La reciente dimisión de un exministro, minutos antes de formar parte de una consultora de asuntos públicos, ha generado un gran ruido mediático en nuestro país. Según ha explicado este antiguo alto cargo en una red social, ha tomado la decisión por los intensos ataques que ha recibido, sobre todo, desde sus propias filas ideológicas.
Este episodio, desgraciadamente, ha servido para volver a poner en entredicho la necesaria figura de los asuntos públicos y para poner en evidencia la falta de consenso que existe sobre lo que se puede y es lícito llevar a cabo desde la práctica del lobby. Por otro lado, ha vuelto a cuestionar el supuesto conflicto de intereses que existe en el paso de la función pública a la privada.
Lo cierto es que la actividad de lobby se ejerce en todos los países democráticos y que expolíticos trabajan en esa función con total normalidad en la mayor parte de ellos. Cercenar el cambio de actividad del sector público al sector privado no parece ser justo ni lógico. Tiene sentido que un profesional pueda dedicar una parte de su vida al servicio de su país y posteriormente, con normalidad, ejercer esta misma profesión en el ámbito privado. Sin alarmismos. También, que la función pública se nutra de profesionales del sector privado redunda, con seguridad, en la inclusión de nuevas y mejores prácticas de este ámbito y no tiene sentido limitar la función pública a profesionales de la política o a funcionarios.
Dicho esto, el problema surge cuando un político que ha tenido responsabilidades en un asunto pasa a intentar influir sobre ese asunto desde el ámbito privado y, sobre todo, si en su nuevo papel privado puede incluso llegar a tener que defender intereses contrarios. Clave en este trasvase, por tanto, son los tiempos que se marcan sobre cuándo un profesional puede moverse de un sector al otro. Y aquí entra en escena la normativa que plantea que, lógicamente, un alto cargo público no podrá llevar a cabo funciones relacionadas con su puesto en el ámbito privado durante los dos años posteriores a su salida. Además, en 2022 en España se aprobó un muy esperado anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que está pendiente de reformar durante esta legislatura, para promover que haya un registro público nacional de las empresas que se quieran dedicar a esto.
En este sentido, sacar al lobby de la opacidad, de la polémica, profesionalizarlo y que no se conciba como el engranaje perfecto para “acoger” a los políticos que dejan de serlo, conviene. Y, desde mi punto de vista, no depende tanto de un mayor o menor grado de normativa sino, a veces, del más puro sentido común y de la ética de cada profesional. Porque las relaciones con las administraciones y los funcionarios públicos, bien ejercidas, son clave y necesarias en tanto que facilitan la expresión transparente de los legítimos intereses privados ante las instituciones que los representan.
Por Cecilia Díaz, directora de Estudio de Comunicación
