Desde hace unas semanas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispone de un registro para la inscripción de los profesionales dedicados a los grupos de interés, comúnmente conocidos como ‘lobbies’.
La medida, que supone un primer paso en España para la regulación de estos grupos de presión, resulta insuficiente para la patronal del sector, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), debido a su carácter voluntario así como por estar restringido sólo a aquellas personas o empresas que quieran defender sus puntos de vista ante la propia CNMC.
De hecho, hace años que desde APRI reclaman un registro estricto y obligatorio, como el que existe en otros países europeos o en EE.UU., de cara a aumentar la transparencia en el sector y, de paso, normalizar y estandarizar su funcionamiento.
En este sentido, un informe de Transparency International España ya reconocía en 2014 que la falta de normas claras y de regulación específica suponía que, en ocasiones, se confunda el trabajo de los lobbies con el tráfico de influencias.
Mientras en España los lobistas no están obligados a hacer pública su agenda con los representantes de las distintas administraciones con los que se reúnen, en un total de 12 estados miembros de la Unión Europea este trabajo está estrictamente regulado. Así, algunas de las instituciones comunitarias, como la Comisión y el Parlamento, disponen de un registro que, a pesar de su voluntariedad oficial, en la práctica es de obligado cumplimiento, ya que los eurodiputados exigen la inscripción previa en el mismo a quienes les quieran contactar.
En el registro de la CNMC figuran ya agencias de comunicación, bufetes de abogados y patronales de diferentes sectores como la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) o la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), entre otras.
Los sectores económicos más propensos a la hora de recurrir a los servicios de los grupos de interés, prestados sobre todo por agencias de comunicación y despachos de abogados, son aquellos que cuentan con un alto grado de regulación por parte de las autoridades. Farmacéuticas, compañías de diferentes servicios y de la industria tabaquera o alimentaria se encuentran entre los más habituales, aunque lo cierto es que cualquier empresa, patronal, asociación o institución puede necesitar estos servicios de forma puntual siempre que vaya a ser afectada por un cambio de regulación o de la normativa legal aplicable en su caso.
En España, la palabra ‘lobby’ tiene evidentes connotaciones peyorativas asociadas a la promoción de oscuros intereses e incluso cercana a tramas relacionadas con la corrupción política, lamentablemente tan de moda en los últimos tiempos. Sin embargo, no hay que olvidar que este tipo de trabajo es totalmente legítimo e incluso necesario, si se tiene en cuenta que, en la mayoría de los casos, los responsables de tomar la decisión final que afecta a empresas y asociaciones no son en absoluto expertos en la materia y, por tanto, requieren de información de parte para tomar una decisión lo más coherente y objetiva posible.
Por Fernando Geijo, consultor sénior de Estudio de Comunicación España.
@fergeijo
