LinkedIn – Estefanía Campos, directora en Estudio de Comunicación.
En los últimos años, las redes sociales han empezado a incomodar a ciertos sectores: políticos, medios de comunicación tradicionales, empresas e incluso a algunos ciudadanos. Hasta hace poco, el relato público estaba relativamente ordenado, con narrativas bien establecidas y canales predecibles que mantenían las posiciones alineadas.
Sin embargo, las redes sociales han trastocado esa dinámica. Ahora los ciudadanos cuentan con un espacio donde pueden formar sus propias opiniones, directamente influenciados por otros usuarios que comparten sus ideas de manera libre y abierta. Lo que comenzó como una herramienta para conectar personas y promocionar productos se ha transformado en una plataforma donde se debaten temas cruciales, especialmente los políticos.
Los nuevos agentes de influencia
En este contexto, ha surgido un nuevo tipo de influencer: personas que, en lugar de centrarse en marcas de consumo, se dedican a analizar y comentar noticias. Estos influencers han empezado a acumular un alcance impresionante, en muchos casos superando en impacto al de muchos medios de comunicación tradicionales.
¿Por qué esto supone un problema para algunos? Porque, a diferencia de los canales de información establecidos, estos nuevos actores no dependen de los mismos mecanismos que suelen sostener a los medios convencionales. La publicidad y los recursos que aseguran la actividad de ciertas plataformas no son tan efectivos en el mundo de las redes sociales, donde las voces independientes logran mantenerse fuera de esos márgenes de influencia. Esto hace que controlar o moldear sus mensajes sea mucho más complicado.
Por ello, se están planteando medidas que buscan limitar la libertad de expresión de estos nuevos comunicadores. Se intenta recuperar el control de un espacio que, hasta ahora, había escapado a las reglas del juego tradicionales.
El dilema de la censura
Desde mi perspectiva, estas acciones son preocupantes. Una de las mayores virtudes de las redes sociales es precisamente la capacidad de permitir que cualquier persona exprese sus ideas con libertad. Si cualquiera puede compartir su opinión en una conversación privada con amigos, ¿por qué no debería poder hacerlo públicamente en sus redes sociales?
Lo que más inquieta es que sean las propias plataformas, como empresas privadas, quienes decidan qué contenido puede o no puede publicarse. Esto genera un sistema de censura basado en intereses particulares, más allá de los principios legales que deberían ser los únicos reguladores de lo que es aceptable.
Si alguien publica contenido ilegal, ya existen mecanismos legales para resolverlo: denunciar, investigar y, si corresponde, sancionar. Pero más allá de eso, cualquier forma adicional de control, especialmente en países democráticos, es un paso hacia la restricción de las libertades fundamentales que deberían protegerse.
La libertad no se negocia
Las redes sociales han dado voz a quienes antes no la tenían, permitiendo que las opiniones libres lleguen más lejos que nunca. Intentar controlar este espacio es, en última instancia, un intento de acallar a la ciudadanía. La libertad de expresión no es negociable; es un pilar esencial de cualquier democracia.
Limitar la capacidad de cualquier persona para opinar en redes sociales es un ataque directo a esa libertad. En lugar de restringir, deberíamos proteger y fortalecer este derecho, asegurándonos de que las plataformas sigan siendo un espacio abierto donde las ideas fluyan sin ataduras. Cumpliendo la Ley, pero sin ataduras.
Porque una democracia que coarta la libre expresión de sus ciudadanos no es una democracia; y una sociedad que renuncia a la libertad de expresión, tarde o temprano, renuncia también a su capacidad de ser libre.
