En el ámbito legal, se define la figura del silencio administrativo como “un modo de conclusión anormal del procedimiento administrativo que opera cuando, vencido el término para resolver el reclamo, solicitud o pedido y no se ha emitido decisión o resolución al respecto, se suple la omisión, retardo o desidia en el pronunciamiento mediante un efecto jurídico que la ley le dota a dicho silencio”.
Esta fórmula puede tener un sentido positivo o negativo, pero en muchos casos supone una desestimación tácita de una petición o recurso del ciudadano por el mero vencimiento del plazo que la Administración Pública tiene para emitir su dictamen.
En términos similares, las empresas a veces optan por esa solución. Por ejemplo, esto sucede cuando se han anunciado objetivos que con el tiempo se han incumplido, sobre todo en materia de promesas relacionadas con el medio ambiente.
En esos casos, se advierte como, por lo general, las previsiones quedan en el olvido y las compañías abandonan silenciosamente esas metas o modifican su magnitud, como cuando siendo niños tapábamos con la alfombra algún resto que no queríamos dejar a la luz para evitar una reprimenda.
Sin embargo, los periodistas tienen una memoria de elefante y suelen volver sobre el tema, principalmente si es controvertido y genera interés. El problema es cuando esto deriva en una crisis grave a nivel reputacional. En ese caso, de persistir el silencio, será considerado como una huida que probará la culpabilidad de la empresa, quedando así su imagen deteriorada. Al final, esa estrategia es, a efectos prácticos, la aceptación de un fracaso, lo que daña irremisiblemente la credibilidad, con la repercusión que eso puede implicar en su negocio y en Bolsa, si se trata de una compañía cotizada. En juego nada menos están millones de euros que pueden desaparecer de la capitalización bursátil de un plumazo y la confianza de sus clientes.
Por Carlos López Perea, consultor senior de Estudio de Comunicación.
