Estos actores son las sectoriales, patronales y todo tipo de asociación empresarial que, aunque no siempre son ejemplo de consenso al aglutinar a competidores, cuando las balas apuntan a todos, como las legiones romanas, una de las mejores estrategias de comunicación es la formación en testudo o tortuga.

Con motivo de la polémica sobre la cesta de la compra, se ha visto como un mensaje sectorial cohesionado ha trasmitido sus intereses con claridad a la opinión pública y las instituciones y, además, la unión, también, genera sus dividendos de imagen e impacto positivo en los Medios.

Sin embargo, la línea entre hacer una comunicación transparente de la situación de un sector y el lobbismo es muy fina. La Real Academia de la Lengua Española acepta el término lobby como equivalente a “grupo de presión” y alude a toda organización de carácter social, económico y de ciudadanos que lleve a cabo acciones para influir en los poderes públicos en defensa de los intereses comunes de sus miembros.

Un lobby puede ser, efectivamente, una asociación empresarial, una empresa, un sindicato, una ONG o, incluso, una asociación de ciudadanos. Es probable que la transparencia a la hora de dar luz a sus objetivos, difundir sus datos y perspectivas, esta forma de hacer y decir, sea la clave que marque la diferencia. Y más, cuando dentro de una patronal están empresas de todo tipo y, muchas veces, los intereses de grandes y pequeños pueden estar contrapuestos.

La realidad es que las asociaciones empresariales tienen un rol institucional y de gestión que debe de estar vivo en la vida económica. Si quieren llegar al ciudadano tienen que cultivar, cada vez más, sus relaciones con los Medios para tener un papel activo que las acredite en la sociedad.

Ana Rodríguez, directora de Estudio de Comunicación

@Arodriguezgas

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La regulación de la práctica del lobby es una vieja aspiración de los que nos dedicamos a las relaciones institucionales y la comunicación, que siempre van de la mano y que vemos ahora con buenos ojos, porque es un hito, que solo puede contribuir a aportar transparencia e imprimir normalidad y seguridad a las necesarias relaciones y diálogo entre los poderes públicos, la economía y la sociedad, que pueden y deben darse en una democracia sana y consolidada.

Otra ventaja de contar con esta regulación es la de equipararnos a Europa y permitirnos disponer de un Registro de Transparencia a imagen y semejanza del que ya existe en el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de la UE.

El término lobby, que en el mundo anglosajón es moneda de cambio habitual, ha estado acompañado en nuestro país siempre de un aura de cierto secretismo y envuelto en una nebulosa gris. A ello ha contribuido sin duda la imagen de una ficción hollywoodiana en el que la línea entre lo legal y el tráfico de influencias se vuelve muy difusa.

No debería tener connotaciones negativas el hecho de que los representantes de los intereses de un determinado sector puedan hacer llegar a los interlocutores políticos su posicionamiento sobre un posible cambio normativo de efectuarse puede por ejemplo, poner en juego el futuro y la viabilidad de un sector del que dependen muchas familias.

Si despojamos a la práctica del lobby de esas connotaciones negativas y la analizamos de un modo aséptico nos daremos cuenta de que, en realidad se trata de una forma más de comunicar, en este caso con la metodología y las particularidades que requiere el público objetivo al que va dirigida y que es las administraciones públicas, pero basándose como en cualquier otro ámbito de la comunicación en la honestidad y la transparencia.

Por Ana Pereira, Directora en Estudio de Comunicación.

@anabepereira

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Rosa María García, Directora Área Salud de ESTUDIO DE COMUNICACIÓN en prnoticias.

“El Gobierno teme que se esté primando a aquellos países que pagan más por la vacuna”; “Pagar más por la vacuna es rentable”; “Malestar en la Unión Europea por la sospecha de reventa de la vacuna del coronavirus a países que pagan más”; “La UE asegura que hará respetar los contratos de suministro de vacunas firmados”. Esto son solo algunos de los titulares publicados sobre este asunto y que también han centrado numerosas tertulias y programas de radio y televisión.

Pese a que la industria farmacéutica salva vidas y mejora nuestra salud y calidad de vida, este sector empresarial arrastra históricamente una imagen que no se corresponde con ello. La mayoría de la población efectivamente reconoce los beneficios que aporta a nuestra salud, su contribución al desarrollo de la ciencia, su labor de investigación y sus inversiones, pero también le reprocha cuestiones como una “orientación mercantilista” en la investigación, la “falta de compromiso social/solidario”, la “presión como lobby cercano al poder” y “elevados niveles de beneficios incluso en una situación de crisis”, según recogía ya hace unos años el informe “Imagen de la Industria Farmacéutica en España 2014”, realizado por TEVA Foro Social.

