La pasada semana, el Parlamento Europeo decidía sobre las enmiendas a la primera ‘Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación’ (European Media Freedom Act) de la Unión Europea. Una suerte de normativa, impulsada por la Comisión Europea, que tiene por objetivo armonizar y sentar las bases de la libertad de prensa en el espacio comunitario. Loable, cuanto menos, si se tiene en cuenta el retroceso de este derecho fundamental que se ha podido ver en algunos Estados Miembros como Finlandia, Suecia, Polonia, Hungría, Grecia o España.
Algunos países que, tradicionalmente, se han instalado entre los cinco primeros del índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF) han dado pasos en la dirección contraria a la que llevaban décadas dando. Suecia, por ejemplo, ha aprobado una legislación que menoscaba la confidencialidad de las fuentes de los periodistas, mientras que en Finlandia se ha condenado a dos periodistas por revelar “secretos de estado”.
En España, según RSF, la polarización política se refleja en los medios de comunicación, que difuminan “peligrosamente” la línea que separa la información de la opinión, alimentando así una tendencia a denigrar el periodismo. Tendencia que actúa en perjuicio de la democracia. A esto se le debe sumar que, desde la crisis de 2008, la constante pérdida de puestos de trabajo en el sector ha convertido al periodismo en una profesión crónicamente precaria. España ocupa actualmente el trigésimo sexto puesto en el escalafón mundial; los vigésimos segundos del continente europeo y cuatro puestos más abajo que en 2022.
Por muy manida que pueda ser la afirmación, no deja de ser cierto que la libertad de prensa y el periodismo libre son sinónimos de una sociedad democrática sana. Es la columna vertebral que sostiene la transparencia, la rendición de cuentas y, en última instancia, el bienestar de una nación. Sin embargo, en la era digital, esta libertad se enfrenta a una alarmante amenaza que ya ha copado titulares: los spywares como Pegasus o Candiru.
En esta semana de debates y votaciones en el Parlamento Europeo se decidía si incluir una enmienda, apoyada públicamente por instituciones que luchan por la libertad de prensa, como la European Federation of Journalist (EFJ, por sus siglas en inglés), por la cual solicitaba prohibir que los gobiernos pudieran introducir spywares a periodistas y sus fuentes “por motivos de seguridad nacional”. La EFJ, gracias al apoyo de instituciones como la Asociación de la Prensa de Madrid, llegó a reunir más de medio millar de firmas de periodistas europeos, más de medio centenar de origen español, con el fin de trasladar a los eurodiputados su preocupación sobre el equilibrio entre la protección y la preservación de nuestros derechos y libertades fundamentales.
La libertad de prensa, y todo lo que ella incluye, no es solo un derecho, sino un pilar esencial de cualquier sociedad democrática. Es el escrutinio de la prensa independiente el que pone a prueba el poder, destapa la corrupción y da voz a los sin voz. En este contexto, la introducción de spywares, bajo el pretexto de la seguridad nacional, arroja una sombra sobre esta piedra angular.
La premisa es clara: proteger a la sociedad de amenazas internas y externas. Sin embargo, en este afán por salvaguardar, ¿no se corre el riesgo de sacrificar el mismo fundamento sobre el que se erige la democracia? La línea entre la protección y la invasión se vuelve difusa cuando se legalizan o blanquean herramientas de espionaje. La privacidad de los periodistas y sus fuentes se desvanece, y con ella, la confianza del público en la integridad del periodismo.
La historia nos enseña que los excesos en la búsqueda de seguridad suelen llevar a la erosión de las libertades civiles. El equilibrio entre la seguridad y la preservación de las libertades individuales es una danza delicada que requiere una vigilancia constante. No podemos permitir que el temor a lo desconocido guíe nuestras políticas, despojando a los ciudadanos de sus derechos fundamentales.
La verdadera seguridad nacional se cimenta en una sociedad informada y empoderada. Cuando la prensa puede operar sin el temor a la vigilancia indiscriminada, se crea un entorno propicio para la responsabilidad y la transparencia. Los periodistas se convierten en guardianes de la verdad, no en objetivos de una maquinaria de espionaje estatal.
Desgraciadamente, esta enmienda que buscaba proteger al periodismo ha sido rechazada con el visto bueno de los principales grupos políticos de la Eurocámara (384 vs. 212). Aquellos que por la mañana hablan frente a las cámaras, micrófonos y plumillas de proteger el estado de bienestar, los derechos fundamentales y la libertad; por la tarde, en el momento de la verdad, se ponen de perfil y actúan de manera contraria.
Para alcanzar una verdadera libertad de prensa, si es que algún legislador europeo o nacional realmente desea, la solución no radica en una negación categórica de la necesidad de seguridad nacional, sino en la búsqueda de métodos que respeten y protejan la libertad de prensa. Esto implica un diálogo abierto y constructivo entre legisladores, expertos en seguridad y defensores de la libertad de prensa para encontrar soluciones que no sacrifiquen una por la otra.
En última instancia, la libertad y la seguridad no son mutuamente excluyentes, sino interdependientes. Es un equilibrio delicado que debe ser preservado con diligencia y sabiduría. La libertad de prensa no debe ser sacrificada en el altar de la seguridad nacional. Al contrario, debe ser vista como un pilar esencial en la construcción de una sociedad segura, justa y libre.
Por Iñigo Palacio, consultor en Estudio de Comunicación
