La labor de lobby en España sigue sin gozar de buena imagen. Así lo demuestra el estudio de Transparencia Internacional de 2016, que desveló que el 82% de los españoles considera el ejercicio del lobby corporativo como generador de políticas contrarias al interés general de la población. Pero es que, en nuestro país, hay mucho desconocimiento sobre esta función, en qué consiste realmente y qué beneficios tiene para el conjunto de la sociedad.
Los lobbistas españoles llevan años reclamando una mayor transparencia para su función y, pese a que se han ido dando pasos positivos, el lobby sigue generando desconfianza. Es un ámbito incomprendido y oscuro para la mayoría de las personas. Un mito reforzado por la corrupción y por la ausencia de una regulación como existe en otros paises.
Los españoles desconocemos la función del lobby
Los españoles aún no nos hemos dado cuenta de que los sindicatos, las asociaciones de consumidores o las organizaciones sociales, por ejemplo, son lobbies y estos sí que están aceptados por la sociedad.
En realidad, un lobby es un colectivo de personas o empresas con intereses comunes que realiza acciones para influir y promover decisiones favorables a dichos intereses. El fin de todo lobby es influir en la elaboración de las leyes, las regulaciones y la toma de decisiones. Pero no es una influencia ilegal, es una influencia legitima.
En las democracias avanzadas, como en Estados Unidos por ejemplo, los lobbies se consideran fundamentales. Los políticos escuchan a estos grupos, evalúan sus argumentos y su peso sobre el tejido social o empresarial del país. Toda persona que represente a un sector empresarial importante o a un colectivo social muy numeroso, defiende un interés que el legislador debe tener en cuenta. Por eso, en aquel país, los lobbies son considerados canalizadores de demandas, así como una información muy útil para tomar decisiones.
El lobby es un ejercicio democrático legítimo y muy sano
El lobby es, por tanto, un ejercicio democrático legítimo y muy sano en el que ciudadanos o empresas ejercen su derecho a hacer oír su voz y a transmitir sus argumentos. Por ejemplo, cuando se está elaborando una ley sobre un sector específico, el legislador debe escuchar todos los puntos de vista y estudiar cómo dicha ley afectará a todos los ámbitos: empresas, ciudadanos, medio ambiente, etc.
En España debemos aprender a deshacernos de falsas creencias, como que el lobby es una reunión de despacho en la que se compran voluntades o que el lobby es infalible, porque no lo es. Este ejercicio asegura que las partes implicadas sean escuchadas por los legisladores, pero no garantiza que esas reclamaciones sean finalmente atendidas, por mucha presión que se haga.
Por Estefanía Campos
Directora en Estudio de Comunicación España
@Estefaniacampos