La reciente controversia en torno al Presidente de Argentina, Javier Milei, y su implicación en la difusión de la criptomoneda $LIBRA plantea importantes reflexiones sobre las consecuencias comunicacionales de las acciones de un líder nacional en el ámbito digital. Milei, al compartir información sobre esta criptomoneda en sus redes sociales, argumentó que su intención fue «difundir» y no «promocionar» el producto, deslindándose así de responsabilidades tras el desplome de su valor.
En la era de la información, la línea entre difusión y promoción es difusa, especialmente cuando proviene de figuras relevantes. La comunicación de un presidente de un país no es neutral; cada mensaje emitido por un jefe de Estado lleva implícita una carga de legitimidad y confianza que puede influir en la percepción y decisiones del público. Al «difundir» información sobre $LIBRA, Milei no solo compartió datos, sino que, consciente o inconscientemente, otorgó una suerte de aval presidencial a la criptomoneda.
Las consecuencias de esta acción son múltiples. En primer lugar, se genera una expectativa en la ciudadanía. Muchos pueden interpretar la difusión como una recomendación implícita, lo que puede llevar a inversiones basadas en la confianza depositada en la figura presidencial.
Además, la reputación del Presidente Milei se vio afectada. Aunque él insistió en que actuó de buena fe y que no obtuvo beneficios económicos de la situación, la percepción pública se inclinó hacia la desconfianza. Un sondeo reveló que el 53,1% de los argentinos desconfía de Milei tras el escándalo, complicando sus esfuerzos por consolidar alianzas políticas y su posición en el Congreso de cara a las elecciones de medio término.
Este episodio también pone de manifiesto la responsabilidad inherente a altos cargos en el sector público o en la empresa en la era digital. Las redes sociales, aunque son herramientas poderosas de comunicación directa, requieren un manejo cuidadoso. Un tuit o una publicación pueden tener repercusiones amplias y duraderas, afectando mercados, decisiones de inversión y, sobre todo, la confianza pública.
Es esencial que las autoridades, políticas o corporativas, y los empresarios comprendan el poder de su voz en el ámbito digital y actúen con la prudencia que su posición demanda.
Por Felipe Lozano, consultor sénior en Estudio de Comunicación.
