Los bulos, o fake news, traen de cabeza a todas las instituciones a lo largo y ancho del continente, no importa que se trate de un pequeño ayuntamiento o del consejo europeo; todas y cada una de ellas están preocupadas por lo que se está convirtiendo en una de las mayores amenazas del sistema democrático: la desinformación, ya que tras ella se articulan, en numerosas ocasiones, estrategias para manipular a la opinión pública y minar la credibilidad de las instituciones y dañar gravemente los pilares de los Estados. No hay que desestimar su velocidad y capacidad de propagación a través del medio online en todos sus formatos.
El impacto de la desinformación es notorio en política: las fake news pueden influir en elecciones y procesos democráticos, polarizando a la población y erosionando la confianza en las instituciones.
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto que fácil resultaba engañar a la opinión pública con remedios y tratamientos lesivos para su salud, por lo que de aquella pandemia hemos aprendido que la difusión de falsedades sobre tratamientos, vacunas y medidas de prevención puede tener graves consecuencias para la salud pública.
El campo de la seguridad tampoco se libra de los efectos nocivos de los bulos, que pueden incitar a la violencia, como se vio en el ataque al Capitolio de los Estados Unidos en enero de 2021, en el cual las teorías de la conspiración difundidas a través de redes sociales jugaron un papel protagonista.
La economía tampoco está a salvo de los bulos y las empresas pueden sufrir pérdidas irreparables debido a rumores falsos que afectan su reputación o valor de mercado. Es posible que hayamos tenido noticia de que el agua contenida en una botella de plástico, olvidada en el coche en un día caluroso, puede ocasionar cáncer de mama, o que los tampones llevan amianto para aumentar el sangrado o que las hamburguesas de una conocida cadena llevan ojos de vaca. Ninguna de ellas es cierta pero todas ellas son perjudiciales para las empresas que comercializan los productos objetos del bulo.
No es de extrañar por tanto el empeño que ha puesto El Consejo Europeo en combatir las fake news. En junio de 2018 encomendó la elaboración de un Plan de Acción para una respuesta coordinada contra la desinformación. Tras el estreno en mayo de la regulación de la UE aprobada a este respecto, ahora es el turno de los 27, que tendrán que hacer una normativa relativa a la desinformación antes de agosto de 2025 según se indica en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. La ley puede ser adaptada en cada país, pero se basará en este reglamento, que a grandes rasgos persigue: proteger la independencia editorial de los Medios; proteger las fuentes de los periodistas; proteger a los Medios de Comunicación de la eliminación injustificada de contenidos en línea por parte de plataformas en línea de gran tamaño; garantizar la transparencia de la publicidad estatal dirigida a los Medios; garantizar que los Estados miembros proporcionen una evaluación del impacto que tienen las concentraciones clave en el mercado de los Medios de Comunicación sobre el pluralismo informativo y la independencia editorial y ofrecer mayor transparencia en la medición de audiencias a los Medios y anunciantes.
En esta norma europea servirá como referencia al ejecutivo español para elaborar su recién anunciada ley anti-bulos. No obstante, más allá de la norma, la desinformación y los bulos representan un desafío complejo que requiere la colaboración de gobiernos, organizaciones, plataformas tecnológicas y ciudadanos para ser mitigado efectivamente.
Por Ana Pereira, asociada en Estudio de Comunicación
