. Amén. Manuel
Gracias por leer nuestro Blog, Manuel.
Realmente este es un espacio para hablar de Comunicación y de Periodismo. En esta sección de «Firma invitada» pedimos a responsables de comunicación de empresas, instituciones y organismos de todo tipo, a docentes universitarios y a todos aquellos que estén relacionados con los dos temas citados. En la parte central del Blog, sin embargo, escribimos los consultores de Estudio de Comunicación únicamente.
Si se fija, la autora presenta un contexto que le permite explicar por qué es necesaria la Comunicación y por que todas la instituciones deberían planificar y desarrollar correctamente dicha materia.
En su comentario se trasluce que usted pide que las instituciones estatales sean transparentes (esa es la única manera de que sepamos que cumplen con su función y que podamos acudir a la Ley si no lo hacen). Y la transparencia no es posible sin Comunicación.
Saludos.
Es cierto que la Constitución señala a este Tribunal la obligación de rendir todos los años ante las Cortes las cuentas del Estado y del sector público estatal y, lo que es más importante, con las infracciones o responsabilidades que hubiera observado en las mismas. Sin embargo, no es un organismo de revisión penal y son las propias fuerzas políticas representadas en las cámaras las que deciden la aprobación o no del informe anual, primero en la comisión mixta para la relación con el Tribunal de Cuentas y después en los plenos de ambas cámaras. Es por tanto esta validación política la que condiciona su eficacia de transparencia y credibilidad ante la opinión pública.
La principal crítica recibida por esta institución y sus «validadores» políticos ha sido, sin duda, el enorme retaso con el que hacían efectiva la fiscalización de las cuentas, a veces con varios años de retraso sobre la fecha de su cierre. Ahora este problema se está resolviendo y esa es una buena noticia. Como lo es también su mayor apertura, en la línea que señala su directora de Comunicación deseable para todas las instituciones.
Qué mayor lógica que el Tribunal de Cuentas rinda ante los ciudadanos las suyas, con el rigor de la ley y la mayor transparencia posible de la actividad y función que le encomienda nuestra Constitución.