Cuando pienso en el derecho al honor, no puedo evitar imaginarme a dos caballeros batiéndose a muerte en un duelo. Al menos eso es lo que queda para la imaginación de los lectores de Dumas en Los Tres Mosqueteros, para quien el duelo era una práctica habitual entre caballeros, soldados y nobles del siglo XVII francés. Sin duda es esta una de las referencias más conocidas, pero los clásicos literarios están plagados de duelos como forma de apelar al derecho al honor, desde Shakespeare a Aleksandr Pushkin o ejemplos más cercanos como La Regenta de Clarín o Sangre y Arena de Vicente Blasco Ibañez.
Si Dumas o Clarín se documentaran hoy para escribir sobre el duelo como práctica social ligada al honor masculino se darían cuenta de que el enemigo ya no es el villano de la trama. En el Siglo XXI el enemigo son los deepfakes y el uso malicioso de la IA quienes amenazan la intimidad y el honor, no precisamente de sus nobles caballeros y soldados con fajines, brocados y sombreros de copa, sino y sobre todo de nuestros menores.
Por eso es más que pertinente que el Consejo de Ministros haya aprobado recientemente el proyecto de nueva Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, una reforma que busca adaptar una norma de 1982 a una realidad muy distinta: la de la inteligencia artificial, las redes sociales y la difusión masiva de contenidos digitales.
El texto, que ahora inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso, introduce por primera vez una referencia expresa a los llamados deepfakes, es decir, imágenes, vídeos o audios manipulados mediante tecnología para simular que una persona ha dicho o hecho algo que en realidad nunca ocurrió.
La reforma parte de una idea sencilla, pero cada vez más urgente: la identidad de una persona ya no se protege solo frente a una fotografía publicada sin permiso o una información que dañe su reputación. También debe protegerse frente a líneas de código artificiales capaces de imitar su rostro, su voz o sus gestos con un grado de realismo difícil de detectar a simple vista. En este nuevo escenario, una falsificación puede circular en minutos, alcanzar a miles de personas y provocar un daño reputacional, emocional o económico antes incluso de que la víctima tenga tiempo de reaccionar.
Por ello, el proyecto considera intromisión ilegítima el uso o la difusión no autorizada de la imagen, la voz o la identidad de una persona cuando hayan sido generadas o manipuladas mediante inteligencia artificial. La medida apunta especialmente a contenidos usados con fines comerciales, publicitarios o lesivos para la reputación, aunque su alcance se inscribe en el ámbito civil.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es que actualiza el concepto de consentimiento. Hasta ahora, la protección del honor y de la propia imagen se apoyaba en situaciones más tradicionales: una fotografía captada sin permiso, una información íntima publicada indebidamente o una utilización comercial de la imagen de una persona. La inteligencia artificial cambia ese marco, porque ya no siempre hace falta captar una imagen real: basta con generarla, alterarla o combinarla con otros elementos para crear una apariencia falsa. La ley pretende cerrar esa brecha y dejar claro que el consentimiento sigue siendo necesario incluso cuando la imagen o la voz han sido recreadas artificialmente.
La protección de los menores también ocupa un lugar central. El proyecto eleva a 16 años la edad mínima para que puedan consentir por sí mismos determinados usos de su imagen. Esta medida responde a la creciente exposición de niños y adolescentes en redes sociales, donde los contenidos pueden permanecer durante años y ser reutilizados fuera del contexto original. En un entorno en el que una foto publicada hoy puede servir mañana para crear una falsificación con inteligencia artificial, el legislador busca reforzar la cautela y la responsabilidad de adultos, plataformas y creadores de contenido.
La reforma incorpora, además, nuevas cautelas en torno a los contenidos de true crime, especialmente cuando la explotación mediática de crímenes reales puede reabrir el dolor de víctimas o familiares. Muchos recordamos el libro El odio, del escritor Luisgé Martín, que recogía el testimonio de José Bretón, condenado por asesinar en 2011 a sus hijos Ruth y José, de 6 y 2 años. Su publicación generó una fuerte polémica por el posible daño al honor, la intimidad y la imagen de los menores y por la revictimización de su madre, Ruth Ortiz. El objetivo no es impedir la información periodística ni el análisis de hechos de interés público, sino evitar que determinados relatos, reconstrucciones o usos de imágenes y datos personales provoquen un nuevo daño injustificado a quienes ya han sufrido las consecuencias de un delito.
El texto mantiene, en todo caso, el equilibrio con otros derechos fundamentales. La libertad de expresión, la libertad de información y el interés público siguen siendo límites esenciales. No toda mención, imagen o recreación será ilegítima por el simple hecho de resultar incómoda. La clave estará en valorar si existe consentimiento, si hay relevancia pública, si el contenido es veraz o reconocible como ficción, si se ha producido un daño y con qué finalidad se ha difundido.
La futura ley llega en un momento en el que los deepfakes han dejado de ser una amenaza tecnológica lejana para convertirse en un riesgo cotidiano. Pueden utilizarse para campañas de desinformación, fraudes, acoso, suplantación de identidad o ataques contra la reputación de particulares y personajes públicos. Frente a ello, el Gobierno plantea una actualización normativa que busca dar más herramientas a los ciudadanos para defender su identidad en el espacio digital.
En la era de la inteligencia artificial, proteger el honor, la intimidad y la propia imagen exige reconocer que también puede dañarse a una persona mediante una versión falsa, fabricada y viral de sí misma, algo que ni Dumas, ni el resto de los clásicos habrían soñado jamás que hubiera podido llegar a suceder.
Asociada en Estudio de Comunicación