Es cierto que la industria no siempre ha hecho bien sus deberes y que tradicionalmente conceptos como reputación, transparencia y comunicación no siempre han sido manejados de la forma más adecuada por parte de los laboratorios, casi siempre temerosos en su relación con los medios de comunicación. Pero también es cierto que, desde hace unos años, diferentes organizaciones y compañías vienen trabajando de forma importante para intentar cambiar esa opinión.

Y llegó la covid-19. Desde el primer momento, la pandemia puso en el foco de atención a la industria farmacéutica, sector que posiblemente no había sentido hasta ese momento con tanta intensidad la presión de toda una sociedad que se enfrentaba a una crisis sanitaria sin precedentes y que demandaba y sigue demandando buenas noticias.

La comunidad científica internacional y la industria farmacéutica iniciaron entonces una carrera contra reloj para, entre otras cosas, encontrar una vacuna que pudiera contrarrestar al nuevo patógeno. Nunca antes se había actuado tan coordinadamente ni con tantos recursos para solucionar un problema.

El sector había conseguido aumentar su reputación en los últimos años. Pero lo que poco a poco, durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo, se ha logrado, a base de titulares como los que citaba al comienzo de este artículo, con gran rapidez parece que se está destrozando.

La reputación de la industria farmacéutica sigue siendo un reto y afronta ahora un momento crucial. Es fundamental que las compañías y demás agentes del sector den un nuevo paso adelante en pro de la transparencia y la comunicación y trabajen, con más ahínco si cabe, para acabar con el desconocimiento existente y mejorar la relación con una sociedad que ahora, posiblemente más que nunca, les necesita y exige. Y es que, si tú no dices lo que eres, otros dirán lo que no eres…

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Los lobbistas españoles llevan años reclamando una mayor transparencia para su función y, pese a que se han ido dando pasos positivos, el lobby sigue generando desconfianza. Es un ámbito incomprendido y oscuro para la mayoría de las personas. Un mito reforzado por la corrupción y por la ausencia de una regulación como existe en otros paises.

Los españoles desconocemos la función del lobby

Los españoles aún no nos hemos dado cuenta de que los sindicatos, las asociaciones de consumidores o las organizaciones sociales, por ejemplo, son lobbies y estos sí que están aceptados por la sociedad.

En realidad, un lobby es un colectivo de personas o empresas con intereses comunes que realiza acciones para influir y promover decisiones favorables a dichos intereses. El fin de todo lobby es influir en la elaboración de las leyes, las regulaciones y la toma de decisiones. Pero no es una influencia ilegal, es una influencia legitima.

En las democracias avanzadas, como en Estados Unidos por ejemplo, los lobbies se consideran fundamentales. Los políticos escuchan a estos grupos, evalúan sus argumentos y su peso sobre el tejido social o empresarial del país. Toda persona que represente a un sector empresarial importante o a un colectivo social muy numeroso, defiende un interés que el legislador debe tener en cuenta. Por eso, en aquel país, los lobbies son considerados canalizadores de demandas, así como una información muy útil para tomar decisiones.

El lobby es un ejercicio democrático legítimo y muy sano

El lobby es, por tanto, un ejercicio democrático legítimo y muy sano en el que ciudadanos o empresas ejercen su derecho a hacer oír su voz y a transmitir sus argumentos. Por ejemplo, cuando se está elaborando una ley sobre un sector específico, el legislador debe escuchar todos los puntos de vista y estudiar cómo dicha ley afectará a todos los ámbitos: empresas, ciudadanos, medio ambiente, etc.

En España debemos aprender a deshacernos de falsas creencias, como que el lobby es una reunión de despacho en la que se compran voluntades o que el lobby es infalible, porque no lo es. Este ejercicio asegura que las partes implicadas sean escuchadas por los legisladores, pero no garantiza que esas reclamaciones sean finalmente atendidas, por mucha presión que se haga.

Por Estefanía Campos

Directora en Estudio de Comunicación España

@Estefaniacampos

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Dice Manuel que es una herramienta de la democracia porque «el derecho a hacer peticiones al gobierno es uno de los derechos más preciados del gobierno democrático». Y aboga por «cabildear por una ley más transparente en México».

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 La reunión la ha organizado un amigo en común, un antiguo dirigente político, ahora directivo en la empresa privada. Manuel tiene una importante y delicada misión: conseguir que el diputado escuche – y se muestre receptivo- a un conflictivo interés de su compañía para tenerlo en consideración en próximas reformas legislativas.

Esta escena es ficticia pero es la imagen general que tienen los españoles de cómo se practica el lobby en nuestro país: con oscurantismo, amiguismo y de espaldas a los intereses reales de la ciudadanía. Lo advierte Transparencia Internacional en su informe “Una evaluación del lobby en España: Análisis y Propuestas” de 2014: “un 50% de los ciudadanos europeos cree que su gobierno está, en gran medida o enteramente, guiado por unos pocos y poderosos intereses. Y un 81% que los vínculos excesivos entre los negocios y la política generan corrupción en su país”.

