Recientemente, el Tribunal de Justicia de la UE avaló la sanción millonaria impuesta por la Comisión Europea en 2019 a una conocida multinacional por haber finalizado una adquisición sin obtener primero el permiso de las autoridades de competencia de la UE. Según la normativa europea, finalizar operaciones sin el visto bueno de competencia o proporcionar información engañosa durante el proceso de aprobación regulatorio pueden suponer multas para los oferentes de hasta el 10% de su facturación.
La sanción de la Comisión en 2019 se basó en que la compañía oferente infringió las normas al utilizar una estructura de transacción de dos pasos, que implicaba llevar a cabo la compra a través de un «comprador provisional», antes de obtener la autorización de Bruselas. En su momento, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, dijo: «Las empresas tienen que respetar nuestras reglas y procedimientos. Están obligadas a notificar y esperar nuestra aprobación antes de proceder con una fusión. El oferente estructuró la transacción para evitar cumplir con sus obligaciones». Ahora, el aval del alto tribunal a esta decisión, así como el agravamiento de las sanciones en caso de no haber comunicado previamente los planes para hacerse con el control de una empresa de manera escalonada, refuerza el límite a este tipo de compras corporativas en Europa.
Cada vez más las Relaciones Institucionales juegan un papel clave en las operaciones de M&A transfronterizas, en las que es fundamental mantener un diálogo abierto, continuado y positivo con el interlocutor adecuado, y respetar los tiempos y procedimientos de la administración para lograr un resultado favorable. Ante la necesidad de concluir operaciones de M&A con éxito, y preservar el permiso para operar, los inversores internacionales necesitan labrarse una buena reputación en el país en el que llevan a cabo la transacción, a la vez que minimizan los posibles riesgos.
Dejarse guiar por expertos en comunicación y relaciones institucionales, con un profundo conocimiento del complejo entorno político de cada país, permitirá a los inversores afrontar los retos regulatorios, mediante una estrategia de transparencia y acercamiento a las administraciones, construir unas relaciones basadas en la confianza y asegurar el éxito de la transacción.
Aída Prados, directora de Estudio de Comunicación