En este contexto, recientemente, el Congreso de los Diputados ha dado un paso adelante para cambiar esta percepción social y la realidad de la práctica del lobby en España. A propuesta del PP, la Cámara baja ha aprobado tomar en consideración una proposición de reforma de su reglamento para crear un registro de grupos de interés.

Si esta propuesta sale adelante, aquellas personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros, deberán figurar en este registro. Si pretenden reunirse con los diputados, será obligatorio dejar constancia del objetivo de la reunión y de la documentación que les entreguen.

La reforma del reglamento parte de una premisa acertada: “la labor del lobby es legítima y constituye un mecanismo de actuación de la sociedad civil y de participación de ésta en la conformación de las políticas públicas y de la legislación lo que contribuye a la mayor calidad de nuestras leyes”.

De salir adelante, en cualquier caso, este Registro vería la luz después de un debate de varios meses en el Congreso -sin un calendario concreto- y  seis meses después de publicarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Además, los primeros borradores han recibido críticas por no ser demasiado ambiciosos.

Entre tanto, Manuel sale satisfecho de la comida. Apenas ha probado el bistec y el vino pero ha sido convincente y cree que el diputado, convertido ya en un nuevo «amigo», ha entendido su postura. El empresario ha dado un primer paso en la dirección correcta para que el diputado acabe por asumir sus intereses y trasladarlos a la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

 Por Cecilia Díaz, consultora sénior de Estudio de Comunicación España.

@ceciliadiazmart

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El encuentro fue organizado por el Área de Relaciones Institucionales de Estudio de Comunicación.

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Desde hace unas semanas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dispone de un registro para la inscripción de los profesionales dedicados a los grupos de interés, comúnmente conocidos como ‘lobbies’.

La medida, que supone un primer paso en España para la regulación de estos grupos de presión, resulta insuficiente para la patronal del sector, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), debido a su carácter voluntario así como por estar restringido sólo a aquellas personas o empresas que quieran defender sus puntos de vista ante la propia CNMC.

De hecho, hace años que desde APRI reclaman un registro estricto y obligatorio, como el que existe en otros países europeos o en EE.UU., de cara a aumentar la transparencia en el sector y, de paso, normalizar y estandarizar su funcionamiento.

En este sentido, un informe de Transparency International España ya reconocía en 2014 que la falta de normas claras y de regulación específica suponía que, en ocasiones, se confunda el trabajo de los lobbies con el tráfico de influencias.

Mientras en España los lobistas no están obligados a hacer pública su agenda con los representantes de las distintas administraciones con los que se reúnen, en un total de 12 estados miembros de la Unión Europea este trabajo está estrictamente regulado. Así, algunas de las instituciones comunitarias, como la Comisión y el Parlamento, disponen de un registro que, a pesar de su voluntariedad oficial, en la práctica es de obligado cumplimiento, ya que los eurodiputados exigen la inscripción previa en el mismo a quienes les quieran contactar.

En el registro de la CNMC figuran ya agencias de comunicación, bufetes de abogados y patronales de diferentes sectores como la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) o la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), entre otras.

Los sectores económicos más propensos a la hora de recurrir a los servicios de los grupos de interés, prestados sobre todo por agencias de comunicación y despachos de abogados, son aquellos que cuentan con un alto grado de regulación por parte de las autoridades. Farmacéuticas, compañías de diferentes servicios y de la industria tabaquera o alimentaria se encuentran entre los más habituales, aunque lo cierto es que cualquier empresa, patronal, asociación o institución puede necesitar estos servicios de forma puntual siempre que vaya a ser afectada por un cambio de regulación o de la normativa legal aplicable en su caso.

En España, la palabra ‘lobby’ tiene evidentes connotaciones peyorativas asociadas a la promoción de oscuros intereses e incluso cercana a tramas relacionadas con la corrupción política, lamentablemente tan de moda en los últimos tiempos. Sin embargo, no hay que olvidar que este tipo de trabajo es totalmente legítimo e incluso necesario, si se tiene en cuenta que, en la mayoría de los casos, los responsables de tomar la decisión final que afecta a empresas y asociaciones no son en absoluto expertos en la materia y, por tanto, requieren de información de parte para tomar una decisión lo más coherente y objetiva posible.

Por Fernando Geijo, consultor sénior de Estudio de Comunicación España.

@fergeijo

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La influencia de los ciudadanos existe y debe de existir en la toma de las decisiones de los políticos y administradores, pues para ellos trabajan. Sin embargo, hay que terminar con el secretismo en el que se cuecen las relaciones personales que propician la corrupción, y los máximos órganos de dirección de los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales deben de tener mecanismos de control sobre las decisiones que toman todos los órganos bajo su jerarquía.

@RamonAlmendros

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